El desfalco de la patronal gallega se juzga 20 años después

El 17 de septiembre se iniciará en los juzgados de Santiago un juicio singular. Lo es porque afecta a la influyente Confederación de Empresarios de Galicia, a la que se acusa de cometer un desfalco con cursos de formación por valor de 6,3 millones de euros. Pero lo es sobre todo porque el agujero se descubrió en 2000, y han tenido que pasar casi dos décadas para que los hechos sean juzgados. En este período se produjo el fallecimiento del entonces presidente de la patronal, Antonio Ramilo, mientras el testigo más importante padecía un deterioro físico que le incapacita para comparecer ante el juez. El principal acusado, Rafael Sánchez Sostre, secretario y hombre de confianza de Ramilo, basa su defensa en la prescripción de los presuntos delitos.

Si la Patronal gallega aún conserva parte de su antigua fama pese a su delicadísima situación actual, se debe en parte al papel que jugó en aquellos años 90 en los que se cometieron los supuestos actos delictivos. La CEG era una institución prestigiosa que no reparaba en gastos y Ramilo, alcalde de Vigo durante el franquismo, entre los años 1970 y 1974, gozaba del favor del presidente de la Xunta, Manuel Fraga. Pero el boato con que se desempeñaban la confederación y su presidente escondía un estercolero económico, inflado con los 20 millones de euros que la Xunta y la Fundación para la Formación Continua (Forcem) entregaron a la confederación entre 1996 y 2000 para cursos de formación. Eran su principal fuente de financiación.

Las primeras sospechas de corrupción surgieron en 1999, cuando la patronal de Pontevedra (CEP) reclamó a la Xunta unas ayudas de formación. Como los fondos se habían transferido a la CEG, se ordenó una auditoría que comenzó a desvelar el descontrol financiero. Afloró así un agujero de 1,2 millones de euros en facturas incobrables y una sobrevaloración de la sede en otros 2,7 millones. Otros dos millones de euros desaparecieron de la caja sin explicación alguna.

Ramilo trató de contener el sunami con la destitución de Sostre, quien declaró que había avisado a su presidente tres años antes, y que este, lejos de rectificar, siguió aumentando el gasto. Ramilo acabó dimitiendo tras reconocer el desfase contable. Su sucesor, Antonio Fontenla, abrió otra auditoría que reveló la desaparición de documentos clave y elevó el agujero a 6,3 millones de euros.

El número de implicados, las numerosas empresas y la complejidad del entramado contribuyeron a que las diligencias se dilatasen durante dos décadas

El proceso que entonces se inició responde a diversas causas, aunque resulta inexplicable para la mayoría de los que han seguido de cerca la instrucción. La fiscalía actuó de oficio en 2011, y dos años más tarde la propia CEG llevó el caso a la justicia, pero el elevado número de implicados, las numerosas empresas que participaban en los supuestos cursos y la complejidad del entramado de facturas y de programas financiados con fondos de la UE contribuyeron a que las diligencias se dilatasen durante dos décadas. Además, la destrucción de parte importante de la contabilidad dificultó la investigación. En este tiempo falleció Ramilo y se deterioró considerablemente el estado físico del principal testigo, el entonces tesorero Juan Casas. La práctica totalidad de los acusados alegan ahora la prescripción de los presuntos delitos como estrategia fundamental de su defensa.

Sostre es, tras la desaparición de Antonio Ramilo, el principal acusado. La Fiscalía solicita para él una pena de cuatro años de prisión y una multa de dos millones de euros por supuesto fraude en subvenciones. También están acusadas otras seis personas, todas ellas representantes legales de empresas, para las que se piden penas de dos años y multas de hasta medio millón de euros. La Fiscalía les acusa de actuar en connivencia con Sánchez Sostre, en un escrito de acusación que relata la recepción de subvenciones para cursos que nunca llegaron a impartirse y gastos inflados de todo tipo de material, profesorado y aulas. Ese dinero permitió a los imputados obtener una ganancia personal con cargo a dinero público, según el ministerio público.

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Europa Press

Mientras Ramilo y lo suyos presumían de cuentas saneadas, la realidad, como se descubriría después, pasaba por unos gastos de representación desmesurados de los principales dirigentes. La situación que comenzó a descubrirse en 2000 provocó incluso que un año después la Unión Europea reclamara al Gobierno español la apertura de una investigación sobre el uso indebido de los fondos de formación. La Xunta salió al paso con una defensa de la CEG, después de “comprobar” que todos los cursillos encargados se habían realizado y los profesores cobraron sus salarios. El Gobierno gallego admitía únicamente “posibles irregularidades” en gastos de funcionamiento de algunos cursos, que afectarían “solo a algún proveedor en concreto”.

Mientras decía esto en público, el Ejecutivo gallego le retenía 103 millones de pesetas correspondientes a aquel año. El favor de la Xunta venía en todo caso de lejos, porque una década antes, en 1992, ya había contribuido con 160 millones de pesetas a fondo perdido (el 40% del total) a la compra y acondicionamiento de la sede de la CEG, un edificio noble de cuatro plantas del casco histórico de Santiago. Es solo un ejemplo de la gran generosidad que Manuel Fraga dispensaba a su amigo Ramilo, que había colaborado estrechamente con él en la fundación de Alianza Popular

La patronal gallega nunca llegó a recuperarse del todo de aquel agujero económico, entre otras cuestiones porque la actuación de algunos de los sucesores de Ramilo tampoco resultó afortunada. La Confederación de Empresarios de Galicia está descabezada desde hace dos años y sin aspirantes a presidirla, y hace frente a un duro plan de viabilidad que obligó a despedir a buena parte de su plantilla y a hipotecar su sede. Un expediente abierto por la Consellería de Economía desveló en 2016 que la CEG imputó a un plan de oficinas en el exterior gastos no estipulados, como un viaje a Brasil para 24 personas que costó más de 80.000 euros. Esa nueva crisis permitió descubrir que su secretario general, Fausto Santamaría, cobraba un sueldo de 107.000 euros anuales.