El accidente de O Marisquiño, sin avances seis meses después

La bajamar evitó una catástrofe el pasado 12 de agosto, cuando el suelo se abrió bajo los pies del medio millar de jóvenes que disfrutaban de un concierto al aire libre en la zona portuaria de Vigo. Fue el famoso accidente de O Marisquiño, producido al derrumbarse los pilotes de hormigón de la plataforma sobre la que botaba la chavalada, y que se saldó con 467 heridos. Transcurridos seis meses desde entonces, la Fiscalía acaba de solicitar la declaración de la complejidad de la causa, que carece todavía del informe sobre las causas del siniestro encargado por el juez a dos peritos especializados. Mientras la investigación judicial avanza con dificultades, el pantalán que se vino abajo sigue sin ser reparado, el ayuntamiento y el puerto de Vigo continúan con su cruce de acusaciones y la comisión parlamentaria que investiga el suceso se encuentra en un callejón sin salida.

Entre otros efectos colaterales, la complejidad de la instrucción judicial está provocando una guerra soterrada entre las dos instituciones afectadas, el ayuntamiento y la autoridad portuaria, sobre sus respectivas responsabilidades en los hechos. Desde el primer momento, ambas entidades se responsabilizaron mutuamente del derrumbe, pese a coincidir en atribuirlo a un “fallo estructural” de la construcción. El alcalde, Abel Caballero, dejó claro desde el primer momento que el derrumbe se produjo en zona “portuaria náutico-deportiva”, competencia por lo tanto del puerto. No tiene que ver, explicó, con el paseo de madera de la zona superficial, que corresponde mantener al ayuntamiento y cuyo lamentable estado denunció el PP pocos días antes de O Marisquiño. Bajo las tablas, añadió, “había entre 30 y 50 centímetros de grosor de hormigón en placas de 10 por 10” sustentando esa pasarela.

La autoridad portuaria tiene como presidente a un veterano dirigente del Partido Popular, Enrique López Veiga. Pese a su rivalidad política, López Veiga y Caballero han hecho gala siempre de unas excelentes relaciones que se han derrumbado a la misma velocidad que lo hizo el pantalán. El puerto admite que es titular del espacio en el que se produjo el siniestro, pero sostiene que la autorización y vigilancia de un evento de estas características corresponde al ayuntamiento, de acuerdo con la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Galicia.

Está en juego la posibilidad de tener que hacer frente a las indemnizaciones, pero también la de imponerse en una batalla política en año electoral

Abel Caballero decidió no participar en una comisión parlamentaria que los socialistas consideran instrumentalizada por el PP, y que ha entrado en un callejón sin salida. Quien sí lo ha hecho es López Veiga, que aprovechó la ocasión para ir más lejos en su contraataque. Así, y tras afirmar que el puerto se limitó a dar un “permiso de ocupación, que no es una autorización”, señaló que la responsabilidad del mantenimiento de la zona es “del ayuntamiento y de nadie más”. Y extendió las responsabilidades a la propia organización del festival, a la que acusó de no controlar el aforo.

El festival de deportes urbanos O Marisquiño, que el pasado verano cumplía su edición número 18, es uno de los principales eventos de deportes y cultura urbana que se celebran en España. Es toda una institución en la ciudad, a la que atrae cada año en torno a 100.000 personas en pleno agosto, de acuerdo con las cifras oficiales. Hoteles, restaurantes, cafeterías y negocios relacionados con el turismo en general aplauden un evento que llena las calles y atrae a miles de aficionados, pero que corre serio riesgo de desaparición. Pocos días después de comparecer en el Parlamento, el fundador del Marisquiño, Carlos Domínguez, anunciaba su abandono. Queda la organización en manos de su número dos, Joako Ezpeleta, que ha encargado un estudio sobre la viabilidad del proyecto. Pero la imagen del accidente y las acusaciones del puerto no favorecen la gestión de un evento de carácter gratuito, que depende de las aportaciones de patrocinadores e instituciones públicas.

Con un PP en caída libre en Vigo, se ha visto en O Marisquiño un flanco débil del alcalde socialista Abel Caballero

En su comparecencia ante la comisión de investigación, Domínguez lamentó el intento de trasladar la responsabilidad a la organización. El ya exdirector alegó que el suceso se produjo “porque alguien no hizo las cosas bien”. “Jamás admitiremos responsabilidades por la deficiencia de la estructura. Lo admitiríamos si fuera una estructura montada por nosotros, pero no es el caso”. Informó además a los miembros de la comisión de las diferentes reuniones de seguridad mantenidas entre festival, Policía Nacional, Policía Local, autoridad portuaria y responsables del ayuntamiento. Nadie les advirtió de riesgo alguno en un muelle que se derrumbó a causa del desgaste y corrosión de los pilares, como concluyó la Policía Científica. Y no era su obligación, sostiene. Como afirmaría su sucesor días más tarde, “es como pedirle a un camionero que antes de pasar por el puente de Rande revise los pilares por si acaso se cae”.

Mientras, son más de 100 los afectados que han presentado denuncias, acompañadas de los correspondientes informes forenses sobre las lesiones sufridas. La instrucción judicial tendrá que concluir si hay indicios de delito y, en su caso, a quién se lo atribuye. Es una decisión que se espera con tensión en el ámbito de la política, con un PP en caída libre en Vigo que ha visto en O Marisquiño un flanco débil de Abel Caballero. El alcalde, mientras, insiste en la responsabilidad de la autoridad portuaria de su antiguo amigo López Veiga apelando al informe de la Policía Científica y a un auto del juzgado que instruye la causa, que insta al puerto a tomar medidas para garantizar la seguridad de la zona. Según alcalde, esta resolución deja en evidencia que el puerto es el titular del ámbito.

El juzgado desprecintó recientemente el lugar del accidente y dejó en manos de la autoridad portuaria las medidas a adoptar en la zona, pero el muelle que se vino abajo sigue vallado y sin arreglar, ya que la autoridad portuaria entiende que se interpretaría como una asunción de culpabilidad. López Veiga comparte que la zona pertenece al dominio público portuario, pero considera que eso no exime de las obligaciones de mantenimiento al ayuntamiento. Está en juego la posibilidad de tener que hacer frente a las indemnizaciones de los afectados, pero, también, la de imponerse en una batalla política en año electoral.