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La paz forzosa del Obama gallego con el clan de los Zamoranos para evitar la cárcel
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"otra cuestión es que se logre"

La paz forzosa del Obama gallego con el clan de los Zamoranos para evitar la cárcel

Sinaí Giménez, el autoproclamado "rey de los gitanos" y los suyos suscriben un acuerdo de conformidad con la familia rival para no entrar en prisión

Foto:  Sinaí Giménez, el autoproclamado "rey de los gitanos". (EFE)
Sinaí Giménez, el autoproclamado "rey de los gitanos". (EFE)

A Sinaí Giménez se le sigue conociendo como el Obama gallego porque así se presentó ante los electores de Vigo en las municipales de 2015. Aunque solo consiguió 289 votos, su delirante campaña se hizo famosa en todo el país y tapó lo que de verdad había y hay detrás del personaje, autoproclamado rey de los gitanos y al frente de una familia, la de los Morones, enfrentada a muerte con los Zamoranos (un colectivo de 400 personas, entre ellas un centenar de niños), a la que condenaron al destierro hace cinco años. Es una rivalidad ventilada a navajazos y a tiro limpio en la que subyace una supuesta mafia para el control de los mercadillos; una rivalidad que estos días ha vivido una sorprendente tregua a instancias del fiscal.

La momentánea paz se negoció a las puertas de los juzgados de Pontevedra, donde se iba a celebrar el juicio por una de tantas reyertas entre las familias rivales, en este caso desatada en un mercadillo de Cangas. El acuerdo de conformidad permite a Sinaí Giménez eludir la prisión, al rebajar la pena de 14 años que se solicitaba inicialmente por varios delitos de lesiones y sustituirla por cuatro penas de un año de prisión por las que no ingresará en un centro penitenciario. Un consejo de ancianos convocado por el patriarca ratificó previamente los términos del pacto.

Foto: Sinaí Giménez, el autoproclamado Obama gallego. (EFE)

Sinaí no es el único Morón que se beneficiará del compromiso instado por el fiscal, que fue suscrito por los abogados de los 12 acusados. Una de sus hermanas, María Consuelo, para la que se pedían diez años y medio, ve reducida la pena a tres y tampoco cumplirá en la cárcel. En ambos casos, el beneficio obtenido dependerá de que no vuelvan a delinquir en el plazo de cinco años. Por parte de los Zamoranos, tres de los implicados aceptaron penas de un año de cárcel que serán suspendidas. Otros seis acusados fueron absueltos.

Está por ver que el acuerdo sirva para rebajar la tensión entre los dos grupos, que estuvieron separados por un enorme despliegue policial durante la jornada marcada para el inicio del juicio. Pero esa es la intención del fiscal, que forzó la firma en vísperas del que será el mayor proceso judicial pendiente para la familia Giménez, en el que se ventilará el auténtico control de los Morones sobre los mercadillos de la provincia y las supuestas extorsiones con que lo ejercen. Es un juicio en el que declararán 13 Zamoranos como testigos protegidos de la Fiscalía. El abogado de Sinaí, que representa también al resto de los acusados del clan, no ocultó que el objetivo del acuerdo recientemente suscrito no es otro que “un primer intento de llegar a la paz entre las partes de una vez por todas”.

Es una rivalidad ventilada a navajazos y a tiro limpio en la que subyace una supuesta mafia para el control de los mercadillos

El caso que propició el acuerdo se produjo en un mercadillo cuando la tensión ya marcaba las relaciones entre las dos familias de etnia gitana. Sinaí Giménez –que fue condenado a casi tres años de cárcel por amenazar de muerte a un vendedor zamorano en Redondela y está implicado en otros casos de supuesto tráfico de drogas– inició una discusión con uno de los vendedores rivales porque había ocupado con su puesto dos metros que, según el patriarca de los Morones, no le correspondían. La madre de Sinaí, que se sumó a las recriminaciones, fue golpeada con la tarima del puesto en un costado. Estalló así una reyerta multitudinaria a golpes con barras de hierro, empujones y otros ataques, en la que resultaron heridos de diversa consideración varios feriantes de ambos grupos. El acuerdo evitó un juicio que estaba destinado a durar toda una semana.

