El drama de los afectados por la pirotecnia de Tui: sin casa y sin acuerdo tras tres meses

Fue lo más parecido a un milagro que la explosión de un almacén clandestino de material pirotécnico de Paramos (Tui), el pasado 23 de mayo, provocara solo dos muertes. La detonación, que pudo sentirse en todo el sur de la provincia de Pontevedra, afectó a cientos de casas y solo la casualidad de que en esos momentos la zona no estuviera excesivamente poblada evitó una matanza. Tres meses después, los vecinos no se han repuesto del susto, mientras su disgusto va en aumento. Más de 30 familias siguen sin vivienda y otras 400 casas están en reconstrucción, aunque habitadas. Los que lo perdieron todo pueden optar a subvenciones por valor máximo de 109.000 euros, pero saben que en 2019 les esperan impuestos de hasta 40.000 euros. Muchos de ellos dudan si aceptar las ayudas si no se les exime en la declaración del año próximo.

Unas 2.000 personas se manifestaron el pasado fin de semana en Tui para reclamar al Gobierno que las ayudas no estén sujetas a tributación, que oscilan entre un 20% y un 40% de los fondos recibidos. Al frente de la manifestación se puso el alcalde de la localidad, Carlos Vázquez Padín, del PP, que posteriormente inició una “acampada” frente a la Diputación de Pontevedra, presidida por la socialista Carmela Silva, para exigir a la Administración que acelere los trámites de las ayudas. A Padín lo critica la oposición no solo por no haber vigilado que no se usara como almacén de productos pirotécnicos una nave que había sido precintada por su antecesor en la alcaldía, Enrique Cabaleiro, sino también porque había encargado los fuegos de las fiestas de la localidad a la empresa a pesar de conocer que había sido expedientada y clausurada.

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EC/Agencias

La situación es dramática para las familias que no han podido regresar a sus viviendas, pero también para los que han tenido que reconstruirlas. La zona cero de la explosión sigue acotada 100 días después. Los operarios están retirando el amianto, pero los vecinos lamentan que ninguna administración se haya hecho cargo de una actuación que calculan que costará en torno a 3,5 millones de euros. El perímetro afecta a las 31 casas totalmente destruidas. De sus habitantes, 11 familias residen en casas de alquiler subvencionadas por la Xunta, otras ocho son consideradas segundas residencias –y, por tanto, con ayudas limitadas a 53.000 euros– y el resto, 18 en total, han encontrado cobijo en viviendas de familiares o sufragadas por los seguros. Las casas afectadas suman un total de 428, de las que 86 presentan graves problemas estructurales.

El plazo de solicitud de ayudas para la reconstrucción estaba previsto para el 6 de septiembre, pero el hecho de que estén sujetas a tributación provoca que muchos de los afectados –entre los que abundan los jubilados– hayan decidido renunciar. “Contabilizan la contribución como un ingreso o un beneficio, como si te hubiera tocado la lotería”, lamenta Salvador García, presidente de la Plataforma de Afectados. “Con una pensión no contributiva, los que exceden los 3.000 euros pierden la pensión, y los que cobran una pensión mínima de unos 600 euros, dirían adiós a los complementos y se quedarían casi con la mitad”, añade.

La desgravación fiscal es una reivindicación que se conseguiría con la declaración del lugar como emergencia de protección civil, la antigua zona catastrófica, un proceso que los afectados entienden que puede tramitarse con “ciertas dificultades”. El hecho de que los desperfectos no se deban a causas naturales obstaculiza el dictamen, por lo que reclaman al Gobierno que apruebe un decreto específico que garantice las exenciones. “Lo necesitamos ya, porque si el Gobierno está redactando los presupuestos habrá que hacer una modificación de ley”, ha declarado el portavoz del colectivo de Paramos.

En el manifiesto que se leyó en la concentración del 26 de agosto, los vecinos anunciaron que seguirá con las movilizaciones hasta que el Gobierno atienda sus reivindicaciones. “Señores políticos, no permitiremos que se olviden de nosotros. Esperamos no tener que volver a juntar a toda la ciudadanía para alzar nuestra voz en las puertas de la Moncloa, pero si es necesario, no duden que así lo haremos. Señor Presidente, ayude a esta gente”, proclamaron. El Gobierno, mientras, se limita a expresar a través de su subdelegada en la provincia, Maica Larriba, su “compromiso” con los afectados y a destacar que trabaja “intensamente” para gestionar las ayudas.

Las ayudas a los afectados por la explosión fue uno de los asuntos que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, trasladó a Pedro Sánchez en la reunión que mantuvieron en la Moncloa el pasado 17 de julio. Larriba recordó que en esa ocasión el titular del Gobierno se comprometió a agilizar los trámites, pero instó al Ejecutivo gallego a respetar los plazos. Según la delegada, casi un 40% de las ayudas de emergencia están “remitidas” al Ministerio del Interior, pero recordó que no se pueden tramitar los expedientes sin completar la documentación exigida.

Las demandas no son solo para el Gobierno. También a la Xunta se le reclama que cumpla sus “compromisos verbales”, y al Ayuntamiento de Tui que agilice los trámites urbanísticos para recuperar la zona y concluir la fase de desescombro. La Administración local debe tramitar la normativa urbanística necesaria para que puedan reconstruir sus viviendas, ya que muchas de ellas no podrían volver a levantarse en el mismo sitio por no adecuarse al planeamiento. A la Diputación, mientras, le exigen “fondos suficientes para colaborar en la recuperación” del espacio dañado y que impulse un convenio con el Colegio Oficial de Arquitectos para la elaboración de las memorias de valoración.

Reclaman los vecinos un desescombro total, que incluya también el interior de las propiedades privadas. Un estudio municipal determinará los costes de esta tarea, pero desconocen si alguna Administración colaborará en la financiación. Tanto los que se han quedado sin casa como los que han tenido que repararlas añaden a la vivienda el valor de las decenas de coches que estaban aparcados en la zona y que quedaron totalmente calcinados, cuyo valor no está sujeto a más compensación que las del propio seguro de los vehículos.

La Xunta anunció esta semana que ampliará un mes más el plazo para solicitar ayudas para viviendas, una decisión que vino acompañada de una reclamación al Gobierno para que “arrime el hombro” en lugar de “ponerse de perfil”, ante la petición de desgravaciones fiscales. El fuego cruzado entre Administraciones de distinto color político, que tiene atrapados a los afectados, incluye acusaciones de la 'conselleira' de Infraestructuras, Ethel Vázquez, de “pasividad” dirigidas contra la Diputación de Pontevedra.