El derrumbe de un edificio de Vigo, sin culpables 18 años después

Dieciocho años después de que el histórico edificio Odriozola se viniera abajo en pleno centro de Vigo, causando la muerte de una persona, una nueva batalla por las indemnizaciones acaba de arrancar en los juzgados de la ciudad. La promueven los vecinos perjudicados, entre ellos una viuda cuyo marido casi centenario falleció el año pasado, que porfían por unas cantidades que suman casi dos millones de euros. El edificio se desplomó mientras se llevaba a cabo la demolición de un inmueble colindante, cuando se vino abajo un muro medianero y con él el Odriozola. Los afectados lo intentan ahora por la vía civil, después de que por la penal el juez fallara que el derrumbe no tuvo que ver con las obras.

Para complicar un poco más un pleito judicial próximo a cumplir dos décadas, la promotora de las obras del edificio colindante no se personó en el juicio que se celebró esta semana, por lo que ha sido declarada en rebeldía. El juzgado de Primera Instancia número 10 ha dejado visto para sentencia el caso, que sufrió un nuevo aplazamiento en junio ante la falta de un perito considerado clave por los letrados. Fue otro capítulo más en la historia de retrasos y sentencias absolutorias que rodean uno de los pleitos más largos que se recuerdan en Vigo, que arrancó con la aparatosa caída del edificio de cinco plantas el 2 de marzo de 1999, provocando la muerte de una persona de 65 años y dejando sin casa a varias familias.

Son dos las familias que todavía insisten contra los presuntos responsables del derrumbe y reclaman más de 1,7 millones de euros

El caso se sustanció en la vía de lo penal con una sentencia absolutoria que sorprendió y decepcionó a los afectados, que no obstante han seguido litigando para conseguir sus indemnizaciones. Son dos las familias que todavía insisten contra los presuntos responsables del derrumbe. De un lado, un matrimonio de ancianos que residía en el ático del edificio siniestrado, que continúa adelante junto a su hijo la octogenaria que enviudó el pasado año. Y del otro, la entonces copropietaria de una farmacia ubicada en el bajo. Los demandantes reclaman cantidades que suman más de 1,7 millones de euros. La mayor partida que se pide corresponde al establecimiento farmacéutico.

La sentencia que agotó la vía penal no encontró culpables y absolvió a los nueve acusados. El juez consideró que no quedaba probada la relación entre las obras de demolición en el edificio anexo y la caída del histórico Odriozola, en la calle García Barbón, actual sede de la Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP). El juez concluyó en enero que el accidente era imprevisible y no se podía atribuir a los trabajos de demolición, una sentencia que fue ratificada por la Audiencia Provincial en enero de 2014. El fallo echó atrás a algunos de los demandantes, pero no a todos. El matrimonio de ancianos y los propietarios de la farmacia lo volvieron a intentar por la vía civil, con el objetivo de ver al fin reconocido su derecho a indemnización.

No se demostró la supuesta "relación técnica" entre la caída del muro y las obras en la finca colindante, por lo que se considera un derrumbe "accidental"

Según la sentencia ratificada por la Audiencia, no quedó demostrada la supuesta "relación técnica" entre la caída del muro y las obras en la finca colindante, por lo que el derrumbe se consideró "accidental". Los afectados no pudieron probar que el derribo fuera "escandaloso" y el accidente previsible. La Audiencia hizo una excepción y liberó a la familia de la fallecida y a los inquilinos del ático de pagar las costas del pleito, a los que el juez de lo penal atribuía una actuación temeraria al acusar a la arquitecta y a la promotora de la demolición.

La demanda civil se formula contra la empresa Guneypro, propietaria del inmueble colindante; Rogina Instalaciones SL, a quien pertenece el ya reconstruido Odriozola; el contratista que dirigió la demolición y dos aparejadores, así como las aseguradoras. Comparecieron todas las partes menos el entonces responsable de Guneypro, empresa declarada por ello en rebeldía. Los administradores de esta compañía no han respondido a las citaciones del juez, lo que demoró el pleito. Para desbloquearlo, el titular del juzgado publicó un edicto en el tablón de anuncios, lo que ha permitido celebrar el juicio sin necesidad de que acudan los demandados este mes de septiembre, seis meses más tarde de lo inicialmente previsto.

Los demandantes declararon que los días previos al colapso, durante las obras en el edifico contiguo, "temblaban las habitaciones y caían objetos"

El caso Odriozola no es el único litigio que mantiene abierto Guneypro, que hace dos años se declaró culpable de defraudar más de 730.000 euros a Hacienda por la venta de 85 pisos en 2010. Su administrador único fue detenido en junio del pasado año en una importante operación contra el narcotráfico, aunque su ingreso en la empresa fue posterior al fatídico accidente de 1999.

En esta nueva causa civil, los demandantes declararon que en los días previos al colapso, durante las obras en el edifico contiguo, “temblaban las habitaciones y caían objetos”. El testimonio de la viuda del ático fue una demostración de perseverancia, una reclamación de justicia tras perder su casa de toda la vida. “Nos dijeron que nos iban a devolver todo y aún estamos esperando", afirmaba la mujer el primer día de este nuevo juicio, tras recordar que su suegro había sido el primer inquilino del inmueble, con un contrato de arrendamiento de 1933. La mujer precisó que ella y su marido vivieron allí 63 años, y su hijo narró la pelea que mantuvo su padre hasta el final para volver a vivir en el mismo edificio. “Pero era impracticable”, comentó.

Los afectados esperan que esta vez el juez les dé la razón, aunque hayan trascurrido casi 20 años desde el día que cambió sus vidas para siempre

Respecto al estado de las estructuras antes de su derrumbe, el hijo de los inquilinos del ático aseguró que no contaban con humedades ni desperfectos. Durante los trabajos de demolición, en cambio, notaban cómo la casa “se movía y temblaba”. “Estaba cantadísimo que iba a ocurrir un siniestro; aquello no pintaba nada bien”, relató el mismo testigo, que agregó que antes del accidente intentó hablar con “el capataz” de la obra para advertirle de la situación, pero que no le fue posible. “Hicieron caso omiso”, lamentó.

En el juicio también se recogieron los testimonios de distintos expertos que realizaron sus informes periciales sobre la caída del muro medianero. Uno de ellos, que examinó el escenario de las ruinas tras el accidente, admitió que el derrumbe “no fue casualidad, fue causal”. En su informe, apunta a que hubo una deficiente demolición de la obra colindante. Otro de los peritos ratificó que al muro afectado se le transmitían las vibraciones de las obras de demolición colindantes, y que la no reparación del hueco generado por las vigas retiradas modificó el equilibrio. Parte de la estructura de la casa aguantó y no se vino abajo, lo que para el abogado de los perjudicados supone que realmente el inmueble tenía robustez en la parte en la que no se tocó por las obras de demolición. La supresión de los forjados, en cambio, “sí influyó”.

En esta nueva vista civil, los informes de los demandantes ponen de manifiesto que la empresa que realizó las obras carecía de cualificación, la “ausencia” de un proyecto básico para acometerlas y que los trabajos fueron “inadecuados”. Los afectados esperan que esta vez el juez les dé la razón, aunque hayan trascurrido casi 20 años desde el día que cambió sus vidas para siempre.