Feijóo renuncia a su Ley de Acuicultura para frenar una protesta histórica

Feijóo no quiere que nada ni nadie enturbie las aspiraciones electorales del PP de Galicia. Ya lo demostró cuando sacrificó a su conselleira de Sanidade por el conflicto del hospital de Vigo, pese a ser un proyecto que él mismo había promovido. Ahora es la titular de Mar la que paga las consecuencias del incierto panorama político. No con el cargo, sino con la forzada renuncia a su principal proyecto para la legislatura que termina, la Ley de Acuicultura, tachada por sus opositores de una “privatización del mar”. Lo hizo en vísperas de la manifestación que este sábado ha reunido a más de 30.000 personas -según la cifra facilitada por los organizadores-en Santiago, y que se mantuvo pese a la rectificación.

La Ley de Acuicultura, densa y farragosa como pocas, desató una oleada de protestas desde el mismo momento de su aprobación por el Gobierno gallego, en octubre pasado. A lo largo de sus 15 títulos, la norma no solo regula las piscifactorías, como da a entender su nombre, sino que pretende transformar de forma integral todo un sector de una importancia fundamental en la economía de gallega, del que dependen más de 30.000 familias. Desde las cofradías de pescadores, con notable predicamento en el entramado socioeconómico del litoral, y desde otras asociaciones de productores, singularmente las de los bateeiros de mejillón, se gestó rápidamente un rechazo que se ha convertido en una auténtica revolución en el sector.

Las cosas se pusieron tan feas para el Gobierno gallego que ya en enero Feijóo dio una primera muestra de distanciamiento de la titular de Mar, Rosa Quintana, al paralizar la tramitación parlamentaria de la ley para abrir un período de debate. Pero a falta de un máximo de seis meses para las autonómicas, necesitaba una medida más contundente, una ruptura total, sobre todo ante la perspectiva de la gran manifestación que se preparaba para este sábado. Así que forzó la renuncia definitiva. La anunció el martes la conselleira en TVG, la televisión autonómica, donde soltó el bombazo: “Nos olvidamos de tener en Galicia una ley de acuicultura”.

No sólo los trabajadores del mar criticaban la ley. Las protestas también llegaban del ámbito político, y no exclusivamente de la oposición. En importantes ayuntamientos costeros, alcaldes del PP y concejales del mismo partido en la oposición se han puesto del lado del sector, que acusa a la Xunta de perjudicar las actividades tradicionales relacionadas con el sector extractivo para favorecer a “grandes multinacionales” de países como Canadá, Japón o Noruega.

La ley, la primera de Europa que ordena la acuicultura, según la Xunta, simplifica los trámites para la instalación de granjas marinas. Concedía a esta actividad rango de interés público de primer orden, al facilitar la implantación de piscifactorías mediante planes de incidencia supramunicipal similares a los que facilitan la construcción de infraestructuras básicas como hospitales. Así, la opinión del Gobierno gallego se situaría por encima de los planeamientos urbanísticos locales. Según los opositores, el 100% del litoral sería susceptible de acoger granjas acuícolas.

El malestar de las cofradías de pescadores fue inmediato. Se acusó a Rosa Quintana de sustituir el trabajo en el mar tal y como funciona en la actualidad por un impulso a las grandes corporaciones, a las que se anima a actuar, según los afectados, de forma intensiva, no sostenible y depredadora. Buena parte del texto legislativo se remite a futuros reglamentos, lo que incrementó la desconfianza de las cofradías. Tampoco contribuyó a la tranquilidad que no hubiera en la ley ni una sola referencia al sector líder en materia acuícola en Galicia, el mejillonero.

El foco de resistencia a la frustrada ley se originó en la ría de Arousa, donde cofradías y bateeiros crearon la Plataforma de Defensa de la Ría. La mayoría de los alcaldes de la zona han exigido la dimisión de Quintana y la retirada del anteproyecto íntegro, que según su interpretación ya pasó una importante factura política al PP en las generales del 20 de diciembre, en la que los populares obtuvieron unos resultados catastróficos en la zona, principalmente en O Salnés.

El primer alcalde del PP en desmarcarse de la ley fue el de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán, secundado después por otros compañeros de partido en una reunión de la ejecutiva provincial al día siguiente de las elecciones. Durán fue el canalizador de las quejas de los productores de mejillón, un sector que representa más del 60% del PIB en este ayuntamiento. “No se puede presentar una ley sin consensuar a un mes de unas generales y a ocho meses de las autonómicas; esto es legislar a espaldas de la sociedad y ha provocado una sangría política evidente”, lamentó.

Frente a los reproches de la oposición a los “bandazos” del PP, el diputado popular José Manuel Balseiro trató de dar la vuelta a la situación

Al explicar su renuncia a la ley, Rosa Quintana quiso darle todo el protagonismo al sector con el que durante estos meses ha vivido tan agrio enfrentamiento, al que invitó a proponer una nueva normativa acorde a sus deseos. “Nuestro trabajo ha sido intentar mantener una actividad económica de una forma ordenada, pero el sector no lo entendió así y hubo quien lo llevó por un camino de mentiras que no fuimos capaces de parar y entonces es preferible partir de cero", manifestó la conselleira, que negó sentirse desautorizada.

El anuncio de la renuncia, realizado la mañana del pasado martes, tuvo consecuencias inmediatas en el Parlamento, en donde esa misma tarde el PP se sumó a una moción de AGE, la coalición de la izquierda rupturista, en la que se solicitaba la retirada de la ley. Frente a los reproches de la oposición a los “bandazos” del PP, el diputado de este partido José Manuel Balseiro trató de dar la vuelta a la complicada situación y afirmó que a los partidos de la oposición les salió “el tiro por la culata”, por lo que ahora temen “ir solos” a la manifestación del fin de semana.

No estuvieron tan solos en esa manifestación, en la que se escenificó la unión del cerco, el arrastre, el marisquero e incluso la acuicultura. Pese al frío y la lluvia, miles de personas recorrieron el centro de la capital gallega para reclamar un futuro para las gentes del mar. El manifiesto final lo leyó el actor Carlos Blanco. “Nos sentimos abandonados: ni la Xunta ni el Gobierno central ni la Unión Europea nos defienden como merecemos”, lamentó Blanco, interrumpido por los aplausos de los asistentes y entre gritos de “conselleira, dimisión”. Blanco respaldó en su intervención las principales demandas del sector, como el saneamiento de las aguas, la defensa de las artes artesanales y un reparto más justo de las capturas.