El macrocentro comercial que desató demandas y sospechas de corrupción

Pocos lugares rebosan tanta paz en Vigo como los montes de Cabral. Bosques, pajaritos y unas colosales vistas sobre la ría y las islas Cíes conforman un oasis de tranquilidad a escasos kilómetros del bullicioso centro. Hasta que llegó Eurofund Group y puso 18 millones encima de la mesa para ubicar allí mismo un macrocentro comercial de medio millón de metros cuadrados. Desde entonces, Cabral es noticia por las asambleas a puñetazos, por un incesante cruce de demandas judiciales y por la sospecha de corrupción en el seno de la junta directiva de la comunidad de montes, la entidad vecinal a la que pertenece gran parte del terreno que interesa a los promotores del proyecto.

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Vigo ordenó registrar la sede de los comuneros el pasado viernes para localizar la documentación que justifique el gasto de casi tres millones de euros en terrenos. Presidente y secretario de la entidad evitaron la foto de los policías entrando en sus locales al depositar la documentación la víspera en sede judicial, pero hasta ese punto tuvieron que llegar los opositores a la junta, críticos con el proyecto comercial, para conocer las cuentas. Así funciona un organismo que maneja presupuestos millonarios, pero en el que son constantes las denuncias de opacidad en el manejo de los fondos y las sospechas de pucherazos con el censo, entre otras presuntas irregularidades.

Eurofund no ha desistido de su macroproyecto. Denominado Porto Cabral, preveía inicialmente una inversión de 500 millones de euros

Las diferencias en la comunidad saltaron a los telediarios en mayo de 2013, cuando la asamblea en la que se iba a votar —a mano alzada y sin apenas debate— la venta de terrenos a Eurofund por 18 millones acabó con siete heridos y tres detenidos. Un grupo de propietarios logró impedir la votación, que se produjo seis meses después ya con voto en urna y un cierto control del censo, y en la que los críticos lograron tumbar la propuesta de la directiva por 344 votos frente a 299. No ayudó al presidente y los suyos que, durante ese medio año, se destapase una insólita permuta de terrenos con una sociedad inmobiliaria que resultó de dudosa rentabilidad para la dividida comunidad de montes, y por la que están siendo investigados su presidente, Luis Rodríguez, y su secretario, Manuel Costas, a los que un juzgado vigués ha imputado por supuestos delitos de apropiación indebida.

La operación, que ha supuesto la imputación de los dos dirigentes de la comunidad, se inició en 2006, en plena burbuja urbanística, y culminó a principios de 2012, aunque tardase más de un año en trascender. Consistió en una permuta con el titular de una sociedad inmobiliaria denominada Grucave, a la que la comunidad de montes aportó 3.140 metros cuadrados de terreno industrial a cambio de apenas 4.300 metros cuadrados de terreno rústico y clasificado como comunal. Eso no fue todo, ya que previamente la comunidad tuvo que invertir 239.580 euros para comprar una parcela de 714 metros cuadrados y completar así la finca que le interesaba a la promotora. La permuta se ejecutó a pesar de contar con un informe en contra de la Xunta.

Pese a todos los reveses sufridos, Eurofund no ha desistido de su macroproyecto comercial. Denominado Porto Cabral, preveía inicialmente una inversión de 500 millones de euros y estaba llamado a convertirse en el mayor centro comercial de Galicia. El modelo consiste en la creación de un parque de escala regional que abarcaría desde el norte de Galicia al norte de Portugal para ofrecer no solo compras, sino también ocio y deporte. Sus responsables hablaban en pleno 2013 de la creación de 2.000 empleos directos y 3.000 en la fase de explotación, unas cifras que pusieron al alcalde de Vigo, Abel Caballero, de parte del inversor. Pero la escasa transparencia del presidente de los comuneros en las negociaciones —nula, según sus opositores— suscitó las suspicacias de una mayoría de los comuneros.

El Plan General de Vigo admite el desarrollo de Porto Cabral, pero para desarrollarlo por la vía rápida es necesario un convenio que se frustró por los pelos en la asamblea de noviembre de 2013. Les queda a los promotores la posibilidad de forzar expropiaciones, un método que se prevé largo y conflictivo. La alternativa es un nuevo planeamiento, pero incluso en eso la suerte ha esquivado a los empresarios, al anular el Tribunal Supremo en diciembre de 2015 el plan del que se había dotado el ayuntamiento vigués. Eurofund porfía, eleva la inversión prevista a 600 millones y habla de hasta 20 millones de clientes al año.

Propiedad comunal

La de Cabral es una de tantas comunidades de vecinos que existen en Galicia, cuyo territorio alberga más de 700.000 hectáreas de monte vecinal en propiedad comunal, gestionado por 2.800 comunidades. Claro que no todas manejan presupuestos tan suculentos como la viguesa, que gracias a su estratégica ubicación ha firmado convenios cuantiosos para el desarrollo de importantes infraestructuras. Una de ellas es el aeropuerto, por el que AENA pagó siete millones de euros en 2010. “¿Qué se ha hecho con ese dinero? No lo sabemos, no nos informan”, lamenta un portavoz del sector crítico. Es parte de la documentación que reclaman y que, se supone, figura en los archivos entregados la pasada semana en los juzgados.

“Tampoco conocemos la gestión presupuestaria. Mucho nos tememos que se ha gastado lo que se creyó que se iba a ingresar por Porto Cabral”, denuncia la oposición. El pasado domingo era la fecha prevista para la aprobación de las cuentas del presente año, pero no fue la única asamblea que se celebró. El juez obligó a la directiva a convocar otra, esta extraordinaria, que da idea de la magnitud de los intereses en juego, y tiene que ver con la resistencia de la directiva a admitir nuevos comuneros que puedan alterar la mayoría. En lugar de dar entrada a esos nuevos socios, el presidente decidió votar si se debía celebrar o no una asamblea de admisión. Como es lógico, se impuso la actual mayoría, que permanecerá convenientemente intacta.