Nadie exigió a la promotora el aval de 30 M

Así era la lujosa macrourbanización de Fadesa que arruinó a un pueblo

Una promoción deja en Miño una deuda que cuadruplica su presupuesto, tras naufragar un proyecto con campo de golf, puerto deportivo y 1.200 viviendas en un pueblo de 6.000 habitantes

Foto: La urbanización Costa Miño Golf en julio de 2008. (EFE)
La urbanización Costa Miño Golf en julio de 2008. (EFE)

Un campo de golf de 18 hoyos, un hotel de cinco estrellas, centro comercial, puerto deportivo, más de 1.200 viviendas… Era puro lujo lo que Fadesa ofrecía en Miño (A Coruña), un pueblo donde algunos veían en la promoción apadrinada por Manuel Jove la oportunidad de engancharse al tren de la modernidad y otros, un peligroso juego especulativo al borde de la legalidad. Estos últimos llevaban la razón: las irregularidades condujeron el proyecto al desastre y a la pequeña localidad costera coruñesa al borde de la ruina. Con apenas seis millones de euros de presupuesto, el ayuntamiento debe hacer frente a una deuda que cuadruplica esa cantidad, debido a que en su día nadie se acordó de exigir a la promotora un aval de 30 millones previsto en el contrato para garantizar las expropiaciones.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) emitió en julio nuevas providencias para obligar al Ayuntamiento de Miño al pago de un pasivo de 15,3 millones de euros más unos intereses de otros siete millones, que el anterior gobierno municipal había dejado sin abonar. Con el agravante de que los acreedores son los propios vecinos, que vieron expropiadas sus tierras para favorecer el entonces suculento negocio inmobiliario. La abultadísima deuda es resultado de un largo pleito con 200 afectados, a los que se les reconoce el derecho de cobrar el cuádruple de lo que se le reconoció en su día. En concreto, 25,9 euros el metro cuadrado, frente a los 6,32 que se abonaron. Ya no existe Fadesa, ni tampoco la Martinsa-Fadesa que le tomó el relevo tras la venta de la inmobiliaria al grupo de Fernando Martín. Sin el preceptivo aval, toda la responsabilidad recae en las arcas municipales.

Corría el año 2002 cuando el Ayuntamiento, entonces gobernado por el PP, firmó el polémico convenio con Fadesa. Lo hizo sin someterlo a votación por el pleno. Costa Anácara, como se denominó antes de cambiar su nombre por el de Costa Miño Golf, era un proyecto ubicado entre Perbes —lugar de residencia veraniega del fundador del PP, Manuel Fraga— y San Xoán de Vilanova, con una superficie de actuación de millón y medio de metros cuadrados y un presupuesto de 30 millones de euros. Se presentó como un complejo residencial modelo, ligado a un espacio natural entonces virgen. Ese era su principal gancho, el de una urbanización de segunda residencia a apenas un cuarto de hora de A Coruña en coche, un lugar donde se podía combinar ocio, espacios naturales y la práctica de actividades deportivas como el golf.

Foto: Google Maps
Foto: Google Maps

El proyecto se emprendió contra viento y marea, sin acuerdo con los vecinos y haciendo frente a un sinfín de demandas judiciales. Poco antes de que estallara la burbuja inmobiliaria, Jove le vendió la empresa a Martinsa, que en 2008 porfiaba en su intento de sacar adelante una promoción que ya encallaba en los juzgados. "En la costa de Miño, a pie de las espectaculares playas con bandera azul de Miño y Perbes, magnífica urbanización con campo de golf de 18 hoyos, única en Galicia", decían los anuncios del grupo, que aseguraba haber vendido más de 700 de las 1.217 viviendas incluidas en la urbanización y trataba de colocar el resto a mitad de precio. En realidad, eran muchas menos las vendidas.

