El refugio futbolístico de un barón popular tres veces imputado

Una tras otra, las imputaciones se suceden en la persona de Rafael Louzán, presidente durante 12 años de la Diputación de Pontevedra, largo tiempo presidente también del PP provincial y, desde diciembre de 2014, máximo responsable de la Federación Gallega de Fútbol. La última tiene que ver con un supuesto delito continuado de cohecho, que se sustanciaría a través del alquiler de unos bajos de su propiedad a un exdiputado provincial de su partido, Severino Reguera, a un precio muy superior al de mercado. El reciente auto de apertura del juicio oral por esta causa ha provocado que el exbarón provincial pida la baja temporal en el partido, pero no su cese como asesor del PP en la institución provincial y, mucho menos, su dimisión como presidente federativo.

La renuncia al cargo de asesor obligaría a Louzán a reincorporarse a su plaza como conserje de un polideportivo de su Ribadumia natal (Pontevedra) para no perderla. Fue allí, como bedel y de la mano del entonces alcalde Nené Barral, como Louzán entró en política. Barral, defraudador a Hacienda confeso e imputado por contrabando, creó la plaza, la misma que ahora su ahijado político trata de amarrar, antes de promoverle como concejal, teniente de alcalde y número dos de una Diputación que no tardaría en presidir.

Pocas horas después de conocer su imputación en el caso Reguera, Louzán convocó a los medios y anunció su renuncia temporal al PP. “Es un asunto que surge de una denuncia anónima pero no hay nada de nada. Es una persecución por mi cargo político”, lamentó el otrora barón provincial, una figura que asumió a imagen y semejanza de José Luis Baltar en Ourense o Francisco Cacharro en Lugo, provincias donde ambos se hicieron fuertes frente a la dirección gallega del PP mediante la acumulación de poder orgánico e institucional.

Louzán nunca alcanzó las cotas de independencia de la sede gallega del PP que disfrutaron Baltar y Cacharro, pero sí se benefició de la bendición primero de Fraga y después de Feijóo frente a las denuncias de la oposición durante sus tres sucesivos mandatos. Se le acusó de nepotismo y de enriquecimiento sospechoso. Circuló una lista de 40 funcionarios “enchufados” por él, y hasta la empresa que fundó su chófer se puso bajo la lupa, con adjudicaciones millonarias que la convirtieron en una contratista privilegiada de la Diputación. Pero solo ahora que se ha refugiado en el fútbol las acusaciones se han convertido en causas judiciales.

Se lanzó Louzán a por la Federación Gallega en 2014, apenas un año antes de que el PP se quedara en minoría y perdiera la Diputación provincial de Pontevedra. Para entonces ya estaba en marcha, aunque de forma incipiente, uno de los tres grandes asuntos que dan trabajo a los abogados de Louzán, el caso Patos, por irregularidades en adjudicaciones de obras públicas y recepción de regalos. Pero ahí su responsabilidad se diluía en la extensa nómina de imputados. Medio centenar de personas están siendo investigadas por la supuesta recepción de regalos por parte del dueño de una constructora que se benefició de múltiples adjudicaciones públicas.

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Pablo López. Vigo

Louzán compareció en febrero de 2016 ante la juez de Pontevedra que instruye el sumario Patos, pero se acogió a su derecho a no declarar. Sí habló para los periodistas, a los que aseguró que él era “uno más” en el ente provincial que presidía, descargando así en los técnicos toda la responsabilidad en la tramitación de las obras. Los contratos bajo sospecha por los que comparece Louzán son los del campo de futbol de Moraña, Coia y Coruxo, así como los del saneamiento de Nigrán y otras obras adjudicadas a la misma empresa en distintas localidades de la provincia. También aparece como receptor de un reloj valorado en 2.500 euros.

Los regalos sospechosos volvieron a provocarle problemas a Louzán en el marco de la operación Cóndor. En la lista que elaboró el Servicio de Vigilancia Aduanera para la juez de Lugo, Pilar de Lara, de receptores de lotes de vino de lujo, junto a los nombres de Alberto Núñez Feijóo o José Blanco aparece también el de Rafael Louzán, aunque a diferencia de aquellos, él no es aforado. Es por esa razón por la que fue citado en los juzgados el pasado 15 de diciembre, ya en calidad de investigado por cohecho impropio. Una vez más, Louzán no quiso hablar delante de la juez.

“Lo que decidimos fue que temporalmente, mientras no nos dé más información por estar la causa bajo secreto de sumario, acogernos al derecho a no declarar”, indicó a la salida de los juzgados lucenses. Según la documentación que maneja la juez, Louzán recibió entre 2010 y 2013 del magnate del transporte de pasajeros Raúl López lotes de vino valorados en casi 1.500 euros. En esos años, las adjudicaciones de la Diputación al grupo empresarial de López ascendieron a 112.000 euros. Louzán afirmó a los medios de comunicación que “no tiene constancia” de haber recibido los regalos citados en el informe judicial.

Louzán resistió dos semanas más antes de presentar la baja en el partido de Feijóo. El auto de apertura del juicio oral por el caso Reguera fue la gota que colmó el vaso, aunque la oposición reclama su renuncia como asesor del PP y lo considera incapacitado para gestionar los fondos de la Federación Gallega de Fútbol. La juez dictaminó la apertura de un juicio contra Louzán, su esposa y el exdiputado provincial Severino Reguera al asumir la tesis del fiscal, que acusa a todos ellos de crear “una sociedad encubierta” en la que Reguera pagaba al matrimonio del entonces presidente de la Diputación unas cuotas de alquiler superiores entre un 60% y un 100% a la media, que suman más de 235.000 euros en seis años.

Según la documentación, Louzán recibió entre 2010 y 2013 del magnate del transporte Raúl López lotes de vino valorados en casi 1.500 euros

“Se infiere que el señor Louzán y esposa adquirieron unos locales comerciales de importante valor sabiendo desde el principio que el precio de la compra (préstamo hipotecario) iba a ser pagado por la empresa de una persona que también ejerce cargo político en el mismo organismo (Diputación Provincial de Pontevedra) y mismo partido, y cuya proyección política, no es difícil adivinar, depende de aquél. Se trata de un trato de favor al expresidente del Organismo Provincial y su esposa que, en definitiva, supone el regalo en consideración al cargo del mismo de unas importantes cantidades de dinero, y finalmente y a la postre, de los locales comerciales, o incluso de la totalidad del local unificado”, relata el informe del fiscal.

El documento de la fiscalía también abunda en otras “actividades y conexiones” entre Louzán y Reguera, algunas de ellas igualmente objeto de distintas investigaciones judiciales. Por ejemplo, las reiteradas adjudicaciones a una empresa vinculada al exdiputado, hecho por el que se siguen diligencias penales en un juzgado de instrucción de Pontevedra. Por el caso Reguera, el fiscal propone para Louzán las penas de un año de prisión, un año de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y suspensión de empleo y cargo público por tiempo de dos años y tres meses.

“Parece que el asunto se limita a que el juez valore si el precio del alquiler de mis bajos estaba dentro del mercado o no”, trató de zanjar Louzán ante los periodistas. Del cargo público ya fue alejado Louzán en 2015 por las urnas. De momento, el PP lo mantiene como personal eventual de la Diputación, lo que le evita la obligación de reincorporarse a su puesto de funcionario como conserje en Ribadumia para conservar la plaza.