Oposiciones con libros y sabiendo las preguntas: la ayuda de la Xunta al personal

El personal laboral fijo de la Xunta contará con todas las facilidades para convertirse en funcionario. Irá a un examen de carácter eliminatorio y obligatorio conociendo las posibles preguntas y con los libros encima de la mesa, para preparar unas oposiciones que oscilarán entre 50 y 120 cuestiones tipo test, según el grupo al que pertenezcan. Es la respuesta del Gobierno gallego a la temporalidad del empleo en la Administración autonómica, uno de los más elevados de un país, España, al que la Unión Europea le ha tirado de las orejas en reiteradas ocasiones por el abuso de la interinidad en la contratación.

Las facilidades para que el personal laboral fijo se convierta en funcionario fueron pactadas por la Consellería de Facenda con Comisiones Obreras y UGT, pero se desmarcaron otros dos sindicatos con gran implantación en Galicia, como son el CSIF y el nacionalista CIG. "Es un traje hecho a medida", criticó la secretaria nacional de este último, Zeltia Burgos. La previsión del Gobierno gallego pasa por funcionarizar a 2.177 trabajadores de aquí a 2020, mediante un concurso-oposición en el que el 60% de la puntuación dependerá de un examen de dificultad mínima. El otro 40% de la puntación resultará de la antigüedad y, en menor medida, de otros procesos selectivos anteriores.

La Dirección Xeral de Función Pública publicará previamente todas las preguntas posibles, en torno a un millar, de las que se escogerán las elegidas. Se facilitarán tres opciones para que los opositores seleccionen una, sin que los errores resten nota. Para facilitar las cosas, los opositores podrán consultar durante la prueba todos los textos legales necesarios para responder a las preguntas, que versarán sobre la legislación en materia de sector público.

Se facilitarán tres opciones para que los opositores seleccionen una, sin que los errores resten nota

La Xunta negocia todavía con los sindicatos otras condiciones del proceso, como el número de preguntas y la composición de los temarios de cada convocatoria. La operación arranca en 2019 con los 577 primeros puestos. Otros 800 se incorporarán en la Oferta Pública de Empleo (OPE) que se publique este año, y los 800 restantes en la de 2020. El objetivo de Alberto Núñez Feijóo es reducir a un 7% la temporalidad en la plantilla de la Administración autonómica, formada por unos 86.500 trabajadores. Queda fuera del acuerdo el personal laboral indefinido.

Los sindicatos que se oponen al plan pactado con UGT y Comisiones Obreras exigen negociar previamente qué categorías se podrán acoger a esa funcionarización y en qué condiciones, como por ejemplo las que afectan al derecho a la jubilación parcial. Para CSIF, el proceso es simplemente un "disparate" que no solucionará las tasas de temporalidad. "Hay una devaluación inaceptable del empleo público" que posibilita la menor retribución del trabajo del funcionario respecto a la del empleado laboral, lamenta la central.

La Xunta justifica este sistema —que la Administración gallega asume por primera vez— en que no se trata de un proceso competitivo, como lo serían unas oposiciones de acceso libre. La convocatoria forma parte de un plan voluntario que permite al personal laboral acceder a la condición de empleado público de carrera ocupando exactamente la misma categoría, sin ningún tipo de ascenso. El cambio de estatus supone algunos inconvenientes para los trabajadores, como la posibilidad de que vean reducida su nómina, y ventajas para la Administración, que se ahorra esa diferencia y las cotizaciones por desempleo que paga al personal laboral.

La Xunta justifica este sistema en que no se trata de un proceso competitivo, como lo serían unas oposiciones de acceso libre

El personal laboral fijo, que accede al empleo público por oposición, está sujeto al Estatuto de los Trabajadores y al convenio laboral, mientras que los funcionarios se rigen por el Estatuto de la Función Pública. A diferencia de estos últimos, los laborales pueden ser despedidos por causas "económicas, técnicas, organizativas o de producción en el sector público", de acuerdo con los cambios en la ley introducidos en 2012 por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En esas fechas, con unas elecciones autonómicas en puertas, Feijóo hizo un guiño al colectivo con la promesa de convertir en funcionarios a 6.000 trabajadores, aunque hasta este año no hubo plan alguno para lograr ese objetivo.

Feijóo firmó en enero con los representantes de UGT y Comisiones las líneas maestras del acuerdo, del que hasta ahora no se había informado de las facilidades para estos exámenes. Fue un pacto que el presidente de la Xunta calificó de "histórico", porque "pone punto y final al esfuerzo" de los trabajadores de la Administración durante los últimos años de crisis y supone "la recuperación y la ampliación de derechos". El acuerdo, aseguró la Xunta, dará "estabilidad" a 21.500 personas, entre empleados públicos, funcionarios y personal laboral de la Administración autonómica.

Feijóo cifró en torno a 5.000 las plazas para que los contratados temporales e interinos tengan oportunidad de obtener una plaza de funcionario, aunque en los próximos tres años serán solo los 2.177 ahora que se promuevan. También afirmó que la oferta pública de empleo de 2019 y 2020 sumará "como mínimo" 4.100 plazas.

Los dos sindicatos que se sumaron al acuerdo admiten que es un proceso pensado para que apruebe "la gran mayoría" de los que se presentan

Uno de los retos a los que deberá hacer frente la Xunta en los próximos 10 años es la jubilación de 8.500 personas, un 10% del total de sus trabajadores. "Hay que tener una OPE preparada para estas vacantes y para estabilizar a los laborales temporales y fijos que quieran ser funcionarios. Es un momento y una oportunidad histórica", afirmó Feijóo en la firma del acuerdo. UGT y Comisiones Obreras valoraron el pacto porque "restituye la negociación colectiva" y supone "un avance significativo", en palabras de la secretaria de Administración de UTG-Galicia, Irene Martínez. El vicesecretario de CCOO, Emilio Doforno, también situó el acuerdo en un contexto de "recuperación de la negociación colectiva". No permite recuperar todo lo perdido durante la crisis, afirmó, "pero se empieza a avanzar y a construir una nueva situación".

Los dos sindicatos que se sumaron al acuerdo admiten que es un proceso pensado para que apruebe "la gran mayoría", y se acordaron de CIG y CSIF, a los que acusaron de "negar y enfrentar", mientras que la Xunta pone el acento en que los laborales fijos ya pasaron una prueba. La CIG sostiene que las condiciones convierten la prueba en un trámite burocrático. "Llama la atención que se puedan llevar apuntes legales en una prueba tipo test", critica Burgos. Para la CSIF, mientras, es "injusto" que los funcionarios vayan a competir en traslados y promoción interna con laborales reconvertidos, por lo que reclama mayor exigencia.

Ante las críticas de ambas centrales, Comisiones Obreras salió al paso con un comunicado para negar que el personal laboral fijo vaya a disponer de las preguntas o pueda presentarse a las pruebas con apuntes. Lo que ocurrirá, aclaró, es que habrá una batería de preguntas sobre un temario publicado, de las cuales un tribunal escogerá las que formen parte de la prueba. El personal tampoco podrá acudir con apuntes, "sino con los textos legales, igual que ocurre con otros procesos". El sindicato recordó que los trabajadores sujetos a esta funcionarización ya pasaron un proceso selectivo con anterioridad.