El otro gran caso que queda pendiente se desató durante una operación de la Guardia Civil en el fortín familiar de los Morones en Tomiño (Pontevedra). La familia al completo fue detenida y el número de imputados superó el medio centenar, con Sinaí como principal encausado, al ser considerado el líder de la supuesta trama de extorsión que amedrentaba a los Zamoranos para someterlos o expulsarlos de los mercadillos, de acuerdo con un sumario que suma más de 12.000 folios.

El fiscal jefe de la Fiscalía de Pontevedra señala a la familia Giménez en el centro de una organización criminal que funciona a base de extorsionar, coaccionar y amenazar al clan rival, pero que se dedica también al lavado de dinero. El juez, que fue apartado del caso durante varios meses hasta que la Audiencia de Pontevedra rechazó su recusación, validó la investigación de la Guardia Civil que dio lugar a la querella del fiscal, y que vinculaba a Sinaí y varios de sus hermanos con hasta nueve empresas, entre ellas cooperativas, asesorías y de compraventa de oro y piedras preciosas. El relato del fiscal esboza una conducta que pasa por graves amenazas al clan rival, incluidas las agresiones físicas y el destierro, como el que efectivamente aplicaron en 2014. Se conmina así al grupo de los Zamoranos a afiliarse y pagar las correspondientes cuotas, que darían derecho a vender en mercadillos que son en su mayoría de carácter municipal.

Foto: El presidente de la Sociedad Gitana de Galicia, Sinaí Giménez. (EFE)

Las amenazas de muerte han sido numerosas, según el fiscal, y han incluido intentos de "dirigir la vida de los amenazados, prohibiéndoles la celebración de bodas o que pudieran residir en un lugar determinado". Según los investigadores, ese es el contexto del último enfrentamiento a tiros entre ambos clanes, en mayo de este mismo año, cuando un pistolero acompañado por un conductor irrumpió en una ceremonia de pedida de mano de un miembro de los Zamoranos. En presencia de 60 invitados, el agresor, identificado por algunos testigos como uno de los hermanos de Sinaí, disparó 15 balas, de las que dos hicieron blanco: una atravesó la cara de una menor de 15 años y otra se alojó en la espalda a la altura del omóplato de un chico de 18.

No era la primera vez que las balas supuestamente de los Morones silbaban entre las cabezas de los Zamoranos. Estos últimos atribuyeron a Sinaí y los suyos los disparos que sufrieron en 2015 en un túnel de una autopista de circunvalación en Vigo, cuando volvían de un mercadillo. Tres vehículos en marcha recibieron hasta 30 impactos de proyectil descerrajados desde un volswagen golf en marcha. Hubo solo un herido, pero pudo ser una tragedia. "Sinaí Giménez dijo que habría sangre en represalia por la reyerta de Cangas en la que resultó herido, colgó tales palabras también en su Facebook y eso hemos tenido hoy", le señaló una de las víctimas.

Ese es el ambiente en el que se produce el nuevo intento de la fiscalía de forzar una paz duradera entre las dos familias rivales, la misma fiscalía que en 2014 negoció el regreso de los 400 que huyeron aterrorizados de Galicia tras a la orden de destierro. El optimismo va por barrios. Como advirtió el propio abogado de Sinaí y los suyos tras sellar el acuerdo de conformidad, "otra cuestión es que se logre".

A Sinaí Giménez se le sigue conociendo como el Obama gallego porque así se presentó ante los electores de Vigo en las municipales de 2015. Aunque solo consiguió 289 votos, su delirante campaña se hizo famosa en todo el país y tapó lo que de verdad había y hay detrás del personaje, autoproclamado rey de los gitanos y al frente de una familia, la de los Morones, enfrentada a muerte con los Zamoranos (un colectivo de 400 personas, entre ellas un centenar de niños), a la que condenaron al destierro hace cinco años. Es una rivalidad ventilada a navajazos y a tiro limpio en la que subyace una supuesta mafia para el control de los mercadillos; una rivalidad que estos días ha vivido una sorprendente tregua a instancias del fiscal.

Guardia Civil Sinaí Giménez
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