La Audiencia reabre la causa contra el exedil del PP que llamó zorra a Carmela Silva

La Audiencia Provincial acaba de asestar un duro varapalo a la titular del juzgado número 3 de Pontevedra, que archivó la causa contra el exconcejal del PP que había tachado en Facebook de “zorra” a la presidenta de la Diputación provincial, Carmela Silva. La sección 4ª de la Audiencia ha emitido un auto en el que ordena la reapertura de la investigación, al considerar “precipitado” el cierre del procedimiento por la titular del juzgado, con competencias en materia de violencia de género.

La decisión de la Audiencia estima los argumentos de la Fiscalía y de la Diputación de Pontevedra, que recurrieron el archivo de la causa contra el entonces concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Moraña, Jorge Caldas –dimitido en febrero de 2016 por la presión política tras sus insultos– , que publicó un post en Facebook en el que llamaba a Silva “mala zorra y sinvergüenza” por haber suspendido la subvención a un circuito de rally. No solo eso. Caldas incluía otras expresiones como “menuda furcia”, “FUR-CIA” e “hija de puta”, después de que en un pleno, la Diputación anunciara la decisión de rechazar las ayudas a la citada actividad. El edil respaldó con un me gusta improperios aún más fuertes, escritos en la misma red social por otro militante del PP de Moraña.

Jorge Caldas publicó un post en Facebook en el que llamaba a Silva “mala zorra y sinvergüenza” tras suspender la subvención a un circuito de rally

Para la juez que instruyó inicialmente el caso, los improperios “no transgreden los límites del derecho a la libertad de expresión”. Son expresiones que, “aunque soeces, no tienen otro alcance que el de poner de manifiesto la disconformidad con tal decisión” –el rechazo de la subvención–, sostenía la titular del número 3 de Pontevedra, que añadía que el empleo de esos insultos “no resulta inhabitual en la actualidad en las manifestaciones de los cargos públicos”, y los disculpaba por estimar que son fruto de la “obcecación” al conocer la decisión de la Diputación.

El auto de la Audiencia provincial sostiene en cambio que hay motivos para investigar un eventual delito de injurias. “El tribunal considera precipitado el cierre del procedimiento sin haber practicado diligencia de investigación alguna tendente a indagar la verdadera finalidad de las expresiones publicadas”, señala la resolución, en la que que advierte que, aunque el conflicto se originase en un pleno de la Diputación, “no se puede perder de vista que tales expresiones no se pronuncian en dicho pleno, sino horas después y a través de una red social de gran difusión”. “Tratándose de expresiones, sin duda, objetivamente ofensivas, es necesario averiguar si concurre o no el elemento subjetivo del delito denunciado”, por lo que admite los recursos y revoca la resolución recurrida.

Carmela Silva, exportavoz del PSOE en el Senado y secretaria segunda en el Congreso entre 2011 y 2016, reaccionó en su día con “indignación” ante lo que consideró un auto “escandaloso” de archivo, de la denuncia, especialmente teniendo en cuenta que la juez que lo dictó tiene competencias en materia de violencia de género. En el caso de los insultos contra Silva, el auto señalaba que “los términos empleados suponen un lenguaje soez que, sin embargo, no resulta inhabitual en la actualidad en las manifestaciones de los cargos públicos”. La juez señalaba también como atenuante el hecho de que esas afirmaciones se realizaran “en un momento de obcecación, al tener precisamente conocimiento de la decisión” de no subvencionar la citada prueba deportiva, “y con mayor razón si no estaba (el autor de los improperios) en el pleno” en el que se realizó ese anuncio.

Tanto los insultos a Carmela Silva como el posterior archivo judicial provocaron un gran revuelo político que forzó la dimisión de Jorge Caldas

“Es precisamente en dicho contexto en el que deben valorarse las expresiones denunciadas, y aun exigirse responsabilidades y no en la vía penal, no estimando (que) se trate de expresiones gravemente ofensivas, ni, por ello, que hayan transgredido los límites genéricos de la libertad de expresión”, señalaba el auto anulado. La resolución apelaba a doctrina del Tribunal Constitucional para sostener que la libertad de opinión no comprende solo la crítica de la conducta, “aun cuando sea desabrida, y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige”, puesto que “así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura”.

Tanto los insultos a Carmela Silva como el posterior archivo judicial provocaron un gran revuelo político que forzó la dimisión de Jorge Caldas. La presidenta de la Diputación calificó el caso de “violencia machista”. “Lo que me preocupa son todas esas mujeres que no tienen voz y que son agredidas cada día. A esas mujeres les estamos diciendo todos los días que sean valientes y que denuncien en los juzgados los ataques y la violencia machista”, señaló la presidenta, que añadió que “cuando conozcan el contenido de este auto les estamos diciendo que no merece la pena denunciar” y que hay que “aguantar esos insultos”.

La presidenta de la Diputación se declaró este lunes “satisfecha” con la decisión de a Audiencia provincia. “En esta sociedad tenemos que ser capaces de poner límites a todas las violencias machistas”, valoró Silva, que recordó que fue objeto de insultos “gravísimos”. “Es fundamental, es obligatorio que sancionemos este tipo de comportamientos”, añadió la también concejal de Vigo, dado que “una sociedad decente y avanzada que quiera contar con más de la mitad de la población”, en alusión a las mujeres, “no puede permitir que queden sin sanción” este tipo de insultos y situaciones.