Vacío de poder y guerra encarnizada en la patronal gallega

Entre 1991 y 2013, la Confederación de Empresarios de Galicia solo conoció a dos presidentes. Primero fue Antonio Ramilo, alcalde de Vigo en los estertores de la dictadura, y después el coruñés Antonio Fontenla. Fueron años convulsos, no exentos de escándalos, pero de enorme estabilidad en la mayor organización empresarial gallega, que atraviesa una más que delicada situación económica. Ahora, la patronal no tiene ni sosiego ni continuidad, tras la caída de su tercer presidente en dos años. Antonio Dieter Moure dimitió por sorpresa el pasado viernes, lo que ha dado paso de forma inmediata a un adiós todavía más sorprendente: el de su secretario general, Fausto Santamarina, eterno hombre en la sombra en la CEG y con un sueldo superior a los 100.000 euros anuales.

El coste del despido de Santamarina será de 83.000 euros, al serle aplicado un cálculo de 20 días de indemnización por cada año de trabajo, pero podría ascender a 270.000 si consigue en los juzgados el máximo legal. Fue la primera decisión del comité ejecutivo de la confederación en cuanto Moure hizo efectiva su renuncia. En realidad, respondía al deseo de una amplia mayoría de los miembros de la organización, que no entendían cómo se podía aplicar un plan de despidos que iba a dejar los ingresos del secretario general por encima de los 70.000 euros. Las indecisiones del ya expresidente, al que sus opositores le reprochan una peligrosa falta de iniciativa, fueron las que acabaron de restarle sus últimos apoyos, aunque será difícil que las múltiples facciones que componen la CEG se pongan de acuerdo para impulsar a un nuevo presidente.

Moure llegó a la presidencia de la CEG en enero con solo 10 votos más que su rival, José Manuel Pérez Canal, que impugnó los resultados y ha mantenido un serio enfrentamiento con el vencedor en las elecciones. Durante estos nueve meses, ha dirigido la organización con la oposición de las provincias de Ourense, Lugo y Pontevedra. Le apoyaron en cambio A Coruña, a través del expresidente Fontenla, y las organizaciones sectoriales, pero el presidente coruñés y varias de estas organizaciones le fueron dando la espalda. El presidente saliente alegó razones personales para abandonar el timón de la CEG, pero ahora que ha dimitido, se sabe que desde hacía tiempo su soledad era insostenible.

El adiós de Dieter Moure da paso al inesperado cese del secretario general, con un sueldo de más de 100.000 euros tras 27 años en la organización

La situación económica de la CEG, principal y casi única preocupación en la organización, parecía haber mejorado en agosto, tras haber conseguido un crédito de 600.000 euros de Abanca; en realidad, un cable del Gobierno de Feijóo, que avaló la operación con cargo a una futura subvención. Y ello a pesar de que la CEG le endosó facturas por más de 800.000 euros por gastos que la Xunta considera no subvencionables, lo que había distanciado al Gobierno de Feijóo de la patronal. Aquel préstamo iba a permitir a la confederación emprender su plan de viabilidad. Pero llegó octubre y del plan nada se sabe. Y es esa supuesta 'inacción' la que ha acabado con la paciencia de los pocos apoyos que le restaban a Moure.

El poder queda ahora en manos de los cuatro vicepresidentes provinciales. Y la presidencia debería recaer en el de más antigüedad, que no es otro que el expresidente Fontenla. Pero el coruñés no está dispuesto a asumir el cargo, que pasaría al rival de Moure en las elecciones de enero, el orensano José Manuel Pérez Canal. El único rival que se vislumbra en su camino es el presidente de los empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros, partidario de impulsar cuanto antes el proceso electoral, pretensión que Canal no comparte.

Al riesgo de quiebra que amenaza el futuro de la CEG hay que añadirle el de la escisión. Los escasos apoyos que le quedaban al presidente saliente estudian organizarse, e incluso deslizan la posibilidad de abandonar la arruinada patronal gallega e impulsar otro tipo de organización alternativa. Este sector de la confederación tiene serias dudas de que el despido del secretario general, que ingresó en la CEG en los lejanos tiempos de Antonio Ramilo, se pueda zanjar con apenas 80.000 euros, por lo que temen que una indemnización mayor pueda frustrar el plan de viabilidad.

Con los 600.000 euros de Abanca, la CEG pagó las nóminas de los trabajadores, pero la deuda de los bancos sigue amenazando las cuentas de la patronal

La ejecución de ese plan, con el que Moure logró al menos temporalmente esquivar el concurso de acreedores, es el objetivo inmediato de la gestora formada por los vicepresidentes provinciales. Con los 600.000 euros de Abanca, la CEG pagó las nóminas de los trabajadores, pero la deuda de los bancos sigue amenazando las cuentas de la patronal. Debe por ejemplo refinanciar 1,2 millones de euros del coste de su sede, un lujoso edificio en pleno casco histórico de Santiago que resume como una metáfora los años de vacas gordas, cuando las sospechas que pesaban sobre la gestión de la organización no obstaculizaban los largos mandatos de sus presidentes. Y debe la nueva ejecutiva llevar a efecto los despidos de ocho de los 20 trabajadores que quedan a sueldo de la CEG.

Cuenta la patronal gallega a su favor con las buenas intenciones de la Xunta, que no ve inconveniente en renovar el polémico plan Pexga, firmado en 2010, una suerte de privatización de las oficinas comerciales que gestionaba la Xunta. Dicho plan permite a la CEG contratar el personal y gestionar los alquileres de los 13 locales que tenía el Gobierno gallego en 12 países, que pasaron a costarle a la Xunta 4,5 millones de euros al año. Las diferencias contables entre Xunta y patronal apuntan a que esas plataformas se convirtieron en un coladero de facturas endosadas al Gobierno gallego, entre ellas las de un viaje a Brasil para 24 personas que costó más de 80.000 euros. De ahí se derivó una deuda con la Administración autonómica que llegó a sumar 833.000 euros.

De acuerdo con el expediente abierto por la Consellería de Economía, la patronal incumplió de manera reiterada el Plan Pexga, al imputar gastos con cargo al proyecto que no se utilizaron para los fines estipulados en el convenio. Pero, tras la última reunión del presidente de la Xunta con Moure —que aplazó su abandono hasta después de las elecciones del 25-S—, el Gobierno gallego volvió a mostrarse dispuesto a la renovación del proyecto. Sin él, esta CEG absolutamente dependiente de las subvenciones autonómicas sería directamente pasado.