El diputado millonario que pidió un subsidio al Congreso recupera el bastón de mando

La carrera política de Telmo Martín está trufada de recurrentes anécdotas que lo convierten en noticia. Puede que a los compradores de viviendas sociales a los que su promotora Construcuatro les cobraba sobresueldos sus andanzas le parecieran poco anecdóticas, pero ni él ni su partido, el PP, consideraron relevantes esa ni muchas otras aventuras del político gallego, que este mes de junio recuperará la alcaldía de Sanxenxo. Es la Marbella gallega, la capital de las Rías Baixas, la localidad en la que veranea su amigo Mariano Rajoy y en la que, siendo alcalde, recalificó terrenos de Construcuatro que luego urbanizó convenientemente. Es la localidad que ahora recupera tras la ruptura del actual gobierno municipal y mediante un pacto del PP con el partido del aún alcalde.

Tras unos cuantos años de cierta tranquilidad, lo que siendo diputado suele ser sinónimo de escasa actividad, la última aventura que le hizo recobrar la popularidad perdida la protagonizó en marzo de 2016. Tras perder el acta parlamentaria, el millonario Martín, el más rico de los padres de la patria de su legislatura y de muchas otras, solicitó un subsidio al Congreso de los Diputados de 2.800 euros mensuales. Sostenía que no tenía ninguna otra vía de ingresos, y se le concedió. Solo que esta vez el ruido le perjudicó, y el fontanero que hizo fortuna con sus promociones y con sus forjados, pero sobre todo con un contrato con el Ministerio de Fomento de Francisco Álvarez Cascos para la T-4, tuvo que renunciar a las cuatro mensualidades solicitadas. Lo hizo, explicaba en un comunicado, pese a que la legalidad le asistía, para no alimentar “una polémica y un debate”.

En su etapa anterior como alcalde, Telmo Martín recalificó terrenos de su empresa Construcuatro que luego urbanizó convenientemente

Telmo Martín no era el único diputado saliente que solicitaba la pensión, hasta 64 lo hicieron, pero la declaración de bienes que firmó cuando tomó posesión de su escaño no parecía describir a un necesitado. El valor de sus participaciones ascendía a 20,2 millones de euros, repartidos entre el Grupo Industrial Martín Táboas, valorada en 4,79 millones de euros, y otras cinco firmas en las que era dueño de la tercera parte. Por ejemplo, Construcuatro, con un valor de 13,4 millones, mientras que en Inmobiliario Avenida de Uruguay poseía un valor de 1,7 millones. Su participación en Grupo Inmobiliario Atlántico Sur estaba valorada en 315.914 euros, y en Promociones Lordelo y Construcuatro Grupo Inmobiliario, en 14.648 y 10.615 euros, respectivamente.

Todo eso tenía Martín en 2012, junto a 236.145 euros en sus cuentas corrientes, planes de pensiones y posesiones inmobiliarias. Salvo para él –al menos inicialmente–, una fortuna incompatible con la ayuda, que se otorga para compensar la falta de ingresos tras pasar por la Cámara baja. Así lo creyó su partido, alarmado por el escándalo. “Espero que tome las medidas oportunas”, sentenció el entonces número dos del PP gallego, Alfonso Rueda. Y, al poco, Martín renunció.

El empresario y político regresó a la oposición en Sanxenxo, la localidad donde logró sus mayores éxitos empresariales y políticos, muchas veces los unos de la mano de los otros. Ocurrió con la más sonada de sus aventuras, cometida en 2003, cuando siendo alcalde impulsó por la vía de urgencia un Plan General de Ordenación Urbana totalmente nuevo, pero conocida casi cuatro años después, cuando se supo que entre los terrenos recalificados se encontraban unos humedales que Construcuatro había comprado por cuatro perras, y que vendió en 2004 por 2,8 millones. Martín poseía entonces el 33% de la promotora.

Sobre aquellas fincas, incluidas en el catálogo de zonas húmedas de Galicia elaborado por la Xunta, se construyó un centenar de pisos de lujo en primera línea de la playa de Portonovo, en el que entonces era el municipio con el suelo más caro de Galicia. No poca cosa, si se tiene en cuenta que eran años de burbuja. Martín, elegido alcalde en 2000, no tardó en poner el ojo sobre aquellos terrenos, que fue reuniendo para venderlos ya como suelo urbanizable y para los que concedió licencia de construcción poco más tarde. El Tribunal Supremo investigó aquella operación, pero concluyó que todo era conforme a la legalidad, mientras su partido defendía el derecho de los alcaldes a mantener sus negocios, incluso aunque fueran inmobiliarios en los municipios que gobernaban.

Martín ha vivido otros momentos amargos, como cuando la justicia le confirmó una multa de 2,5 millones de euros por lo de los sobreprecios en las viviendas sociales. Y también altibajos. Aquel Plan General de 2003 que recalificó su humedal benefició igualmente a otra autoridad de la época: la entonces jefa de la Demarcación de Costas del Estado, Cristina Paz-Curbera, que vio de repente legalizado un chalé en Sanxenxo tan próximo a la costa que ella misma debía custodiar que hasta se asomaba al borde de un acantilado. Paz-Curbera, a su vez, había dado cobertura con un informe favorable a otra de las aventuras empresariales de Martín cuando era alcalde: la construcción del edificio de seis plantas delante de la playa de Silgar, la misma en la que se fotografía Rajoy todos los agostos, que invade la distancia mínima que exige la Ley de Costas.

El Supremo concluyó que la operación urbanística fue legal, mientras su partido defendía el derecho de los alcaldes a mantener sus negocios

De ahí no salieron Martín y su empresa tan bien parados. No porque la Xunta los persiguiera. De hecho, un consejo de Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo les condonó una sanción de tres millones de euros basándose en el informe de Paz-Curbera. Pero sí por lo dictado por el Tribunal Supremo, que el pasado año declaró la ilegalidad de la construcción y ordenó su derribo.

El alcalde que vele por el cumplimiento de esa sentencia de demolición será el mismo que promovió la urbanización y el mismo que le dio licencia: Telmo Martín, que fracasó en 2007 y 2011 en sendos asaltos a la alcaldía de Pontevedra, pero que ahora recupera la de Sanxenxo de la mano de un partido escindido del PP, tras la ruptura de la coalición que mantenía con PSOE y BNG. No es de extrañar que, en una localidad con esos antecedentes, el urbanismo estuviera detrás del divorcio del gobierno, que se acabó de consumar por las diferencias entre los socios sobre la reforma de una céntrica calle. En realidad, el ejecutivo local se tambaleaba desde que una dimisión lo dejó en minoría al principio del mandato. Lo que resultaba más complicado era justificar la entrega del gobierno a los populares por un alcalde que, aunque elegido por un partido escindido del PP, repitió en campaña que no era ningún satélite de la formación que lidera en Galicia Alberto Núñez Feijóo. Ahora recapacita, y Martín recupera el bastón de mando y, sobre todo, las competencias de urbanismo.