La comarca que sucumbirá a la descarbonización

Uno sabe que llega a As Pontes porque se lo anuncia la gran chimenea de Endesa. Sus imponentes 351 metros rivalizan en altura con el Empire State, y donde la mayoría ve contaminación, los 11.100 habitantes del pueblo ven sustento, el mismo que sacó de la miseria a miles de personas llegadas desde los más distintos rincones de Galicia, Asturias o León. Eran los años 70, cuando la central eléctrica llegó a dar trabajo a 4.000 personas. Esa chimenea lleva meses sin escupir humo, y probablemente no vuelva a hacerlo. El súbito anuncio de su cierre, anunciado por Endesa el día de la huelga climática, sentencia a una de las 17 plantas más contaminantes de Europa, pero también la economía de toda una comarca.

As Pontes respondió masivamente a la convocatoria de huelga general del pasado 16 de octubre contra el cierre de la central. La localidad coruñesa cesó su actividad. Cerraron las industrias, los niños no fueron al colegio, el centro de salud se quedó en servicios mínimos y solo abrió una farmacia. Las calles, completamente vacías, ofrecían una imagen desoladora, una metáfora de lo que se avecina en una localidad que no encuentra alternativas a la producción energética. En Madrid, mientras, unos 2.000 vecinos desplazados en seis autobuses y 150 transportistas afectados por el cierre se manifestaban ante el Congreso de los Diputados. Al frente de la convocatoria se puso el alcalde, el socialista Valentín Formoso. "Necesitamos tiempo por parte de Endesa y compromiso por parte de Endesa y del Gobierno", reclamó.

El cierre definitivo de la planta de Endesa cogió por sorpresa a todo el mundo. El anuncio se hizo a través de un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en el que la compañía promovía "la discontinuidad de la producción" de sus térmicas, lo que en la práctica supone, más que la paralización de las de carbón en España, el inicio de su liquidación. La confusión fue mayúscula. Por más que la central llevara cinco meses paralizada, a causa del encarecimiento del coste de los derechos de emisión que han de pagar las instalaciones que liberan CO2, en el ánimo de los ponteses pesaba mucho más el inicio en 2018 de las obras para adaptarla a la Directiva de Emisiones Industriales de la Unión Europea. La inversión, de 217 millones de euros, parecía garantizar el futuro al menos hasta 2030, pero no.

As Pontes y su planta han vivido históricamente continuos vaivenes. Están acostumbrados a superar los peores trances, pero no siempre fue así. En 1946 comenzaba la explotación de la mayor mina de lignito a cielo abierto de España de la mano de Calvo Sotelo. Sus activos fueron traspasados a en 1972 a Endesa, que inició la construcción de una megacentral con una potencia instalada de 1.400 megavatios y cuatro grupos, que entraron en funcionamiento entre 1976 y 1979. En poco tiempo, aquel pequeño enclave dedicado a la agricultura se consolidaría como el principal productor de energía del país. Se multiplicaron los colegios, florecieron los comercios y la hostelería, nacieron las empresas y brotaron asociaciones y entidades culturales o deportivas.

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J. C. P. Cotizalia / Agencias

La primera crisis se produjo en los años 90, cuando las exigencias medioambientales obligaron a efectuar una gran inversión para poder combinar el lignito con el carbón de importación, menos contaminante. Se produjeron movilizaciones históricas, lideradas por un sólido movimiento sindical que logró suavizar los recortes de plantilla e implantar un plan de reindustrialización de la zona con cargo a los fondos del Plan Miner. No habían pasado ni 10 años cuando una directiva comunitaria exigió desechar el lignito para utilizar exclusivamente carbón importado, al mismo tiempo que el Gobierno de Aznar emprendía la privatización de la compañía. La siguiente convulsión se produciría en 2010 con el famoso decreto del carbón, que hizo revivir las movilizaciones de la década anterior.

Exigencias comunitarias en emisiones

Todo eso lo superó As Pontes, que se las prometía felices con la inversión para adaptar la planta a las exigencias comunitarias con un horizonte de 20 años. El propio mercado ha sacudido las expectativas de los ponteses. Desde finales de abril de este año, la escalada del precio de compra de los derechos de emisión de dióxido de carbono y los impuestos que gravan el uso de este mineral para producir energía forzaron un cierre que se presentaba temporal. Pero no lo fue, porque las perspectivas empeoraron y las posibilidades de que el ciclo cambie se incrementaron. Es el fin del negocio del carbón en España y en Galicia.

La posibilidad de competir con otras energías se redujo de forma abrupta, hasta el punto de que Endesa renuncia a la inversión ya efectuada

En el período de un año, el precio de la tonelada de CO2 pasó de 16 a 25 euros, un incremento de casi el 60 %. Además, desde el pasado año, solo las centrales de carbón tienen que hacer frente al denominado céntimo verde, un impuesto que no pagan otras tecnologías mucho más baratas, como las que utilizan fuentes renovables. La posibilidad de competir con otras energías se redujo de forma abrupta, hasta el punto de que Endesa, controlada por el grupo italiano Enel, renuncia a la inversión ya efectuada para adaptar sus instalaciones en Galicia a la directiva de emisiones, que supera los 200 millones, y cierra también su central de Litoral (Almería).

"Durante el año 2019 se ha producido una profunda modificación en las condiciones de mercado que afectan a las centrales térmicas de carbón, derivadas fundamentalmente del precio internacional de las 'commodities' y la efectividad de los nuevos mecanismos de regulación del mercado de derechos de emisión de dióxido de carbono, que desplaza a las centrales de mayor volumen de emisiones en beneficio de otras tecnologías", argumenta Endesa en su comunicación a la CNMV, en la que añade: "Esta situación estructural ha determinado que las centrales térmicas peninsulares de carbón no resulten competitivas, y por tanto su funcionamiento no resulte previsible en el mercado de generación eléctrico en el futuro".

El número de empleos en la mayor central de carbón de España asciende a 220, y son más de 700 los que dependen de ella de forma indirecta. El horizonte para su cierre total es de apenas dos años. Si nadie lo remedia, en ese plazo caerán el empleo de la planta, de los transportistas —muchos de ellos atrapados en inversiones para renovar la flota —y del resto de auxiliares, y encajará un duro golpe el puerto exterior de Ferrol, donde se construyó una moderna terminal de descarga de mineral que se quedará sin tráfico. Los efectos se extienden al norte de la provincia de Lugo y, por supuesto, a los múltiples negocios que florecieron en su día en As Pontes y que afrontan un futuro incierto. El propio Ayuntamiento dejará de ingresar los alrededor de siete millones de euros anuales en impuestos de Endesa.

En una reciente reunión con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el consejero delegado de la compañía, José Bogas, se comprometió a estudiar "alternativas" que permitan mantener la central con una actividad "similar". Fue un compromiso inconcreto, basado en otros modos de generar electricidad que suavicen el impacto del cierre. A esa posibilidad se aferran ahora los ciudadanos de toda una comarca, que saben que pronto echarán de menos el humo de su imponente chimenea.