El Supremo autoriza los parques eólicos marinos a los que se opone la Xunta

El fantasma de ver las rías gallegas pobladas de parques eólicos marinos sobrevoló Galicia en 2009, cuando el Ministerio de Industria activó el estudio estratégico de un sistema de generación de energía tan prometedor como polémico. Y ahora regresa de la mano de una sentencia del Tribunal Supremo, que autoriza este tipo de molinos en contra del criterio de la Xunta.

No solo el Gobierno gallego, sino el Parlamento de Galicia en pleno -PP, PSOE y BNG- rechazó hace siete años el estudio estratégico de Industria, debido a su impacto “económico, medioambiental y paisajístico”. Con ese respaldo, la Xunta impulsó un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la decisión del Gobierno de Zapatero, que fue estimado parcialmente en 2014, con lo que se aceptaba la protección de las aguas interiores y se prohibía la instalación de los molinos en las primeras millas del litoral. Pero, ahora, el Supremo acepta el recurso de casación presentado por la Administración General del Estado, lo que devuelve toda su validez al proyecto ministerial.

El fallo del Supremo da vía libre a la instalación de parques eólicos marinos con las únicas excepciones, sujetas a distintas condiciones, en zonas de A Mariña de Lugo y de las Rías Baixas. Aproximadamente el 75% de la costa queda por lo tanto liberado para este tipo de generación eléctrica, también en las denominadas aguas interiores, las más próximas a la costa. El Supremo sostiene que, a diferencia de lo que ocurre en tierra, donde la normativa de aplicación es esencialmente autonómica, “la novedad que aquí se nos presenta viene dada por el emplazamiento de las instalaciones de generación en el mar, por la ausencia de experiencias previas en dicho medio y por ser la competencia para su tramitación exclusivamente estatal”.

La Xunta pretendía un veto mayor cuando acudió a la Audiencia Nacional, pero de los distintos argumentos formulados en su recurso solo uno fue aceptado. Se trata del que señala que el estudio ambiental impugnado no puede incluir las aguas interiores, pues el Real Decreto 1028/2007, que establece el procedimiento administrativo de las solicitudes de aerogeneradores marinos, “solo proyecta su eficacia sobre el mar territorial, que va desde las líneas de base hasta las 12 millas, y no sobre las aguas interiores”.

El Tribunal Supremo reconoce a la Xunta de Galicia sus competencias en el ámbito de su aguas territoriales y, por tanto, su legitimación para la impugnación del Estudio Estratégico “que, con su aprobación, y al incluir en su ámbito las aguas interiores gallegas, ha invadido el ámbito territorial gallego”. Pero matiza que no así “las competencias de la Xunta, de las que carece en la materia”.

La eólica marina fue uno de los variados motivos de fricción entre el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, que fueron constantes durante sus poco más de dos años de convivencia. En el verano de 2009, al poco de alcanzar el Gobierno gallego, Feijóo decidió la presentación del contencioso administrativo contra el estudio, con lo que daba continuidad a un conflicto que había arrancado con el anterior bipartito de la Xunta, que presidía el socialista Emilio Pérez Touriño. Ya en septiembre y en noviembre del año 2007 se presentaron requerimientos de incompetencia y conflictos de competencia contra el decreto del Gobierno también socialista, que fijaba el procedimiento administrativo de los parques eólicos marinos, que fueron fallados por el Tribunal Constitucional en contra de los intereses de la Xunta.

La eólica marina ha sido objeto de constante polémica, en la que no faltan voces que la defienden por su potencial y minimizan su incidencia medioambiental

En sus alegaciones, el Ejecutivo gallego argumentaba que la plataforma marina es competencia autonómica y que, por lo tanto, solo el Gobierno gallego podría autorizar estos aerogeneradores. A pesar de las advertencias formuladas desde Galicia, el Gobierno central aprobó en mayo de 2009 el mapa de zonas eólicas en el mar, lo que llevó a la Xunta a presentar un recurso contencioso para frenar cualquier intento de instalar aerogeneradores en el litoral.

La eólica marina ha sido objeto desde hace años de una constante polémica, en la que, pese al pronunciamiento en contra del Parlamento y de la Xunta, no faltan voces que la defienden por su enorme potencial y que minimizan su incidencia medioambiental y paisajista. Según la patronal metalúrgica de Galicia, Asime, el sector podría llegar a generar hasta 10.000 empleos en los próximos años en la comunidad, como se afirmó en el reciente foro Galician Offshore International HUB 2016, organizado por Asime, Iberdrola, Navantia y Windar Renovables.

En la organización de ese foro participó también la Xunta, que ha cejado en la férrea oposición que mantenía antes de la llegada de Mariano Rajoy a La Moncloa. Este tipo de industria interesa especialmente al astillero de Navantia-Fene, sacudido por la crisis, y que construye actualmente piezas para el parque eólico marino Wikinger (Alemania), desarrollado por Iberdrola, y elabora cinco estructuras para el parque flotante de Statoil en Hywind (Escocia).

También Greenpeace consideró “negativo” el posicionamiento del Parlamento gallego en contra de la eólica marina, que, como renovable que es, goza de la simpatía de una parte de los ecologistas. No de todos, ya que, como se puso de manifiesto cuando la Xunta presentó su recurso, el temor a ver el horizonte marino de Galicia plagado de parques eólicos, como ya ocurre con sus montes, se impone en buena parte de las organizaciones ambientalistas gallegas.