"Los resultados no cumplen las expectativas"

700.000 € y solo siete viviendas alquiladas: fiasco del plan gallego para los pisos vacíos

La Xunta asume el fracaso de un proyecto que ofrecía ayudas para la rehabilitación y puesta en alquiler de casas desocupadas

Foto: Foto: EFE.
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Fue una de las medidas con las que Feijóo quiso dar un giro social a su Gobierno en 2016. La idea parecía buena: poner en el mercado de alquiler el enorme parque inmobiliario de viviendas desocupadas, con preferencia de acceso a las mismas de personas de colectivos desfavorecidos. Con el respaldo de una partida presupuestaria de 700.000 euros, la Consellería de Infraestructuras y Vivienda asumiría los riesgos en un proyecto en el que se establecían límites al precio de alquiler, que iban de los 350 euros en cinco de las principales ciudades de Galicia a los 250 de las zonas más deshabitadas. Tres años después, solo 16 pisos se han incorporado al proyecto, de los que apenas siete están actualmente ocupados.

“Los resultados son escasos, no lo negamos; no cumplen con las expectativas”, reconoce el director del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García. De acuerdo con los cálculos que manejaba la Xunta, en el cuatrienio 2016-2019 unas 600 viviendas vacías saldrían al mercado de alquiler. Se pretendía así dar salida al parque inmobiliario de entidades de crédito, filiales inmobiliarias y de gestión de activos, aunque también se incluían los pisos de ayuntamientos y de propietarios particulares que voluntariamente se quisiesen adherir al programa. Y, de paso, se facilitaba el acceso a la vivienda de colectivos como el de las víctimas de desahucios. Se requería para ello que las administraciones locales se adhiriesen de forma voluntaria al programa, de acuerdo con un convenio firmado por la federación municipalista gallega (Fegamp). Apenas medio centenar de los 314 que existen en Galicia lo han hecho.

El departamento de Vivienda traslada la responsabilidad del fracaso precisamente a los ayuntamientos, y de forma específica a los de las principales ciudades, gobernadas excepto Ourense por los partidos que forman la oposición en el Parlamento gallego. De ellas, solamente Santiago y precisamente Ourense han firmado acuerdos de adhesión al programa, “rechazado” en el resto de los grandes municipios. “No parece lógico”, porque es precisamente en los ayuntamientos de mayor tamaño “en los que existe mayor demanda de viviendas en alquiler a bajo precio”, denunció en el Parlamento el responsable del IGVS, que subrayó que “muchas de las candidaturas que hoy gobiernan” estos ayuntamientos “proponían medidas similares” en sus programas electorales.

Vivienda traslada la responsabilidad del fracaso precisamente a los ayuntamientos, y de forma específica a los de las principales ciudades

La oposición recrimina a la Xunta que descargue su responsabilidad en la Administración local, y atribuye el fiasco al enfoque de un programa que a su entender no incentiva de forma suficiente a los propietarios, ni les ofrece las garantías mínimas que requeriría un proyecto de estas características. El PSOE rechaza además el sesgo político con el que la Consellería de Vivienda trata de defenderse de sus “nefastos” resultados. Recuerda, por ejemplo, que muchos municipios gobernados por el PP, como los de la comarca de O Barbanza, se sumaron al proyecto “con entusiasmo”, sin que haya sido adjudicada ninguna vivienda. O el caso de Ourense, donde el gobierno popular tampoco adjudicó piso alguno debido a las deficiencias de los cinco únicos inmuebles ofertados, rechazados por los 80 demandantes inscritos.

El convenio que firmó la Xunta con la Fegamp en mayo de 2016 establecía como única obligación de la federación la de lograr la “máxima difusión” y promover la incorporación de los ayuntamientos al programa. En cuanto a estos, se les instaba a realizar una propuesta de criterios de selección de arrendatarios y de adjudicación de viviendas, respetando los criterios del propio convenio. Los ayuntamientos también pueden incorporar al plan las viviendas vacías de su titularida ad, aquellas de las que puedan disponer libremente de su uso o de las que dispongan de habilitación para su gestión.

Para reforzar la seguridad de los propietarios, la Xunta asume dos pólizas de seguros. Una de ellas es un multirriesgo de hogar, que cubre todos los daños que pueda sufrir la vivienda durante el periodo del arrendamiento. La otra es una garantía de cobro de eventuales impagos de los inquilinos, que hace frente también la asistencia jurídica de los arrendadores en los procesos de desahucio o reclamaciones por impago. Para el pago de las primas de dichas pólizas se determinó una cantidad máxima de 690.000 euros en cuatro ejercicios presupuestarios, que se sumarían a las subvenciones para su mejora a las que tuviesen derecho las viviendas adheridas al plan.

Entre los ayuntamientos que se han sumado al programa se ofrecen distintas explicaciones del fracaso del proyecto. Una de ellas es el auge experimentado en los últimos años de los pisos turísticos, más atractivo para los propietarios que el mercado regulado de alquiler. Es una situación que se da especialmente en ayuntamientos costeros, en los que los arrendadores prefieren alquilar únicamente en verano a precios más elevados que comprometerse con contratos menos cuantiosos de entre uno y tres años.

También sostienen los ayuntamientos que una buena parte de las viviendas que se proponen no cumplen los requisitos mínimos de habitabilidad, de forma que los técnicos municipales de urbanismo se ven obligados a realizar informes desfavorables. Existe además la opinión de que el programa requiere una cierta capacidad económica de los arrendatarios para hacer frente al alquiler, incompatible en la práctica en muchos casos con los requisitos que se les exigen para acceder a las viviendas. La preferencia para acceder a los pisos adheridos se ofrece a colectivos sociales especialmente desfavorecidos, vulnerables o en situación de exclusión social, mujeres víctimas de violencia de género, personas mayores o jóvenes que pretendan acceder a la vivienda por primera vez.

El programa requiere una capacidad económica de los arrendatarios para hacer frente al alquiler, incompatible en muchos casos con los requisitos

El denominado Plan Aluga (Alquila) se puso en marcha en 2016, en pleno 'giro social' efectuado en vísperas de las elecciones que dieron a Alberto Núñez Feijóo su tercera mayoría absoluta. En ese contexto, el presidente de la Xunta reivindicaba su Gobierno como “el más social de España”, y Galicia como “la comunidad más solidaria” y la que más invierte en políticas sociales, mientras atacaba ya a los gobiernos de las ciudades por no sumarse al proyecto para favorecer el acceso a viviendas vacías.

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