Vigo solo dispone de agua potable para 18 días y ya sale turbia del grifo

El agua que sale del grifo en determinados barrios de Vigo presenta desde hace unos días un color oscuro que ha alarmado a los vecinos. El Ayuntamiento llama a la calma y garantiza la potabilidad pero la tranquilidad es relativa cuando un informe de Aqualia, la empresa concesionaria del servicio, indicó el pasado día 1 de diciembre que si sigue en aumento la concentración de ferruginosa, provocada por el bajo nivel de los embalses, en 18 días ya no se podrá beber. Con concentración de hierro o sin ella, lo cierto es que el pantano que abastece a la mayor ciudad de Galicia estará seco en 75 días si no llegan las lluvias, y las que están llegando no parecen suficientes para alterar ese plazo de forma significativa.

No es una cuestión solo de Vigo ni del sur de Galicia: esta misma semana, la alerta por la sequía se ha extendido a todo el territorio gallego. Pero es en esta ciudad en donde es más severa y donde ha provocado un intenso conflicto político entre dos antagonistas habituales: el alcalde, Abel Caballero, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. La razón es el retraso en la aprobación de medidas preventivas, que solo muy recientemente se han adoptado. Caballero lleva semanas denunciando la "negligencia" del Gobierno gallego al desoír hasta el pasado lunes su reclamación de reducir el caudal ecológico en el embalse principal. "Feijóo es responsable de no haber hecho nada", le recriminó. El presidente, mientras, acusa a Caballero de no haber notificado la sequía "hasta hace un mes" y de "ocultar información desde el punto de vista de la potabilización".

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Antonio Villarreal Antonio Hernández Daniele Grasso

Los dos pantanos que surten a la mayor ciudad de Galicia y a otros ayuntamientos de su área, hasta sumar una población de 400.000 personas, se encuentran en mínimos históricos. El principal, el de Eiras, está al 36% de su capacidad, menos de la mitad de la media de los últimos diez años. En octubre, el ayuntamiento decretó medidas como la supresión de riegos y baldeos, la eliminación de fugas y un llamamiento al ahorro empresarial y doméstico que según el alcalde provocaron un ahorro del 20%, un porcentaje que Aqualia reduce al 3,3% en octubre y al 9,25% en noviembre. Con respecto a Vigo, la Xunta adoptó en los últimos días dos medidas. De un lado, el pasado lunes autorizó la reducción del caudal del río Oitavén a un 25%, una medida que hace solo dos semanas se descartaba categóricamente. Del otro, dio luz verde a un polémico trasvase desde el río Verdugo.

La decisión del trasvase está ocasionando un conflicto entre ayuntamientos. En los últimos días se han sucedido las manifestaciones

El bombeo de agua desde el Verdugo no será una obra sencilla ni barata. Presupuestada en más de cinco millones de euros —que abonará el Ayuntamiento de Vigo en un 80%—, su plazo de ejecución se aproxima a los tres meses. "Hay más posibilidades de que llueva antes de que se termine el agua", reconoció Caballero, que viene insistiendo en la "inmensa generosidad" de Vigo al surtir de agua a media docena de municipios, con lo que "el 25% del agua se va fuera de Vigo". "Si se le corta el agua a estos municipios tendríamos el problema resuelto. No lo vamos a hacer, pero esto es una forma de explicar que es una cuestión supramunicipal", apuntó.

Pese a esta afirmación, la decisión del trasvase está ocasionando un conflicto también entre ayuntamientos. En los últimos días se han sucedido las manifestaciones de miles de personas en localidades como Ponte Caldelas o Soutomaior que rechazan el bombeo desde el Verdugo de 350 litros por segundo, tal y como plantea el proyecto, cuando el caudal actual es de unos 800. El Ayuntamiento de Ponte Caldelas recurrirá el trasvase del río en cuanto sea aprobado, según confirmó su alcalde, Andrés Díaz, que está dispuesto a obstaculizar la obra por todos los medios. El BNG también anunció una denuncia por delito ambiental y que Ana Miranda —que sustituirá como eurodiputada el próximo mes de febrero a Josu Juaristi (EH Bildu)— trasladará el conflicto al Parlamento Europeo ante lo que considera un "incumplimiento de la normativa europea de aguas".

En el sur de Galicia hay un problema añadido relacionado con la sequía que no tiene que ver con los embalses, puesto que hay más de 22.500 familias que ya no disponen de agua por depender exclusivamente de pozos particulares que se han secado. Sin acceso a la red de abastecimiento municipal, todas esas viviendas, principalmente de la provincia de Pontevedra y enclavadas en un entorno rural, carecen de agua, por lo que se están disparando las solicitudes para realizar sondeos a mayor profundidad.

La situación es especialmente grave en Cangas —donde el 40% de los pozos ya se han quedado sin agua—, Ponteareas, Cuntis y Marín. En otras provincias, en Fene (A Coruña) hay ya parroquias que llevan sin agua desde el verano. Los pozos que se están secando son los que no exceden los 15 metros de profundidad, que son la mayoría de los de más antigüedad. La espera media para lograr que una empresa de sondeos perfore un pozo mayor que solucione el problema asciende actualmente a más de 30 días.

La dispersión de la población de Galicia complica la extensión de las redes de abastecimiento a muchos núcleos que dependen exclusivamente de pozos particulares. Sin alternativa de abastecimiento, la sequía está afectando no solo al consumo familiar, sino también al de numerosas explotaciones agrarias, que se ven obligadas a transportar agua de otros lugares o desplazar el ganado para mantener la actividad.

La sequía, que Feijóo ha reconocido como "de extrema gravedad", llevó el pasado lunes a los técnicos a elevar la alerta a toda la demarcación hidrográfica Galicia-Costa, al pasar de siete a la totalidad de sus 19 zonas bajo esa medida. Si a ello se le suma que la cuenca Miño-Sil ya estaba afectada en toda su superficie, el resultado es que prácticamente toda Galicia está ya en alerta por la escasez de agua. Las únicas excepciones son una franja en la ría de Robado y la zona más oriental de la provincia de Lugo, que se encuentra en prealerta, y otra en el sur de Ourense, que ya está en fase de emergencia.

La dispersión de la población de Galicia complica la extensión de las redes de abastecimiento a muchos núcleos que dependen de pozos particulares

El director general de Augas de Galicia, Roberto Rodríguez, justificó la decisión por el estado en el que se encuentran los ríos gallegos, con un 80% menos de agua de la que les corresponde por estas fechas. Con esta decisión, los ayuntamientos afectados de más de 20.000 habitantes deberán comunicar a la Xunta su plan de emergencia para informar de las medidas que van a tomar para ahorrar agua, y que pueden afectar no solo a espacios públicos y a particulares, sino también a empresas.

La extensión de la alerta la adoptó Augas de Galicia en la misma reunión en la que se autorizó reducir el caudal ecológico del embalse de Eiras al máximo legal, un cambio de postura del que culpó a Vigo por "carecer de capacidad para potabilizar el agua. Antes son las personas que los peces", justificó Rodríguez, que se sumó a las críticas de Feijóo al alcalde vigués por lo que consideró un retraso en la solución de esas supuestas deficiencias. Es otro capítulo más del constante fuego cruzado entre el Ayuntamiento de Vigo y la Xunta de Galicia, que las lluvias de estos últimos días apenas conseguirán sofocar.