Historia de un puerto, una sentencia y un amigo de Rajoy

El Plan de Usos del Puerto de Marín-Pontevedra se aprobó sin estudio de impacto ambiental previo, por lo que queda anulado. Así lo acaba de decidir el Tribunal Supremo (TS), en una sentencia que agrava la delicadísima situación judicial del puerto que preside José Benito Suárez, marido de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y amigo íntimo del presidente Mariano Rajoy. Porque el puerto de Marín es un puerto tachado de “ilegal”, después de que también el TS decretase en 2009 la situación irregular de los 300.000 metros cuadrados de relleno sobre la ría de Pontevedra en los que opera.

La calificación de puerto ilegal no es cosa de la oposición, sino de un destacado compañero de partido de Rajoy, Suárez y Pastor: Enrique López Veiga, exsenador del PP y 'exconselleiro' de la Xunta en tiempos de Fraga, ahora al frente de la Autoridad Portuaria de Vigo. Porque la sentencia de 2009 no se quedó ahí, y cinco años más tarde, en 2014, el Supremo urgía a la entidad que preside Suárez a derribar cuanto antes las 30 hectáreas afectadas. “La situación no admite más demoras”, alertaba el fallo. Dos años después todo sigue como estaba, aunque con nuevas sentencias que cuestionan la legalidad del puerto como la que acaba de dictar el alto tribunal.

En esta ocasión lo que se anula es la modificación del Plan de Utilización de Espacios Portuarios, una especie de plan urbanístico del puerto que constituye el principal documento de ordenación que deben aprobar los puertos españoles. Lo que ha hecho el Supremo no es sino confirmar la sentencia de la Audiencia Nacional que hace tres años anuló esa modificación del plan de usos, al rechazar el recurso interpuesto por la Administración General del Estado y la Autoridad Portuaria de Marín-Pontevedra.

En lugar de elaborar un estudio de protección ambiental previo que amparara los rellenos, el puerto pontevedrés intentó avalar las actuaciones una a una cuando ya estaban ejecutadas. Ese sistema lo desmonta ahora el TS, que considera además el Plan Especial del Puerto una “extralimitación” de competencias, al “pretender amparar y legitimar por sí mismo la ejecución de infraestructuras portuarias que conllevan importantes rellenos sobre el mar”. La sentencia avala a la Audiencia Nacional, al considerar que el proyecto debió someterse a evaluación de impacto ambiental, “mayormente considerando la incidencia de la obra en un espacio de alto valor medioambiental y ecológico como es la ría de Pontevedra”.

El proceso judicial es consecuencia de la demanda presentada por una entidad denominada Centro de Ocio Marín-Morrazo, que fue adjudicataria en 2007 de un centro de ocio en la zona portuaria. Pero su importancia trasciende a los intereses de esta unión de empresas que pretendía levantar un complejo comercial de 5.400 metros cuadrados, que contaría con aparcamiento subterráneo, salas de cine, locales comerciales, un restaurante y una pista de patinaje, entre otros servicios. El trasfondo de la sentencia es la propia ilegalidad de las instalaciones portuarias, y la resistencia de la institución que preside José Benito Suárez, habitual acompañante de Rajoy en sus paseos rápidos en Galicia, a ejecutar el fallo. O lo que es lo mismo, a desmontar su propio puerto.

Los intentos de Suárez de legalizar el suelo portuario han sido constantes, pero todos ellos infructuosos. El presidente de la Autoridad Portuaria impulsó, por ejemplo, un nuevo Plan Especial para cumplir la sentencia sin ejecutar el derribo, pero el Supremo le denegó en 2014 esa opción. E incluso el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia respondió ese mismo año a una alegación de Abogacía del Estado con la amenaza de imponer multas coercitivas de hasta 1.500 euros diarios si no se ejecutaba el fallo. El último recurso es un incidente de imposibilidad legal de ejecución de la sentencia, aún pendiente de resolución.

El trasfondo de la sentencia es la ilegalidad de las instalaciones portuarias y la resistencia de la institución que preside Suárez a ejecutar el fallo

Centro de Ocio Marín-Morrazo, participada por Copasa, perdió en los tribunales en 2015 su pretensión de que se anulase la caducidad de la concesión. La empresa emprendió entonces una batalla legal para que se reconozca la ilegalidad urbanística del puerto pontevedrés. Su victoria es parcial, porque el Tribunal Supremo anula el plan de usos pero rechaza la anulación general de todas las concesiones concedidas a su amparo, como pretendía la demandante. Pero en todo caso, abre la puerta a que se impugnen una a una, decisión que Centro de Ocio Marín-Morrazo no descarta adoptar.

“Lo que ocurre es que hay una resistencia absoluta del Puerto de Marín-Pontevedra a ejecutar las órdenes de derribo de los rellenos, y lo que está diciendo el Supremo es que las concesiones otorgadas en ellos son ilegales”, resume Francisco Javier Jiménez de Cisneros, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid y abogado de Centro de Ocio. “El puerto tiene un problema muy grave, y se ponga como se ponga va a tener que declarar que la sentencia es ejecutable y levantar los rellenos”, vaticina.

La sentencia es de especial interés para la Autoridad Portuaria de Vigo, enfrentada con la de Pontevedra por el traslado a esta última de la principal terminal de contenedores del mundo, Maersk, un golpe muy duro para el principal puerto de Galicia. Las instalaciones que acogerán a Maersk están amparadas por el plan de usos declarado ilegal, lo que abre la vía de una posible impugnación judicial por parte del puerto vigués.

La guerra comercial entre las autoridades portuarias de Vigo y Pontevedra estalló cuando la mujer de José Benito Suárez ocupaba la cartera de Fomento, ministerio del que dependen ambos puertos. López Veiga deslizó la existencia de trato de favor a Pontevedra, al denunciar que las condiciones de trabajo autorizadas a Marín son menos exigentes que las de Vigo, obligado a recurrir a la sociedad de estiba y desestiba, lo que impediría una competencia en pie de igualdad. Veiga instó al ministerio a que prohibiera el movimiento de esos contenedores que perdía Vigo desde “unos rellenos declarados ilegales”. Pero Puertos del Estado no tardó en darle la razón a la institución presidida por el marido de la entonces ministra, en una resolución aprobada en tiempo récord.