La gestora del PSdeG ingresa en la UCI

Los socialistas gallegos viven instalados en la perfecta interinidad: bajo el control de una gestora, la nacional, tutelada a su vez por otra gestora, la federal. Si el escenario era delicado para la dirección provisional que dirige la diputada Pilar Cancela tras los resultados de las autonómicas, la caída del secretario general, Pedro Sánchez, ha agravado la situación, y deja a los actuales dirigentes gallegos en una situación de extrema debilidad y entre dos fuegos. De un lado el de los críticos, encabezados por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y del otro, el del equipo que dirige Javier Fernández, que no está ni mucho menos dispuesto a que se le consolide un núcleo de resistencia en Galicia.

En las autonómicas del 25 de septiembre, el PSdeG quedó relegado a la condición de tercera fuerza política de Galicia, con los mismos 14 diputados que En Marea, pero con 17.000 votos menos. El temido 'sorpasso' desató las críticas de sus rivales políticos, alineados con el sector encabezado por Susana Díaz contra Sánchez; críticas que han derivado en acoso total a partir la caída de este. Desde la nueva gestora de Ferraz no se olvida el apoyo mutuo entre Pilar Cancela y los suyos y el defenestrado secretario general, por lo que no ha tardado en poner cerco a la dirección provisional gallega.

En tanto Ferraz no convoque y resuelva su propio congreso federal, Galicia no se le podrá anticipar, en contra de la intención de Pilar Cancela de acelerarlo

La coordinadora de Organización de la gestora de Javier Fernández, a las órdenes de Mario Jiménez, es la exdiputada y exsecretaria de Estado Laura Seara, una de las más ilustres víctimas políticas de Pilar Cancela y del exsecretario xeral José Ramón Gómez Besteiro, que la excluyeron de las listas para las dos últimas elecciones generales. Y Organización no ha tardado en enviar el primer aviso a los dirigentes del PSdeG: un comunicado en el que se les retira las competencias para convocar congreso y primarias.

En tanto Ferraz no convoque y resuelva su propio congreso federal, Galicia no se le podrá anticipar, en contra de la intención de Pilar Cancela de acelerar al máximo el cónclave gallego. Javier Fernández revoca así una resolución federal posterior a la dimisión de Besteiro que atribuía a la gestora gallega esa capacidad. Con ello evita que los partidarios de Pedro Sánchez tomen posiciones en Galicia antes de que el PSOE resuelva su liderazgo.

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Juanma Romero

La notificación de Ferraz de esa retirada de competencias fue rápidamente difundida por la gestora gallega a través de un comunicado oficial, lo que ha enfurecido todavía más a la nueva cúpula federal, que considera a Cancela y su equipo al borde de la insubordinación. El ambiente de incertidumbre que anticipó la investidura de Rajoy respecto al voto de los diputados que, como la gestora gallega, son contrarios a la abstención no ha contribuido a calmar las aguas, aunque por ahí se le ha comenzado a escapar a la presidenta de la gestora un apoyo fundamental: el del candidato socialista a la presidencia de la Xunta, Xoaquín Fernández Leiceaga.

Mientras los críticos con la gestora federal amenazaban con romper la disciplina de voto, encabezados en Galicia por una Cancela que incitaba públicamente a votar “no” a Rajoy en la segunda votación, Leiceaga se desmarcaba de ellos. “El comité federal tiene la obligación de fijar la posición del PSOE; así lo hizo y punto”, terció Leiceaga en el debate, para defender el carácter “democrático” de esa posición que favorece la investidura del candidato del PP. Sus declaraciones fueron tomadas como un distanciamiento de Cancela, consciente el ahora portavoz parlamentario de que su mandato debe durar cuatro años, mucho más tiempo del que le espera por delante a Cancela como presidenta de la gestora.

La debilidad de Cancela también se plasmó en el comité federal que votó a favor de la abstención. Del grupo de once dirigentes gallegos que participaron en esa cita, solo ella y la portavoz en el Ayuntamiento de Ferrol, Beatriz Sestayo, se mostraron partidarias del rechazo total a la investidura de Rajoy. Abel Caballero, Carmela Silva, José Blanco, Pablo García, Ricardo Varela, Mar Barcón, Marisol Soneira y María Quintas, en cambio, apostaron por la abstención, además de la dirigente juvenil Patricia Rodríguez Calviño. Mayor apoyo tiene entre los diputados gallegos elegidos en las generales del 26 de junio, seis en total, de los que hay cuatro partidarios de las tesis de Cancela y del dimisionario Sánchez.

Abel Caballero es el dirigente que más entusiasmo ha mostrado por la retirada de competencias a la gestora gallega, una decisión que calificó de “razonable”. El alcalde vigués aprovechó la ocasión para volver a pedir la dimisión de Cancela, de la que recordó que asumió el cargo en marzo, y por lo tanto “tiempo tuvo para convocar el congreso y hacer lo que le diera la gana”. “Algunos todavía no se dieron cuenta” y “no tomaron nota” del desastre de los comicios del 25-S, añadió el regidor, que abogó por “reorientar” el PSdeG. “En política, el que fracasa asume responsabilidades”, defendió.

La presión de Caballero contra Cancela se está viendo respaldada por la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, mano derecha del regidor vigués, que un día sí y otro también se pregunta “cuándo va a asumir sus responsabilidades” la presidenta de la gestora por su “proyecto de división”. “Ha fracasado estrepitosamente”, critica. Y hasta su homólogo en la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, que se situó en los últimos meses del lado de Cancela y Leiceaga, se ha desmarcado de la primera, al defender la retirada de competencias emprendida por Ferraz y negarse a respaldar públicamente a Cancela frente a las peticiones de dimisión. “Por respeto a mi partido y por responsabilidad, mis opiniones las doy donde las tengo que dar: en los órganos interno”, zanjó.

El hostigamiento contra la presidenta de la gestora gallega le ha merecido incluso la acusación de “infiltrada” del Partido Popular. La acusación se la dedicó Carmela Silva a través de las redes sociales. Es una alusión a su pasado como directora general de Relaciones Laborales en 2002 en un Gobierno presidido por Manuel Fraga, un estigma que la persigue desde que tomó el testigo de forma interina de José Ramón Gómez Besteiro.