Parcelas sin construir de hasta 1.200 metros cuadrados, con "vistas directas al campo de golf o al mar" se ofrecían por 55.000 euros, 45.000 euros menos que el precio inicial. Pero ni así hubo forma de sacar adelante el proyecto. Martinsa-Fadesa presentó la mayor suspensión de pagos de la historia de España, y la urbanización de Miño, sin terminar, pasó a manos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el banco malo, su actual propietario.

Parcelas sin construir de 1.200 metros cuadrados, con "vistas al campo de golf o al mar" se ofrecían por 55.000 €, 45.000 menos que el precio inicial

Martinsa pagó más de 4.000 millones de euros por Fadesa, pero en el paquete iba el contencioso de Miño, cuya adjudicación por el ayuntamiento había sido anulada en marzo de 2006 por el alto tribunal gallego. Costa Miño Golf fue concedida a la compañía de Jove sin un plan parcial y con Fadesa como única inmobiliaria concursante. Los dueños de los terrenos afectados presentaron sus demandas, hasta ver reconocidos unos precios muy superiores a los que la empresa y el ayuntamiento les habían otorgado.

Pero ni la sentencia del TSXG frenó la firme decisión del entonces alcalde, Juan Antonio Maceiras, de sacar adelante el proyecto. El ayuntamiento permitió a la inmobiliaria continuar con la urbanización. El fallo, argumentó Maceiras, no era definitivo y se basaba "en un error de procedimiento", pero no de fondo. Los propietarios afectados no habían sido citados ni oídos. Según el ayuntamiento y la empresa, porque eran demasiados y resultaba complicado localizarlos a todos.

Años más tarde, ya en 2011, Martinsa-Fadesa y el alcalde suscribieron un nuevo contrato de adjudicación para tratar de legalizar las obras, ante la amenaza de la empresa de reclamar una indemnización al ayuntamiento de 50 millones de euros. El acuerdo, que debería permitir el reinicio de las obras y la comercialización de chalés y viviendas a medio construir desde el 2007, fue efímero. Solo cuatro meses después, el gobierno local iniciaba los trámites para rescindirlo, reclamando daños y perjuicios. Lo hacía después de que Martinsa-Fadesa acusara al gobierno municipal de haberle "reiteradamente defraudado" y amenazara con nuevas acciones judiciales. El pleno municipal acordó iniciar los trámites para finiquitar el contrato por considerar insuficiente el aval de la empresa para garantizar el pago a los expropiados.

Los esfuerzos se centran en alcanzar un acuerdo extrajudicial con los expropiados, en el que se quiere implicar a Diputación, Xunta y Gobierno

El nuevo gobierno municipal del socialista Manuel Vázquez Faraldoel primero sin presencia del PP desde la democracia— ha dado cuenta en pleno verano de la angustiante situación económica del ayuntamiento. Tras acusar al anterior equipo de dejar la deuda sin pagar, las nuevas providencias dictadas por el tribunal gallego, advirtió, dejan las arcas municipales en unas condiciones delicadísimas. Los esfuerzos se centran en alcanzar un acuerdo extrajudicial con los expropiados, en el que se quiere implicar a la Diputación, a la Xunta y al Gobierno para logar la financiación necesaria para emprender un pago fraccionado. "La situación económico-financiera del Ayuntamiento de Miño se encuentra gravemente comprometida", alerta el gobierno de Faraldo.

Pasados 17 años desde que aquel deslumbrante proyecto echara andar, muchos de los expropiados ya no viven para ver cómo se reconocen sus derechos. El resto sigue adelante con un pleito que parece no tener fin y en el que el ayuntamiento ha ido de derrota en derrota, mientras del lado empresarial no queda ya nadie a quien reclamar. Costa Miño Golf ha ido cogiendo una forma muy distinta a la proyectada, con casas habitadas aquí y allá —unas 600 en total— y con campo de golf, pero sin rastro de todas las demás dotaciones que iban a convertir la zona en un Marina D’Or gallega. El aspecto de la zona sigue siendo de una ciudad fantasma con la mayor parte de los edificios sin terminar.

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