La Justicia estudia si Audasa debe devolver 90 millones a conductores de la AP-9 gallega

Cobrar peajes durante los periodos de obras le puede salir muy caro a Audasa, la empresa que explota la polémica AP-9. La ampliación del puente de Rande, en Vigo, la inauguró Mariano Rajoy siendo presidente del Gobierno en diciembre de 2017, pero la construcción, que había comenzado en febrero de 2015, continuaría hasta el pasado junio. Durante todo ese periodo, el tráfico se vio “permanentemente afectado” sin que se aplicara reducción alguna en las tarifas. Esa es la razón por la que la Fiscalía de Pontevedra ha presentado una demanda colectiva contra Audasa, admitida a trámite por el juzgado, en la que reclama la devolución a los conductores de los importes abonados en el tramo afectado —una cantidad que podría alcanzar los 90 millones de euros— “con los intereses legales desde la fecha del pago de cada peaje”.

El ministerio público se ha tomado muy en serio el caso de Rande, una ampliación del puente conflictiva desde su propia concepción, ya que no era una reivindicación generalizada y su alto coste, junto con el de una ampliación en Santiago, redundará en un incremento de los peajes: un 1% anual acumulable durante 20 años. Pero al margen de esa polémica, lo que la Fiscalía quiere resolver es el daño causado a los casi 60.000 coches que cada día circulan por ese tramo, que tuvieron que soportar el deterioro de la fluidez del tráfico. “La reducción del número de carriles en uso y de los límites de velocidad, además de las sucesivas tareas de ejecución de las obras, implicaron, en todo momento y aunque puntualmente no hubiera acumulación de vehículos, que la fluidez de la circulación disminuyera, siendo preciso emplear más tiempo del habitual para recorrer la misma distancia de autopista”, relata el escrito del fiscal, que presentó su demanda de juicio ordinario.

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El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra ha admitido a trámite la demanda, en un auto en el que hace un llamamiento a personarse en el proceso a quienes tengan la condición de perjudicado para que hagan valer su derecho o interés individual. Así, decreta la publicación de la admisión de la demanda en dos diarios y suspende durante ese periodo el curso del proceso. Entre los afectados se encuentra el Ministerio de Fomento, que paga cada año una cantidad en concepto de peaje en la sombra, como compensación a Audasa por la supresión de las cabinas entre Vigo y O Morrazo, por lo que podría reclamar una cantidad superior a los 30 millones de euros.

Entre el 27 de febrero de 2015 y el 1 de junio de 2018, todos los vehículos que circularon por ese tramo se vieron afectados, ya que recibieron un servicio “con insuficientes condiciones de fluidez y seguridad”, siendo preciso “emplear más tiempo del habitual para recorrer la misma distancia de autopista”. La Fiscalía recuerda además las sucesivas subidas de la tarifa. La última de ellas fue el pasado octubre, y consistió en ese 1% con el que se abre el periodo de 20 años de incrementos acumulables y otro 1% para compensar determinados descuentos en viajes de vuelta. Tanto en 2016 como en 2017 se aplicaron subidas en distinto porcentaje para actualización de precios y otros conceptos que Audasa se cobra en forma de incrementos de peajes.

Todo ello constituye, en opinión de la Fiscalía, una práctica “abusiva”, de modo que reclama que se condene a Audasa a reintegrar a los conductores “los importes de los peajes que hayan sido abonados, en el tramo del entorno de Rande, entre el 27 de febrero de 2015 y el 1 de junio de 2018, con los intereses legales desde la fecha del pago de cada peaje”. A modo de compensación, exige además que la concesionaria de la AP-9 indemnice a los usuarios afectados con el doble del importe abonado en gravámenes. Aunque el ministerio público desconoce el número de afectados, revela que, de acuerdo con informaciones facilitadas por Audasa, durante el periodo analizado “existieron unos 77 millones de tránsitos y la recaudación por peajes correspondientes a vehículos ligeros ascendió a unos 90 millones de euros”. Transportistas y empresas que trasladan viajeros quedarían excluidos de la devolución.

La AP-9 es una autovía cuya concesión estaba llamada a concluir dentro de cuatro años, si no fuera porque en 2000 el Gobierno de José María Aznar decidió ampliarla en otros 25 años. La empresa que la gestiona, del grupo Itínere, ingresa con ella unos 140 millones de euros anuales. Se trata de la principal vía de comunicación de Galicia, una autopista que une Ferrol y Tui, y que vertebra por lo tanto toda la fachada atlántica de Galicia, donde reside la mayor parte de su población y se concentra el 80% de su actividad económica. Además de sus elevadas tarifas, que la convierten en una de las más caras de España, su sinuoso trazado y la ausencia de alternativas gratuitas la convierten en objeto de constante polémica.

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La cuestión de los peajes se ve agravada por el inminente incremento el 1 de enero de en torno al 3,5%, solo dos meses después del aumento del 2% del pasado octubre, lo que significará que habrá subido un 5,6% en tres meses. Si se tiene en cuenta que el pasado 1 de enero las tarifas aumentaron otro 3,8%, el resultado es una subida de casi un 10% en un año. La nueva subida se debe, de una parte, a la evolución de precios del sector, fijada inicialmente en un 1,67%, a lo que hay que sumar el 1% a cuenta de las obras de ampliación de Rande y Santiago y un 0,8% para compensar la gratuidad establecida en los viajes de vuelta entre Vigo y Pontevedra, único descuento del que disfrutan los usuarios habituales de la autopista. El trayecto entre las dos principales ciudades gallegas, Vigo y A Coruña, de apenas 110 kilómetros, pasará a costar 16,40 euros, 1,20 euros más que en diciembre de 2017.

La demanda de la Fiscalía coincide en el tiempo con la toma en consideración por el Congreso de los Diputados de la proposición de ley para el traspaso de la AP-9 a la comunidad. Todos los partidos excepto Ciudadanos respaldaron este martes la iniciativa, planteada unánimemente por el Parlamento gallego ante la Cámara.

Una práctica “abusiva" ante la que la Fiscalía reclama reintegrar a los conductores “los importes de los peajes que hayan sido abonados"

Una vez admitida a trámite la ley de transferencia, y si finalmente no se frustra su tramitación, la Xunta asumirá la titularidad de una autopista de 220 kilómetros que une Ferrol y Tui. De concretarse, se abre la posibilidad de que el Gobierno autonómico rescate la concesión con financiación estatal, aunque de momento el PP de Galicia solo ha expresado su intención de estrechar el control sobre la empresa y tratar de rebajar las “desorbitantes” tarifas que pagan los conductores.

La decisión del Congreso de tramitar la ley orgánica trasladada desde el Parlamento gallego culmina más de una década de reivindicaciones, un periodo en el que se produjeron tres resoluciones unánimes de la Cámara autonómica que fueron vetadas por el Partido Popular durante el Gobierno de Mariano Rajoy. El grupo popular sostiene ahora, una vez conocida la disposición del Ejecutivo socialista de transferir la AP-1 al País Vasco, que negarse a hacer lo propio con la AP-9 sería “un agravio”.