la factoría naval de marín ya es historia

El fin de la extravagante (y ruinosa) aventura naval de Corporación Dermoestética

El juez da por finalizada la liquidación de Factoría Naval de Marín, la empresa de yates de lujo que se tragó 15 millones de euros de la Xunta

Foto: Constructores navales trabajan en la construcción de un crucero. (Reuters)
Constructores navales trabajan en la construcción de un crucero. (Reuters)

Factoría Naval de Marín ya es historia. El Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra ha dictado el auto de conclusión de la fase de liquidación del astillero y la revocación de los administradores concursales, lo que pone fin a una de las aventuras más extravagantes de la Galicia de las vacas gordas: el desembarco en 2006 de la malograda Corporación Dermoestética en el naval. Pese a su absoluto desconocimiento del sector, su principal accionista, José María Suescun Verdugo, compró el mayor astillero de la ría de Pontevedra para especializarlo en la construcción de megayates de recreo, una idea condenada a la ruina que deja tras de sí un centenar de puestos de trabajo y 15 millones de euros de ayudas públicas de la Xunta.

Suescun tuvo como compañeros de viaje a La Caixa Galicia de José Luis Méndez y al industrial vigués Pablo Comesaña. Juntos diseñaron un plan de negocio que pasaba por descartar las reparaciones navales en las que estaba especializada la empresa y emprender la construcción de yates con casco de acero de hasta 100 metros de eslora. Para ello, compraron los dos astilleros que poseía el Grupo Nogueira, Factoría Naval de Marín y Astilleros de Marín, y los reconvirtieron en Daimon Naval SA. Invirtieron 15 millones de euros, de forma que Suescun y Comesaña se repartían a partes iguales el 90 % de las acciones y el 10 % restante quedaba en manos de Caixa Galicia. Aseguraban disponer de una cartera de pedidos para cinco años y varios clientes de todo el mundo en el sector náutico de lujo.

En un principio, las cosas marcharon razonablemente bien. Entre la cartera de pedidos de que disponían los astilleros —seis barcos de 90 metros de eslora y dos remolcadores— y los primeros pedidos, la situación parecía holgada cuando en 2008 comenzó en Marín la construcción de lo que se anunció como el mayor velero del mundo: el Sea Cloud Hussar, con 135,7 metros de eslora y un presupuesto de 65 millones de euros. El barco acabaría abandonado durante casi cinco años en los muelles de la ría de Pontevedra para terminar en manos de su acreedor hipotecario, Bankia, una metáfora de la ocurrencia naval del dueño de Corporación Dermoestética.

Tampoco se pudo terminar en los astilleros de Marín otro de los grandes proyectos de su Factoría Naval: el megayate que pretendía construirse el empresario gallego afincado en Madrid Fernando Fernández Tapias, de 59 metros de eslora, cinco cubiertas, piscina, ascensor panorámico y un camarote principal de 60 metros cuadrados. En 2010, canceló el pedido aduciendo incumplimiento de plazos y recuperó el aval de 17 millones que había depositado, lo que dejó un roto considerable en las cuentas de la compañía. El barco, del que ya se había construido el casco, se terminaría en los astilleros Metalships de Vigo, que encontró comprador por 35 millones de euros.

La Xunta de Galicia inyectó más de 22 millones en el proyecto, de los que casi 15 se quedan sin cobrar

Los problemas no tardaron en aparecer. Apenas un año después de que exhibiera una supuesta cartera de pedidos por más de 200 millones de euros, con la construcción de cinco de sus famosos megayates, la empresa ya había sido declarada insolvente y negociaba ayudas de la Xunta, del Ministerio de Industria y de Pymar (Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión) para prolongar su agonía.

Especialmente generosa con las andanzas de Suescun, Comesaña y Méndez fue la Xunta de Galicia, que inyectó más de 22 millones de euros en el proyecto, de los que casi 15 se quedan sin cobrar. Primero fueron 17 millones en forma de avales y préstamos participativos del Igape y Xesgalicia, dos de los brazos inversores de la Consellería de Economía, y pocos meses después cayeron otros cinco. En total, fueron 17 millones como aval y 5,1 de crédito participativo. Frente a ese esfuerzo, Suescun, Caixa Galicia y Comesaña aportaban tan solo 320.000 euros. “Es la última y definitiva oportunidad para que el astillero no tenga más problemas”, afirmó en agosto de 2010 el entonces 'conselleiro', Javier Guerra, tras conceder una nueva ayuda. Pero vaya si los tuvo. Solo dos meses después, Factoría Naval presentaba concurso de acreedores.

El juez autorizó en 2015 la venta de la unidad productiva de la empresa al astillero Nordosa, lo que permitió hacer frente a parte de las deudas

Fue la primera de las tres suspensiones de pagos que afrontó la empresa entre 2010 y 2014. Ese año, encaró la tercera y definitiva, a la que llegó con un pasivo de 73 millones de euros y unas pérdidas que ascendieron a 11 millones solo en 2011. El juez autorizó en 2015 la venta de la unidad productiva de la empresa al astillero Nordosa, una empresa del sector que ocupaba un espacio colindante a Factoría Naval en la ría, por 4,7 millones, lo que permitió hacer frente a parte de las deudas. La Xunta dio por perdidos en 2015 los 15 millones no recuperados, de acuerdo con el plan de liquidación de Factoría Naval que el juez dio por concluido el pasado 2 de julio.

El mantenimiento del empleo era una de las condiciones que estipuló la Xunta de Galicia para la concesión de sus avales

El fracaso del proyecto se llevó por delante una empresa que en 2010 contaba con 850 empleados, algunos de ellos con una antigüedad de hasta 35 años en la compañía, a los que hay que añadir los empleos indirectos que generaba en el sector. El mantenimiento del empleo era precisamente una de las condiciones que estipuló la Xunta para la concesión de sus avales. La empresa se comprometía a “mantener su estructura de personal fijo”, decía el documento firmado ante notario en mayo de 2011 para un préstamo de 10,5 millones de euros, pero no había pasado un año cuando se comunicó a la plantilla el ERE de extinción.

La Xunta no fue la única Administración que respaldó la las andanzas del dueño de Corporación Dermoestética. También el Ministerio de Industria le concedió en subvenciones al menos medio millón de euros. La cantidad asciende a un millón, de acuerdo con los cálculos de la Abogacía del Estado, que realizó un informe para apoyar una acusación de la Fiscalía Provincial de Pontevedra de presunto fraude. El juez de lo penal número 2 de Pontevedra absolvió este mismo año a los dos antiguos directivos juzgados, para los que la Fiscalía pedía penas de tres años de cárcel para cada uno, además de la devolución del dinero ingresado. Según el fiscal, la empresa recibió las ayudas supuestamente destinadas a reorientar el astillero a la fabricación de megayates a la construcción de otro tipo de buques.

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