Alerta en la restauración gallega: será obligatorio entregar las sobras a los clientes

La Xunta aprovechará la futura Ley de Residuos y Suelos Contaminados para obligar a los restaurantes a entregar las sobras en un recipiente a los clientes que lo soliciten. Es una práctica habitual en muchos países pero todavía incipiente en España, donde cada año se desechan más de 7,5 millones de toneladas de comida. El anuncio ha sido bien acogido entre organizaciones ecologistas, pero ha extendido la alarma en el sector de la restauración, que ha encontrado varios motivos para exponer sus reparos. Algunos son de tipo económico, como aclarar quién debe asumir el coste de esos recipientes, mientras que otros ponen el acento en el “riesgo sanitario” que implicaría esa práctica.

¿Quién tiene la culpa si un cliente se intoxica al ingerir sus sobras pasado un tiempo prudencial? Es la pregunta que más se repiten estos días los responsables de restaurantes en Galicia, aunque las derivaciones de la nueva ley no acaban ahí. Buena parte de las críticas llegan de los establecimientos de gran tamaño, en concreto los que sirven banquetes para eventos como bodas o comidas de empresa, por las dificultades que entraña llevar a cabo esta futura obligación. Así, demandan que la ley especifique el concepto de “sobras”, quién se hace cargo de la salubridad de los alimentos y en qué condiciones debe entregarse la comida. Esta última exigencia cobra más sentido al determinar la futura norma, que entrará en vigor a principios del próximo año, que no podrán utilizarse envases de plástico.

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Verónica Mollejo

Las críticas de los grandes restaurantes han obligado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a entrar de lleno en el debate, para aclarar que la obligación de devolver la comida sobrante está pensada “para menús normales”, no para banquetes. “En el caso de las celebraciones masivas hay que ajustar fino y hay que valorar su contenido y alcance”, matiza. En todo caso, aclara, el derecho de llevarse ese excedente no es de los comensales, sino de la persona que paga la factura. “Tenemos que valorar y ver las alegaciones siempre dentro del marco legal, que establece que los consumidores tienen derecho a llevar la ración que no consumieron”, ha abundado el presidente gallego.

Sus palabras se interpretan como un intento de llevar la calma al sector y abrir un proceso de diálogo que todavía no se ha producido. “Seguro que los hosteleros van a hacer alegaciones inteligentes y cuando las alegaciones son inteligentes la respuesta tiene que ser inteligente”, manifestó el pasado jueves. Lo hizo dos semanas después de que el Gobierno gallego aprobara el anteproyecto de ley de Residuos y Suelos Contaminados, que presentó el 21 de febrero acompañado por la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. Los objetivos del texto legal pasan por reducir un 30% los residuos de alimentos en 2025 respecto a las cifras de 2010, elevando el porcentaje al 50% cinco años después.

En el caso de las sobras, una cuestión para la que se plantean multas de hasta 900 euros, parte de los restauradores propone que el cliente que no ejerza el derecho a llevárselas consigo firme un formulario de renuncia, para evitar posibles reclamaciones fraudulentas. Y también que, quien opte por retirarlas, suscriba otro documento en el que se haga cargo de los eventuales riesgos sanitarios que se derivarían de su ingesta pasado un tiempo. “No nos podemos hacer cargo de que los alimentos que salgan de nuestros restaurantes se vayan a comer en las condiciones y el tiempo adecuado”, alertan. Por ejemplo, tras pasar varios días o si la comida se calienta al sol en el interior de un coche.

Algunos restauradores que ya facilitan la comida sobrante a los clientes que lo solicitan la entregan a menudo en recipientes térmicos que garantizan su perfecto estado de conservación. Pero son fiambreras que cuestan hasta 300 euros y que se devuelven después al restaurante, imposibles de repartir gratuitamente. “Si las grandes superficies cobran por las bolsas de plástico, ¿por qué no nosotros?”, plantea el presidente de la Federación de Hostelería de la provincia de Pontevedra, César Ballesteros, que adelanta que se opondrán a la normativa si se les obliga a correr con ese gasto.

Los restauradores proponen que el cliente que ejerza el derecho a llevárselas consigo se haga cargo de los eventuales riesgos sanitarios

La nueva ley, cuya aprobación en el Parlamento se prevé para el último trimestre del año, establece medidas de aplicación inmediata en lo que se refiere a la venta de platos, vasos, tazas, cubiertos, pajitas o bandejas de plástico. Solo se permitirá la utilización de vajilla que esté compuesta al menos en un 50 % por material biodegradable, que será la que los negocios de restauración deberá utilizar para entregar los restos.

Otro caso específico es el de los restaurantes de lujo, que se resisten a introducir en envases comunes las preparaciones y emplatados a los que dedican tanto empeño. O los restaurantes de comida japonesa, que se preguntan qué hacer con productos como el sashimi. El panorama del cumplimiento de la ley se complica debido al protagonismo que tienen en Galicia productos que se comen crudos como las ostras u otros de escasa vida útil como el marisco.

El anteproyecto ya aprobado por la Xunta supone adelantar al año 2020 en Galicia la prohibición de la comercialización de vajillas de plástico no reutilizables, un año antes de lo previsto por la Unión Europea. El pasado diciembre, la UE llegó a un acuerdo para vetar a partir de 2021 los artículos de plástico de usar y tirar más populares, como platos, cubiertos, bastoncillos de algodón y envases de poliestireno para alimentos. El objetivo consiste en reducir su impacto en el medio ambiente y ayudar a que desaparezcan sus desechos de la costa. Según los expertos, los plásticos afectados por esta medida constituyen alrededor del 70% de los desechos plásticos que contaminan las aguas y playas en el territorio comunitario.

El objetivo en Galicia consiste en que en 2025 se recicle el 65% de todos los envases y se alcance el 70% en 2030. Solo cinco años después, en 2035, la UE establece que no podrá llegar al vertedero más que un 10% de la cantidad de residuos domésticos generados, según explicó la conselleira de Medio Ambiente en la presentación de la ley de residuos.