El misterioso caso de las vacas envenenadas en Galicia

Han pasado cinco meses desde que se produjera el fallecimiento de decenas de vacas en una explotación de Santa Comba (A Coruña), y nada se sabe hasta ahora de las causas del suceso. En esas fechas murieron 23 reses en unas horas, pero el goteo de bajas se había iniciado meses antes y continuó después, lo que elevó el número definitivo a 54, según el dueño de la granja. Las muestras oficiales del silo presuntamente contaminado aún no se conocen, lo que ha disparado la preocupación de los ganaderos de la zona.

Las tomas promovidas por el ganadero y una asociación ecologista, en cambio, sí revelaron la existencia de productos químicos en el silo sospechoso, empleado para la alimentación del ganado. En concreto, níquel y cobre, en unas concentraciones que resultaron mortales. Pero había también mebezonio, un producto que se utiliza como eutanásico de animales. El temor de los ecologistas es que la contaminación haya podido pasar a la leche para consumo humano de las vacas afectadas por el envenenamiento.

El titular de la explotación puso los hechos en conocimiento del Seprona y de las 'consellerías' de Medio Rural y Medio Ambiente, cuyos técnicos y veterinarios también realizaron distintos análisis. Tomaron muestras de leche y del forraje del silo. Eso ocurrió a mediados de marzo, sin que desde entonces tuviera el ganadero, Félix Outes, noticia alguna de los resultados. La Xunta sostiene en todo caso que "las observaciones” realizadas por sus inspecciones en el lugar de los hechos no detectaron “ningún dato objetivo que permita deducir que las muertes tengan una causa ajena al propio manejo de la explotación”.

Ecologistas y ganaderos esperan también noticias del fiscal de Medio Ambiente de Galicia, que abrió en abril una investigación de la que aún no saben nada

Según la versión de Outes y de los ecologistas, los niveles de presencia de metales pesados y del mebezonio son muy elevados y coinciden en las necropsias y el forraje. Todo ello después de un análisis inicial que no desvelaba anomalías. Pero un cambio de laboratorio resultó clave para determinar, según el ganadero afectado, que el alimento que dio a sus vacas había sido envenenado antes de llegar al silo.

Outes está decidido a llevar a la Xunta al juzgado. Según explicó cuando se conoció el caso, los primeros fallecimientos por presunto envenenamiento datan de 2010, pero la situación se descontroló este año, cuando murieron el resto de sus reses. Las pérdidas alcanzan en su caso los 200.000 euros, aunque asegura que se han dado situaciones similares en otras explotaciones de menor tamaño, en donde el número de vacas fallecidas fue también menor.

Medio Rural, que no ha revelado los resultados de los análisis, asegura que en sus inspecciones posteriores a los fallecimientos se detectaron numerosas anomalías, relacionadas con una presunta mala gestión de la explotación. Así, habla de mala conservación del forraje, de “deficiente estado nutricional” del ganado, “mal cuidado de los animales” y administración de medicamentos no prescritos por veterinarios. La 'consellería' asume, en todo caso, que los hechos están “en instrucción en el órgano jurisdiccional competente”.

El caso fue dado a conocer por la asociación ecologista Arco Iris, que alertó de una práctica “más frecuente de lo deseable en Galicia”, con casos similares en otros ayuntamientos de la provincia de A Coruña, como Coristanco, Muxía y Rianxo, de fuerte implantación de explotaciones dedicadas a la producción láctea de características similares a las de la afectada.

La Xunta sostiene que las “observaciones” realizadas no detectaron “ningún dato objetivo que permita deducir que las muertes tengan una causa ajena"

Los activistas solicitaron al director de la Guardia Civil que el Seprona inicie una investigación “exhaustiva y rigurosa” para identificar a los responsables de esta acción. Los hechos “violan gravemente las leyes de protección animal y muchas otras disposiciones relativas al medio ambiente”, denunciaron desde Arco Iris al director general de la Guardia Civil. El “incalificable suceso”, añaden los ecologistas, ha conducido “a una familia entera a la ruina más absoluta” y “liquidado una explotación industrial en plena actividad”.

Los abogados del propietario de la explotación, mientras, creen que puede existir un delito de prevaricación por omisión de la Administración autonómica. En los últimos días se pusieron en contacto con Medio Ambiente y Medio Rural mediante requerimientos de información. Solo la primera ha respondido, aunque para asegurar que el problema “excede su ámbito funcional” y derivarlo a Medio Rural, que tampoco ha respondido. Los representantes legales del afectado alertan de la posible “consumación de un delito por prevaricación por omisión, por no resolver la retirada del silo contaminado, ya que los hechos reseñados tienen un presunta tipificación penal en el artículo 404 del Código Penal”.

Los ecologistas alertan de que la “pasividad” de la Xunta puede contaminar el suelo, con el riesgo que ello entraña para la salud y el medio ambiente

Los letrados denuncian la pasividad de la Administración, que implica que “no tiene voluntad de resolver” ni de “aplicar la legalidad vigente”, sino de dejar pasar el tiempo para que “se pudran los hechos”. “Entendemos que el presunto delito denunciado de prevaricación encaja en el presente punto; por eso consideramos fundamental acceder a la documental del expediente y diligencias peticionadas en el mismo sentido y que no han sido respondidas”, añaden los abogados del ganadero afectado.

Ecologistas y ganadero esperan también noticias del fiscal de Medio Ambiente de Galicia, Álvaro García Ortiz, que abrió en abril de este año una investigación de la que aún no conocen resultado alguno. Arco Iris y Outes reclamaron al fiscal que clarifique “el origen y el alcance” de dicho envenenamiento. También presentaron una denuncia en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para que Xunta y Seprona hagan públicos el resultado de los análisis efectuados “tanto sobre el terreno como en la leche procedente de la explotación”, para que se determine si esa leche era apta o no para el consumo humano.

Los ecologistas alertan de que la “pasividad” de la Xunta puede suponer la contaminación del suelo, con el riesgo que ello entraña para la salud y el medio ambiente. La Consellería de Medio Ambiente, en cambio, sostiene en su comunicación con el abogado de los ecologistas que el mebezonio “se degrada rápidamente si no se conserva en condiciones adecuadas, por lo que no daría lugar a contaminación del suelo”.

“No es un problema solo del suelo; es de salud pública, porque la leche pudo pasar al mercado y los productos tóxicos, con ella”, subraya Francisco Lueiro, presidente de Arco Iris. Es una posibilidad que descarta la Xunta. Los ecologistas sostienen que pudo ser un vecino quien provocara la muerte de las 53 vacas, pero aseguran que no es un caso aislado. Y, sobre todo, que la forma de actuar de la Administración “no es precisamente un motivo de tranquilidad para los consumidores”.