La mina de cobre amenaza al Camino de Santiago como Patrimonio de la Humanidad

En vísperas del Año Santo 2021, el Camino de Santiago, Patrimonio de la Humanidad desde 1993, está en peligro de dejar de serlo. Es un riesgo del que alerta nada menos que Icomos, el órgano asesor del Comité del Patrimonio Mundial para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial de la Unesco, que en un reciente informe analiza la incidencia del polémico proyecto de reapertura de una megamina de cobre en Touro, a escasos 15 kilómetros de la capital gallega, para concluir que supone “una clara violación de la normativa de protección”, que no solo invade el entorno del Camino Francés sino que supone “la destrucción material de parte de su trazado”.

La advertencia es clara. “En el caso de la pérdida de los valores excepcionales por los que fue incluido en la Lista del Patrimonio Mundial un Bien Cultural, o que el Estado parte no solvente los peligros comprobados o potenciales que afecten al Bien, este puede ser excluido de la Lista del Patrimonio Mundial”, previene el documento, firmado el pasado 29 de octubre por la presidenta del comité español de Icomos, Alicia Castillo. Y existen precedentes, como el paisaje cultural del Valle del Elba, en Dresde (Alemania), que en 2009 perdió por la construcción de un puente el valor de Patrimonio de la Humanidad que se le había concedido cuatro años antes.

El informe es un serio contratiempo para el contestado plan de Atalaya Mining, en alianza con Explotaciones Gallegas —propietaria de los terrenos—, para la recuperación de una vieja explotación de cobre en los municipios de Touro y Pino, abandonada en 1986 y que ahora se pretende reactivar. Más de 140 asociaciones, 33 ayuntamientos, dos diputaciones (las de A Coruña y Pontevedra) y 26.000 ciudadanos a título particular han expresado su rechazo al proyecto, que abarca casi 700 hectáreas con posibilidad de ampliarse a 2.000. La mina supone un riesgo también para la ría de Arousa, donde se encuentra el mayor banco marisquero de Galicia, ya que se halla en las inmediaciones del río Ulla, con lo que un eventual accidente podría resultar desastroso para el sector.

Una de las conclusiones de Icomos (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios) es el grave impacto negativo de la mina, “con posibilidad de desaparición”, en el ramal histórico y documentado del camino que unía Arzúa con Amenal, en el que está reconocido como camino histórico el tramo Quión-Arca. Denuncia también la “afección importante y negativa a los valores paisajísticos, ambientales e intangibles del área territorial que conforma el entorno ambiental del Camino de Santiago y le dan carácter”, así como el “impacto negativo sobre el camino histórico Camino de Rosas-Loxas-San Sadurniño, elemento estructurante del territorio que enlaza en San Sadurniño con el ramal histórico Arzúa-Amenal”. Otras consideraciones denunciadas son la interferencia física y visual sobre molinos e iglesias parroquiales y el “grave impacto negativo, con posibilidad de desaparición”, de dos mámoas.

“Serán necesarios grandes movimientos de tierras que alterarán de forma grave la geomorfología del terreno y provocarán la tala de arbolado, la construcción de una planta de beneficio, escombreras y balsas de agua con grandes y altos muros de contención y otros elementos necesarios para la explotación minera (pistas de acceso, línea eléctrica, etcétera)”, indica Icomos. También advierte de la “alteración grave de la morfología del terreno, la tala de 341 hectáreas de arbolado con la consecuente pérdida ecológica y del ambiente y paisaje tradicionales, así como la posible contaminación del suelo y otros factores medioambientales señalados en el proyecto”.

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La escombrera de 80 metros de altura prevista en el entorno afectado es una de las principales tachas del proyecto. Aunque el estudio de impacto ambiental de la mina sostiene que “no afecta de forma directa al Camino de Santiago ni a su ámbito de respeto”, para Icomos, esa conclusión obvia “la protección del ramal histórico del Camino de Santiago”, que quedaría “sepultado bajo una grande y alta masa de escombros”. “De realizarse la escombrera tal como está proyectada, se produciría la destrucción de dichos bienes culturales y de su entorno. Este hecho se considera expolio y está prohibido por la Constitución española y por la normativa sobre patrimonio histórico, estatal y autonómica, que la desarrolla”, añade.

“El impacto visual y la percepción de la actividad minera se harán patentes desde diferentes lugares del trazado protegido del Camino de Santiago por la longitud del frente de la explotación”, añade Icomos, que continúa: “La altura y color terroso de las cortas, terraplenados y pistas de acceso, en contraste con el verde y la textura de la vegetación del lugar, serán visibles e incidirán negativamente en la percepción del paisaje y ambiente tradicional que envuelve la ruta jacobea, es decir, en el núcleo de los valores patrimoniales protegidos a nivel nacional e internacional. Incidirán también el ruido y el polvo en suspensión derivados de la explotación”.

Más adelante, el informe señala: “La explotación minera supondría, por consiguiente, tanto la inoperatividad del entorno de protección legalmente delimitado como la destrucción de vestigios materiales del Camino de Santiago protegidos patrimonialmente (a nivel autonómico, estatal e internacional), contraviniendo la legislación —nacional e internacional— vigente en la materia. También conllevaría una grave alteración de sus valores inmateriales, derivados de una estrecha unión entre cultura, naturaleza y espiritualidad, que es la esencia del Camino, que se verían fuertemente mermados por la introducción de una industria de gran impacto ambiental y sensorial, por completo ajena a la vocación cultural y espiritual del Camino”.

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Durante el periodo de explotación del proyecto, al menos 2,7 millones de peregrinos pueden verse afectados por el impacto visual y sensorial de la actividad propuesta. La conclusión principal del organismo asociado a la Unesco deja escaso espacio para la interpretación: “Las administraciones competentes en el Camino de Santiago deberían plantearse si la explotación minera de la zona durante 16 años es tan relevante para Galicia como para mermar sus compromisos ante la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (vinculante) y la protección, hasta ahora milenaria, de un espacio que, por su singularidad y valores compartidos y a la vez absolutamente únicos, no solo está protegido a nivel internacional por la Unesco o el Consejo de Europa debido a su valor para toda la Humanidad, sino que también es la base de una buena parte de la economía gallega basada en el turismo”.

El informe ha sido acogido con interés por la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago (FICS), que espera que sirva para que la Xunta deniegue los permisos necesarios para la reapertura de la mina. Aunque inicialmente favorable al proyecto, defendido por sus impulsores con la promesa de 400 empleos directos y 1.000 indirectos, el interés del Gobierno gallego se ha enfriado en los últimos meses. En julio de este año, el 'conselleiro' de Economía e Industria, Francisco Conde, advirtió de que. “tal y como está presentado”. el proyecto “no es viable”, aunque matizó que la decisión no está tomada y que se esperará a que concluya la tramitación ambiental.

Cobre San Rafael, la empresa de la que forman parte Atalaya Mining y Explotaciones Gallegas, mientras, resta importancia al informe, al considerar que Icomos es “una entidad privada” que no representa a la Unesco. “La competencia de protección y representación del Camino de Santiago corresponde, de forma exclusiva, a la Xunta”, añade la compañía, que asegura que cuenta desde hace dos años con un equipo de arqueólogos que trabaja para preservar el patrimonio. Respecto al informe, sostiene que “obvia las medidas correctoras dictaminadas ya por Patrimonio y que fueron recogidas por la compañía en un informe complementario”.

Icomos es el organismo encargado de examinar las nominaciones a los bienes culturales del Patrimonio Mundial de la Humanidad y de asegurar con su supervisión el estado de conservación de los bienes inscritos.