La lenta recuperación de Tui: solo tres casas en obras un año después de la explosión

A las 16.25 horas del pasado 23 de mayo, un enorme estruendo sacudió al sur de la provincia de Pontevedra. Saltaba por los aires un almacén pirotécnico clandestino en el lugar de Paramos, en Tui (Pontevedra), una explosión que se sintió a decenas de kilómetros de distancia y levantó una enorme columna de humo. De forma casi milagrosa, el siniestro provocó únicamente dos fallecidos, un matrimonio que dormía la siesta en una casa del vecindario, pero el barrio de A Torre voló literalmente por los aires y decenas de viviendas quedaron destrozadas. Cuando se va a cumplir un año del accidente, Paramos empieza a recuperar lentamente la normalidad.

El alcalde de Tui, Carlos Vázquez Padín, presidió este viernes el acto público de reapertura al tráfico en la zona cero del siniestro, clausurada y blindada desde la explosión. Levantó el precinto que acordonaba el área afectada en vísperas de un aniversario que se cumplirá a solo tres días de las elecciones municipales, y al que se llega con apenas tres casas en incipiente proceso de reconstrucción. La explosión provocó daños de distinta consideración en torno a 440 viviendas, de las que 86 presentaban graves problemas estructurales y otras 30 quedaron totalmente destruidas. Entre estas últimas se incluyen las tres que comienzan ahora a ser rehabilitadas. En total, son 21 las licencias que se han solicitado, de las que nueve están concedidas y las demás en proceso de tramitación.

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La reapertura al tráfico en Paramos es consecuencia de la conclusión de los trabajos de desescombro y adaptación de las parcelas, una tarea que se demoró hasta enero y que se desarrolló durante los últimos cuatro meses. También en vísperas del aniversario —y de las elecciones—, el Ayuntamiento de Tui ha aprobado una partida de 857.000 euros para destinar a la restauración de las residencias afectadas por la explosión, una subvención que no estará condicionada por el hecho de ser primeras o segundas viviendas, tal y como reclamaban los vecinos.

Según el alcalde, las nuevas ayudas permitirán que al menos cinco familias más soliciten licencia de reconstrucción, ya que las únicas ayudas para volver a levantar las viviendas son las concedidas por la Xunta, de tan solo 45.000 euros. Así lo ha denunciado el presidente de la plataforma de afectados, Salvador García, que valora las nuevas subvenciones municipales, aunque puntualiza que no cubren la totalidad de los espacios dañados, y lamenta además que el montante total recibido por vivienda no podrá superar los 250.000 euros, sumadas las ayudas de todas las administraciones.

No es el Ayuntamiento la única administración que se ha mostrado generosa con los afectados en vísperas electorales. A finales de enero, el Gobierno ampliaba las ayudas financieras y los beneficios fiscales concedidos para paliar los daños producidos por los temporales, incendios, inundaciones y otros desastres ocurridos en 2018, entre ellos el de Tui. La Diputación de Pontevedra, mientras, ha destinado medio millón de euros a la provisión de servicios públicos en la zona, que serán cubiertos en un 85% por el ente provincial, mientras que el 15% restante lo asumirá el Ayuntamiento. Con cargo a estos fondos se soterrarán la conexión a la red eléctrica, la telefónica y el saneamiento, y se acometerán trabajos de pavimentación y de mejora del espacio público.

Padín —candidato de Converxencia 21 a la alcaldía, a la que accedió a finales de 2017 mediante una moción de censura apoyada por el PP— ha valorado que, pese a no ser una situación "para estar satisfechos, porque queda mucho", se han dado "pasos firmes y claros para ver luz al final del túnel". También los afectados observan las cosas con mayor optimismo tras las últimas ayudas. Salvador García coincidió con el alcalde en que el avance ha sido "muy significativo", e indicó que los subsidios y ayudas públicas concedidas por distintas administraciones cubren ahora "entre el 97% y el 98%" de las necesidades para la reconstrucción de las viviendas. Eso sí, en torno al 20% de los propietarios de las casas que quedaron destrozadas por la explosión han optado por no reconstruirlas o por comprar otra vivienda, para "rehacer su vida desde ya", según confirmó el portavoz de los afectados.

En torno al 20% de los propietarios de las casas que quedaron destrozadas por la explosión han optado por no reconstruirlas o por comprar otra vivienda

En los últimos meses, los afectados venían manifestando su malestar en movilizaciones como la que concentró a muchos de ellos en Pontevedra para instar al Gobierno a "cumplir sus promesas" y aumentar las ayudas a los damnificados, celebrada poco después del real decreto de enero. "Que se sepa que aquellos más perjudicados por la explosión seguimos recibiendo las mismas migajas", lamentaba el portavoz del colectivo. Según indicó, sus necesidades siguen sin ser atendidas como se les había prometido, pese a las reuniones mantenidas con la Subdelegación del Gobierno antes y después de la decisión del Consejo de Ministros de enero. En ese caso, los propietarios de segundas viviendas eran los grandes perjudicados. Muchos de ellos han desistido de volver a levantarlas.

Casi un año después de la explosión, 11 familias están residiendo en casas de alquiler subvencionadas por la Xunta. Ocho son segundas residencias, mientras que el resto viven con familiares o cobran algún seguro para el alquiler. Además de la tensión de sobrevivir de un accidente de semejantes dimensiones y de perder a dos de sus vecinos, los afectados han vivido durante estos 12 meses una experiencia endurecida por su pugna con las administraciones. La cuantía de las primeras ayudas, el retraso de las siguientes, la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil… Una de las principales alegrías fue la aprobación de la exención fiscal de las ayudas, que supuso un enorme alivio para todos ellos.

En el plano judicial, el único investigado es Francisco González Lameiro, titular del almacén ilegal de material pirotécnico que saltó por los aires. Tras permanecer nueve meses en prisión, a principios de marzo salió en libertad provisional por decisión del juzgado instructor, que lo señala como "el único responsable de la tenencia y almacenaje de las sustancias y la única persona que, presuntamente, conocía la existencia y destino del almacén y frecuentaba dicha nave".

Los hechos investigados apuntan a un delito de riesgo catastrófico en su modalidad de delitos de riesgo provocados por explosivos y otros agentes (castigado con hasta tres años de cárcel) y otro de estragos por imprudencia grave (castigado con hasta cuatro años), en concurso con dos delitos de homicidio imprudente (castigados con hasta cuatro años) y varios delitos de lesiones imprudentes (castigados con penas de privación de libertad de hasta seis meses). La Asociación de Afectados de Paramos-Guillarei expresó disconformidad con la decisión de la jueza de concederle la libertad provisional.