La operación Zeta estrecha el cerco sobre Núñez Feijóo

La lista de imputados de la operación Zeta no para de crecer. Un auto de la jueza de A Coruña que investiga el supuesto fraude de subvenciones para falsos cursos de formación ha elevado de 30 a 55 el número de los investigados, de acuerdo con su actual denominación. En la nueva lista hay 21 presuntos colaboradores de la trama y tres cargos públicos, dos de ellos de la Xunta. Pero no son ellos los que más preocupan al presidente gallego. Quien realmente supone una amenaza para él a menos de un año de las autonómicas es el imputado número 25, el empresario madrileño Pachi de Lucas, presunto autor de un delito de tráfico de influencias y amigo personal de Alberto Núñez Feijóo.

De Lucas estaba señalado desde hace tiempo no solo por las investigaciones policiales, sino también por las declaraciones judiciales y públicas de Gerardo Crespo, cabecilla de la trama. Crespo, activo militante del PP de A Coruña hasta estallar este caso, reconoce que pagó durante dos años 3.000 euros mensuales a De Lucas por abrirle puertas en las administraciones del PP. “Le pagaba a Pachi por ser amigo de Feijóo”, confesó en la Cadena Ser. Los informes policiales confirman los pagos al empresario por hacer de “intermediario para la gestión, entre otras, de reuniones con personas relevantes del PP”.

Feijóo y Francisco Ramón 'Pachi' de Lucas Blanco entablaron amistad hace más de 15 años en Madrid, donde el primero ejercía la presidencia del Instituto Nacional de Salud (Insalud) y De Lucas, hijo de un médico pontevedrés, centraba sus negocios, relacionados con la venta de joyería por catálogo. Tras su regreso a Galicia en 2003, Feijóo siguió frecuentando a su amigo en sus descansos estivales en la zona de Bueu, cerca de Pontevedra. Aunque su familia continúa en Madrid, el ahora imputado pasa largas temporadas en Galicia y se ha dejado ver en numerosas ocasiones con Feijóo, tanto en su tiempo de ocio -son habituales de la plaza de toros de Pontevedra- como en actos públicos.

Crespo se ha encargado en los últimos meses de ventilar públicamente esa “amistad íntima” entre su conseguidor y el presidente de la Xunta. “En el PP, o estás con los amigos, y Pachi de Lucas era íntimo de Feijóo, o si no, no haces nada”, relató en la radio el empresario, que aseguró que él y De Lucas tenían “todas las bendiciones” del jefe del Gobierno gallego. “A Pachi, Feijóo le dijo que había mucho dinero, que cuanto más ganáramos juntos, mejor”, reveló.

Un fraude en los cursos de formación

La operación Zeta estalló después de casi tres años de investigaciones en septiembre de 2014, cuando se produjeron las primeras detenciones. El caso, llevado por el juzgado de instrucción número 6 de A Coruña, está relacionado con un presunto fraude en subvenciones y adjudicaciones públicas para cursos de formación de empleo que nunca se realizaron o recayeron en entidades ficticias creadas para captar ese dinero. Las ayudas bajo sospecha suman cinco millones de euros.

Que el presunto conseguidor aún no estuviese imputado en el caso era motivo de sorpresa en círculos relacionados con la investigación. Pero el pasado 15 de enero, la jueza emitió un auto en el que casi duplicó una lista de investigados en la que finalmente ha entrado De Lucas, al que la Policía ya había vinculado con la trama de subvenciones. La magistrada tomó esta decisión después de considerar las conclusiones de un nuevo informe de la Unidad de Auxilio judicial de la Agencia Tributaria, que “no pueden ser más demoledoras”, señala, y que “vienen a confirmar los numerosos indicios aportados por las diligencias practicadas hasta la fecha”.

En su auto, la jueza cita un mensaje telefónico en el que De Lucas informa a Gerardo Crespo de “una cita concertada para él” y otro miembro de su entidad, Azetanet, en el despacho de Ana Pastor en la sede del PP en la calle Génova de Madrid en 2011. Fue enviado meses antes de convertirse en ministra de Fomento, y concluye con un “Feijóo va a ser clave”. Los investigadores aseguran que los pagos a De Lucas eran “una prioridad” para Crespo. Otro de los mensajes intervenidos por la Policía alude a su participación en una comida en Bueu con Feijóo, en la que supuestamente trataron asuntos relacionados con las empresas de Gerardo Crespo.

Que el presunto conseguidor aún no estuviese imputado en el caso era motivo de sorpresa en círculos relacionados con la investigación

La abrupta forma en que Crespo rompió con De Lucas y dejó de ingresarle sus emolumentos también resulta comprometedora para Feijóo. Según el presunto cabecilla de la trama, tiene que ver con una filtración de la investigación judicial, que provocó que De Lucas dejase de contestar el teléfono a Crespo. “Sabía de los pinchazos”, sostiene este, que añadió: “Me dijo que lo sentía mucho, pero que no me podía avisar, y que fue por eso que la 'conselleira' y Feijóo montaron todo lo de anular los últimos cursos y enviar el caso al fiscal para salvarse”. Preguntado este jueves por su relación con De Lucas, Feijóo se limitó a señalar que la Xunta no habría presentado esa denuncia a la fiscalía si tuviera “intención de ocultar cualquier tipo de cosas”.

Feijóo no es en todo caso el único de su partido salpicado por la operación Zeta. El exalcalde de A Coruña Carlos Negreira, la 'conselleira' de la Xunta Beatriz Mato -que ha reconocido que recibió un bolso de la trama como regalo- y el histórico del partido José Manuel Romay Beccaría son otros de los dirigentes populares que aparecen en el sumario. La Policía halló en la contabilidad de la trama pagos al PP en 2011 por 17.000 euros, 15.000 de ellos en vísperas de las elecciones generales que ganó Mariano Rajoy.

La jueza ha planteado trasladar parte del caso a la Audiencia Nacional, ya que las subvenciones bajo sospecha también afectan al Ministerio de Empleo y Seguridad Social y a otras comunidades, como el País Vasco y La Rioja. Pero es en Galicia donde se ventilará el grueso de la causa, sobre todo por ser la Administración gallega la que suma más imputados. Uno de ellos es la exdirectora general de Trabajo y actual directora general de Conservación da Naturaleza de la Xunta, Ana María Díaz. Se la acusa, junto a otros excargos, de un delito de prevaricación por su "total dejación" en la supervisión de las subvenciones y por "los indicios de connivencia con los principales actores de la trama delictiva".

Según la jueza, el principal instrumento de los acusados para recibir las subvenciones y contratos públicos es la denominada Confederación de Autónomos y Profesionales de España (Caype), un “mero artificio” dirigido en la sombra por Gerardo Crespo, que simulaba mediante la creación de “sedes ficticias” tener implantación estatal, para acceder así a más tipos de ayudas para cursos que no realizaba. Además de Crespo, en el centro de la trama también se sitúa Eliseo Calviño, presidente de Caype y durante décadas responsable de la asociación de hosteleros coruñeses. Fraude o estafa de subvenciones, malversación de caudales públicos, falsedad documental, cohecho y blanqueo de capitales son los delitos objeto de la investigación.