¿Crimen o suicidio? Asuntos Internos y la UDEV chocan por la muerte de un policía

El 9 de abril de 2016, el policía Celso Blanco apareció muerto en su despacho de la comisaría de Ourense con una pistola en la mano. Todos los indicios apuntaban al suicidio, quizá demasiados, como si alguien se hubiese esforzado en hacer creer que aquel agente que se encargaba de facilitar información a los medios de comunicación se había quitado la vida. Y esas dos tesis, la que apunta a un suicidio y la que lo hace a un homicidio, conviven tres años y medio después entre los propios cuerpos policiales. Asuntos Internos considera que Blanco se disparó en la sien. La UDEV, que lo mataron para callarle la boca. La jueza que lleva el caso ha estado hasta ahora más próxima a la tesis del homicidio, por el que están siendo investigados dos excompañeros del fallecido, los gemelos Bernardo y Roy D. L., dos inspectores que trabajaron en la misma comisaría durante casi 20 años.

A petición de la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Ourense, Eva Armesto, la UDEV de la Policía Judicial relata en un reciente informe todos los indicios que implican a los gemelos en el presunto homicidio, con el que tratarían de ocultar el robo de armas, el envío de anónimos y muchas otras supuestas irregularidades que están estrechamente vinculadas a un caso de supuesta corrupción policial que instruye otro juez, el del número 1 de la misma ciudad. Se trata de la operación Zamburiña, por la que se investiga a cuatro agentes por la supuesta protección y el pago con armas a grupos de delincuentes. La tesis principal de Armesto es que son los hermanos, y no los imputados en el juzgado vecino, los auténticos responsables de las irregularidades. La identificación de los vínculos entre ambos está dificultada por el hecho de que se instruyan por separado.

Es una tesis que beneficia a la UDEV. No en vano, el exjefe de la Unidad Antidroga figura junto a otros tres agentes entre los acusados en la Zamburiña

La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta sostiene en su análisis que los gemelos habrían asesinado a Celso Blanco para evitar que les delatara. De hecho, el propio Blanco había colaborado presuntamente con ellos en la sustracción de seis pistolas del búnker, en la elaboración de anónimos enviados a Asuntos Internos y a la prensa sobre una supuesta mafia policial y en la utilización de claves de otros agentes para confeccionar presuntas pruebas falsas contra ellos. Apunta la unidad que habría sido Bernardo quien disparó el arma, y que Roy era su cómplice. Es una tesis que beneficia a la propia UDEV. No en vano, el exjefe de la Unidad Antidroga Antonio R. F. figura junto a otros tres agentes entre los acusados en la Zamburiña. Y esa es una de las razones por las que no acaba de convencer a la Fiscalía, que de momento no encuentra indicios de homicidio en la muerte de Blanco.

Al informe de la UDEV le precedió el de Asuntos Internos. Tiene fecha del 12 de junio y concluye que los gemelos no mataron a su compañero. Según la unidad que destapó la Zamburiña, lo de Blanco habría sido un suicidio por su sentimiento de culpa, “ciertamente contrariado” y “consternado” porque las sospechas sobre el envío de anónimos y el robo de armas apuntaban ya a ellos tres: al agente malogrado, a Roy —entonces jefe del grupo de estupefacientes de la comisaría, y ahora en la academia de Policía de Zamora— y a Bernardo, exjefe del supuesto suicida en la oficina de prensa y actualmente jubilado por problemas psicológicos.

La defensa cuestiona la veracidad del dictamen y basa su tesis en un informe que sitúa a Bernardo en un complejo deportivo a la hora del fallecimiento

La defensa de los gemelos cuestiona la veracidad del nuevo dictamen, el elaborado por la UDEV, que considera parcial, y basa su tesis en un informe que sitúa a Bernardo en un complejo deportivo a la hora del fallecimiento de Celso Blanco. Ya en julio, tras conocerse el informe de Asuntos Internos, el abogado de los hermanos solicitó el archivo de la causa, petición a la que se adhirió la fiscal.

La jueza deberá pronunciarse antes de enero

La titular del juzgado de Instrucción número 3 deberá ahora contrastar los informes de las dos unidades policiales antes de pronunciarse. Tiene hasta el próximo mes de enero para completar la instrucción, pero de momento rechaza que los policías y el presunto traficante acusados por la Zamburiña sean parte en el caso.

Las piezas son difíciles de encajar. O, más bien, encajan con demasiada facilidad para ser ciertas. El suicidio de Blanco permitía dar por cerrado el caso del robo de las seis pistolas, porque en una serie de correos electrónicos enviados a sus compañeros poco antes de su fallecimiento, el malogrado policía se atribuía la responsabilidad del robo y de los mensajes anónimos, enviados a Asuntos Internos y a cuatro medios de comunicación. El tono era como de despedida. La jueza duda si fue realmente él quien los escribió o si lo hizo alguno de los acusados utilizando sus claves.

En la oficina había otras dos armas, que los agentes que acudieron a socorrerle encontraron. Eran dos de las que desaparecieron del búnker de la comisaría

Aquel 9 de abril de 2016, los compañeros de Blanco escucharon un disparo y corrieron a su despacho, en la quinta planta de la comisaría de As Lagoas. Lo encontraron en medio de un charco de sangre con una pistola de nueve milímetros en su mano izquierda. En la oficina había otras dos armas, que los agentes que acudieron a socorrerle encontraron sobre la mesa y en un cajón de su escritorio. Eran dos de las que habían desaparecido del búnker de la comisaría, por lo que las pruebas contra el fallecido y la tesis del suicidio parecían sólidas.

Un "exceso de pruebas"

Pero el caso no recayó en el mismo juzgado que investigaba la Zamburiña, sino en el número 3 de instrucción, y a su titular no le encajó aquel exceso de pruebas. Fue así como Eva Armesto inició su investigación, y, al poco de hacerlo, un correo electrónico anónimo reforzó su línea de investigación. El mensaje, procedente de la propia comisaría, ponía en duda la tesis del suicidio del encargado de las relaciones con la prensa y advertía de que había sido presionado por un superior para enviar los mensajes de disculpa.

El casquillo de la bala que acabó con su vida nunca apareció, y la trayectoria del disparo no coincidía con la que se supone en un caso de suicidio

Hubo más datos sospechosos. El casquillo de la bala que acabó con su vida nunca apareció, y la trayectoria del disparo no coincidía con la que se supone en un caso de suicidio. Además, la pistola que le causó la muerte tenía huellas que no eran las suyas. Los informes de balística y las pesquisas de la jueza acabaron por demostrar que al menos uno de los anónimos de autoinculpación había sido remitido por uno de los gemelos. Fue la prueba que precipitó el 19 de enero de 2018 la detención de los hermanos, actualmente en libertad bajo una fianza de 60.000 euros cada uno. En un registro de la casa de uno de los investigados, la policía encontró restos de sangre en el maletero de un coche y en un mono de trabajo. Según la defensa, se trata de restos de un cerdo sacrificado por la familia.

En el juzgado vecino, tras cuatro años de investigación, el juez Leonardo Álvarez dictó en mayo de este año el auto de apertura de juicio oral contra cuatro policías y nueve traficantes por la Zamburiña, que afrontan penas que suman casi 100 años de prisión. Según el instructor, el exjefe antidroga “no realizaba ninguna actuación orientada a perseguir o a investigar” a los traficantes implicados, a los que muy al contrario otorgaba protección a cambio de información que le permitiese completar con éxito operaciones policiales que, además de redundar en su propio prestigio, eliminaban presuntamente la competencia delictiva de sus cómplices.