la xunta le reclama 648.000 euros

La patronal gallega plantea despedir a la mitad de su plantilla para evitar la quiebra

El presidente de la confederación empresarial demanda más fondos a la Xunta, rehipotecar su sede y rebajar el sueldo a los trabajadores que permanezcan a su servicio

Foto: Antonio Dieter (i) saluda a su rival José Manuel Perez Canal (d) tras ganar la presidencia de la CEG. (EFE)
Antonio Dieter (i) saluda a su rival José Manuel Perez Canal (d) tras ganar la presidencia de la CEG. (EFE)

Cuando aún no se han acallado los ecos de su polémica elección como presidente de la patronal gallega, Antonio Dieter Moure ha tenido que sacar la tijera para evitar la quiebra de la confederación. Con un déficit de tesorería superior al medio millón de euros y una reclamación de la Xunta de otros 648.000, la primera medida que propone el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) pasa por poner en la calle a más de la mitad de su plantilla. Son 10 los despidos que se plantean, cinco de ellos de forma inminente, lo que reduciría la plantilla a solo ocho empleados, a los que además se les rebajará el sueldo.

No es el primer recorte en el plantel de la CEG en los últimos años. El antecesor de Dieter Moure, José Manuel Fernández Alvariño, ya emprendió la vía de los despidos para aligerar los costes de la patronal, pero aquella medida no afectó a los empleados con mayor antigüedad y con salarios más elevados. Con todo, el ERE que planea el actual presidente es considerado insuficiente para la nueva directiva, que prepara un conjunto de medidas complementarias que pasan por rehipotecar la sede oficial y reclamar más fondos a la Xunta, una solicitud de difícil encaje, cuando la Administración gallega le ha notificado una sanción por incumplimiento de un plan de plataformas empresariales en el extranjero.

El Plan de Plataformas en el Exterior (Pexga), firmado en 2010, consistió en una privatización de las oficinas comerciales que gestionaba la Xunta, lo que permitió a la CEG contratar el personal y gestionar los alquileres de los 13 locales que tenía el Gobierno gallego en 12 países. La Xunta lo consideró una medida de ahorro, aunque esas nuevas delegaciones pasaron a costar 4,5 millones de euros al año. En todo caso, el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), brazo inversor de la Administración autonómica, reclama ahora a los empresarios 648.000 euros correspondientes a gastos sin justificar derivados de aquel acuerdo.

El antecesor de Dieter Moure, José Manuel Fernández Alvariño. (EFE)
El antecesor de Dieter Moure, José Manuel Fernández Alvariño. (EFE)

La situación es tan delicada que la CEG, que no reconoce esa deuda, no tiene fondos para avalar un contencioso por la reclamación de la Xunta, por lo que está abocada a emprender una nueva negociación con la Consellería de Economía, de la que depende el Igape. Y, al mismo tiempo, abre una nueva vía de ingresos con una reclamación de una subvención anual de 600.000 euros de la Xunta, mientras pide una renovación del plan Pexga en condiciones más ventajosas para la patronal.

Nuevo endeudamiento

Para completar el plan de choque que evite la quiebra, la CEG propone afrontar un nuevo endeudamiento mediante la refinanciación de la hipoteca que pesa sobre la sede, en pleno casco histórico de Santiago, cuyas cuotas ascienden a 80.000 euros trimestrales. La patronal, que no está al día en este pago, reclama un crédito de entre 500.000 y 600.000 euros, opción que planteará a BBVA, Santander, Pastor y Abanca, el grupo bancario que financió su sede. La situación es tan acuciante que de nada sirve que el plazo de amortización final de la hipoteca esté previsto para 2017.

Además de las deudas con la Xunta y las cuotas hipotecarias sin pagar, la CEG debe hacer frente a las reclamaciones de entre 100.000 y 200.000 euros de distintos proveedores y a unos gastos mensuales de 200.000 euros que considera “inasumibles”. Los propios presupuestos del nuevo representante de los empresarios gallegos reconocen un déficit de tesorería de medio millón de euros, que según fuentes de su entorno subirá a 600.000 si no se ejecutan ya los primeros despidos.

La situación política, igual

Pero si la situación económica es grave, la política no es mucho mejor. Para sacar adelante todos estos planes, Dieter Moure debe implicar en ellos a la comisión y a la junta directiva, órganos en los que el presidente tiene dificultades para encontrar un respaldo mayoritario, dada la oposición de las direcciones provinciales de Lugo, Pontevedra y Ourense. Al frente de esta última está José Manuel Pérez Canal, quien rivalizó con Moure en las recientes elecciones y mantiene abierto su enfrentamiento.

Son 10 los despidos que se plantean, cinco de ellos de forma inminente, lo que reduciría la plantilla a solo ocho empleados, a los que se les rebajará el sueldo

El pasado martes se supo que Pérez Canal ha dimitido como responsable de la comisión de seguimiento del Pexga y que no ha aceptado la propuesta del presidente de presidir la comisión de relaciones internacionales. El presidente de los empresarios de la provincia de Ourense denunció que algunas organizaciones sectoriales habían dispuesto de más votos que los que les correspondían en esa provincia, y exigió que se avalase la legalidad del censo. La dirección de la CEG le contestó con un informe del secretario general que reconoce las incorrecciones del censo, cuya actualización, sin embargo, no se emprende, bajo el argumento de no interferir con el proyecto de rescate económico.

Toda la documentación sobre la situación económica de la CEG se recogerá en una auditoría de la que Antonio Dieter Moure ya cuenta con algunos avances. El presidente de los empresarios presentará esos resultados a finales de abril, con la previsión de convocar la asamblea general de la patronal a mediados de mayo. Con anterioridad, deberá reunir a las organizaciones provinciales y sectoriales para informarles de sus propuestas para evitar la quiebra de la confederación.

El mandato de Dieter Moure no está siendo menos agitado que el de Fernández Alvariño, al que sustituyó en enero. Alvariño solo duró dos años en el cargo, tras el desgaste interno que produjeron en la patronal las continuas contrataciones con empresas de su grupo, entre ellas el coche oficial y el chófer o el seguro de la sede de los servicios centrales.

Galicia

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