La Fiscalía de Pontevedra emprende la batalla contra los peajes abusivos de la AP-9

Los juzgados de Pontevedra ventilarán los días 11 y 12 de febrero algo más que un juicio contra Audasa, la empresa concesionaria de la principal autopista de Galicia, por el presunto cobro abusivo de peajes durante la ampliación del puente de Rande. Lo que estará encima de la mesa será la posibilidad de hacer responsables a los titulares de cualquier vía de pago de las consecuencias de un servicio deficiente, de acuerdo con la demanda de la Fiscalía provincial de Pontevedra, que lidera el caso de la AP-9. El ministerio público busca una sentencia que considere práctica desmedida el cobro del peaje en su totalidad, cuando las circunstancias en que se encuentre la calzada o las obras impidan el tránsito en condiciones óptimas.

En la vista previa por la causa contra Audasa, celebrada el lunes de la semana pasada, quedaron claras las intenciones de la Fiscalía Provincial, impulsora de una demanda colectiva a la que se han adherido dos asociaciones de afectados y un grupo de particulares perjudicados. Su origen está en los atascos que se produjeron entre febrero de 2015 y junio de 2018, como consecuencia de la ampliación del puente que cruza la ría de Vigo. Durante ese período, el tráfico se vio “permanentemente afectado” sin que se aplicara reducción alguna en las tarifas, lo que dio origen a unas reclamaciones millonarias. Los representantes de la Fiscalía insistieron ante el juez que su objetivo no es solo la devolución del importe total o parcial de los peajes, sino también “tratar de evitar que en el futuro esto vuelva a ocurrir”.

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Los casi 60.000 coches que cada día circulan por ese tramo de la AP-9 de entrada a Vigo tuvieron que soportar durante más de dos años el deterioro de la fluidez del tráfico, debido a la reducción del número de carriles en uso y a los límites de velocidad, que influyeron notablemente en la circulación, “siendo preciso emplear más tiempo del habitual para recorrer la misma distancia de autopista”, relata el escrito del fiscal. Aunque fueron en torno a 77 millones los tránsitos de conductores en el período señalado, y pese al auto del juez en el que llamaba a personarse en el proceso a quienes tuvieran la condición de perjudicado, solo se han adherido a la demanda las asociaciones Adicae y En-Colectivo, y otros ocho perjudicados particulares.

La concesionaria “aún no ha cesado en su actitud y sigue cobrando la totalidad de los peajes aun cuando haya alteraciones en la vía”

Fiscalía presentó en la vista previa documentación sobre nuevos atascos ocurridos en la AP-9 en 2019 como consecuencia de obras de mantenimiento, lo que le llevó a concluir que la concesionaria “aún no ha cesado en su actitud y sigue cobrando la totalidad de los peajes aun cuando haya alteraciones en la vía”. El ministerio quiere que el juez obligue en su sentencia a Audasa a abrir barreras o devolver parte de la tarifa cuando se produzca un deterioro del servicio, frente a la situación actual, en la que “se arroga el derecho a cobrar peaje esté como esté la vía”.

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La defensa, mientras, reclama que el juicio se limite exclusivamente a los peajes cobrados durante las obras de ampliación del puente. Los abogados que representan a Audasa presentaron en septiembre un escrito en el que atribuyen a la Fiscalía “fines espurios, acudiendo a una interpretación sesgada e incluso interesada de los datos recabados”. En opinión de Audasa, la demanda formulada por el fiscal utiliza datos sobre el tráfico de la autopista “torticeramente” y mezcla casos de retenciones por distintos motivos haciendo un 'totum revolutum'.

Tras la vista previa, el juzgado deberá practicar todavía las diligencias pendientes del proceso, entre las que está la citación de los agentes de la Guardia Civil y del personal de la Dirección General de Tráfico en la provincia de Pontevedra que tuvieron que intervenir como consecuencia de los atascos. El titular del juzgado rechazó las testificales que planteaban la Fiscalía y la asociación En-Colectivo, que querían que se llamase a declarar a 82 afectados que solicitan la devolución del importe de los peajes cobrados, a su juicio “indebidamente”, durante las “brutales retenciones” en el puente. Para el juez, se trata de testimonios “interesados”, al ser algunos de ellos también denunciantes, por lo que no los considera “útiles” ni “pertinentes”.

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El juez propone incorporar la declaración en sala del personal de la Jefatura Provincial de la DGT y de los agentes de Tráfico que tuvieron algún tipo de información o intervinieron en la gestión de los atascos durante los 28 meses que duraron las obras. Admitió además una serie de testificales propuestas por Audasa, que pretenden demostrar que las retenciones por la ampliación de Rande fueron de menor tamaño que otras provocadas por “accidentes o incidentes” ajenos a las obras. La pretensión de la concesionaria de que también fuesen parte demandada el Ministerio de Fomento y la Demarcación de Carreteras del Estado fue desestimada.

La AP-9 es una autopista cuya concesión debería concluir en 2023, de no haber sido por la prórroga aprobada en 2000 por el Gobierno de José María Aznar, que decidió ampliarla hasta 2048. Se trata de la principal vía de comunicación de Galicia, una infraestructura que vertebra toda su fachada atlántica, donde reside la mayor parte de la población y se concentra el 80% de su actividad económica. Además de sus elevadas tarifas, que la convierten en una de las más caras de España, su sinuoso trazado y la ausencia de alternativas gratuitas la convierten en objeto de constante polémica.

Audasa, del grupo Itínere, ingresa con la AP-9 unos 140 millones de euros anuales. Su gestión, reclamada para Galicia por unanimidad de su Parlamento, también ha sido criticada por las constantes subidas de sus peajes. Solo en 2018 acumuló tres subidas de tarifas, encarecidas como contrapartidas al coste de las obras de ampliación y a otras actuaciones. Así, el 1 de enero de ese año los peajes se incrementaron un 3,8%, más un 2% adicional en octubre y un 3,5% al finalizar el año. El trayecto para vehículos ligeros entre las dos principales ciudades gallegas, Vigo y A Coruña, de apenas 110 kilómetros, cuesta en la actualidad 16,40 euros.