La sombra de la corrupción se extiende sobre la Cámara de Comercio de Pontevedra

“Tenemos que inventar otra factura”. La frase, escrita en un correo electrónico enviado a una empresaria local por Rosario Lorenzo, secretaria general de la Cámara de Comercio de Pontevedra, revela la forma de actuar en una entidad acosada por los indicios de corrupción, con tres procesos judiciales abiertos por los que están imputados entre otros Lorenzo, su hermana, dos expresidentes y siete vocales del comité ejecutivo. Para el actual titular de la Cámara no hay nada de nada. “Yo no he visto irregularidades. Y además, aquí funciona la presunción de inocencia”, zanja Eduardo Barros.

Con presupuestos superiores al millón de euros, pero también con los problemas que ha supuesto para todas las cámaras españolas la supresión de las cuotas empresariales obligatorias, en vigor desde 2013, la de Pontevedra multiplicó en los últimos años sus “irregularidades” en la contabilidad y en las subvenciones, tanto en las que recibía como en las que otorgaba. Así lo revela un informe del Consello de Contas de Galicia, el tribunal de cuentas autonómico, que refleja entre otras muchas anomalías la inexistencia de un libro de caja y la ausencia de control en la entrada y salida de dinero en efectivo.

El demoledor informe del Consello de Contas se ha incorporado a una de las causa abiertas contra la Cámara por malversación, falsedad documental y tráfico de influencias, relacionada con presuntas irregularidades en la organización de ferias y en subvenciones recibidas para celebrar eventos. El juez ha imputado por este caso a dos expresidentes de la Cámara, ocho directivos, el contable, la secretaria y el empresario que organizaba las ferias bajo sospecha. También a la hermana de Rosario Lorenzo, empleada en la empresa supuestamente favorecida.

Otro frente judicial tiene que ver con el cobro por la propia Rosario Lorenzo de cheques de la Cámara por valor de al menos 27.200 euros, emitidos a favor de una empresa brasileña que ofrecía servicios de comercio exterior e ingresados en una cuenta en que la secretaria figura como apoderada. La compañía destinataria de los cheques había sido contratada a dedo por la institución el 1 de enero de 2012, día festivo. Aunque realmente llevaba años cobrando de la Cámara de Pontevedra, sus contratos, de existir, no están registrados.

Lorenzo -entonces con un sueldo anual de 97.000 euros- y el representante de la entidad en Brasil, Juan José María Lago, han sido imputados a instancias del fiscal, que solicita para ella una pena de tres años de prisión por un presunto delito de cohecho y 10 meses de multa con cuota diaria de 30 euros por otro de negociaciones prohibidas a los funcionarios. Para Lago reclama tres años de cárcel por cohecho. Estas y otras presuntas irregularidades fueron denunciadas en diciembre de 2012 por varios trabajadores de la Cámara. Todos ellos fueron despedidos a los pocos meses, decisión en la que los afectados han visto una represalia y de la que deriva la tercera causa judicial, por un presunto delito contra la administración de la justicia, con la secretaria y ocho directivos imputados.

Rosario Lorenzo está imputada en tres procedimientos por presuntos delitos

Rosario Lorenzo atribuye los frentes judiciales a la “litigiosidad” de los despedidos, que según ella trataron de vengarse de la pérdida de su empleo “con una serie de demandas”. La secretaria de la Cámara prefiere no realizar ningún otro comentario para evitar que le perjudique judicialmente. “Son acusaciones falsas”, se limita a señalar. El presidente en funciones de la institución, mientras, mantiene su confianza en Lorenzo y resta importancia a las causas judiciales: “Hoy en día, casi todo acaba en los juzgados. Yo mismo acompañé un día al hospital a mi mujer por un accidente y casi paso la noche en el calabozo por maltratador, y eso que me llevo fenomenal con ella”.

Ese es Eduardo Barros, industrial de la construcción estrechamente vinculado al PP, que este mismo viernes arropó a Ana Pastor, Cristina Cifuentes y Alberto Núñez Feijóo en una comida-mitin de los populares con empresarios de Pontevedra que se gestó en su despacho en la Cámara. Durante años fue presidente del elitista Casino de Pontevedra, del que el presidente del Gobierno ha sido socio desde hace muchos años. Se les ha visto juntos en numerosas puestas de largo celebradas en los salones de la entidad, que reúnen a lo más selecto de la sociedad local. Amigo íntimo de Mariano Rajoy es también el abogado de Rosario Lorenzo. “Aquí lo único que hay es un acto de deslealtad”, lamenta Barros en relación a las denuncias de los trabajadores despedidos.

Barros, presidente en funciones de la Cámara desde 2013, reduce a “algunos problemas con unas pequeñas facturas” el informe de Contas. “Todas las cámaras cometen errores, pero a la nuestra le ponen la lupa encima”, se lamenta. El informe en cuestión denuncia múltiples “deficiencias” del sistema contable y detalla un sistema de control interno “con importantes debilidades”. Se detiene el Consello en la “falta de transparencia” en la selección de personal y en su sistema de retribuciones. A este respecto, denuncia la proliferación de dietas de hasta 1.240 euros sin exigir justificación de gastos ni acreditar la realidad de los desplazamientos, que se suman a otros gastos pagados sin soporte documental.

Múltiples “deficiencias” del sistema contable y un sistema de control interno “con debilidades”

Muchas de las revelaciones del informe -realizado en los ejercicios de 2010 y 2011- tienen que ver con la contratación de ferias y la gestión de subvenciones que investiga el juez, hasta el punto de considerar que constituyen “indicios de responsabilidad contable”. Según Contas, se adjudicaron varias ferias a una empresa a dedo, y se detectaron además “irregularidades” en la ejecución de los contratos que “cuestionan la veracidad del gasto efectivamente realizado”.

Respecto a la tesorería de la entidad, el informe revela “la inexistencia de un libro de caja y la ausencia de control en la entrada y salida de dinero en efectivo”. Así, constata que de esa caja “se realizaron entradas y salidas de dinero sin disponer de los mecanismos de control adecuados para garantizar la integridad de los fondos manejados”. Tampoco dispone “de un libro en el que se registren diariamente los cobros y pagos” en efectivo. Existen cobros en metálico por importe de 8.266 euros de los que no existe “evidencia de su destino”, sostiene el organismo fiscalizador.

Todo esto son cuestiones menores para Eduardo Barros, que culpa principalmente a uno de los despedidos, el exvicesecretario general Augusto Aláez. “Quería ser secretario general porque es hijo del anterior. Es hermano de un famoso juez y tiene amigos entre los fiscales y entre la judicatura; así las sentencias no pueden salir bien”, pronostica. Esta semana se verá en el juzgado de lo social el juicio por el tercer despido consecutivo de Alaéz, después de que uno fuese declarado nulo y el segundo esté pendiente de sentencia. La Cámara abrió una investigación contra él y el resto de los exempleados que colaboraron en la denuncia. No hay noticias de expediente alguno contra Rosario Lorenzo, que sigue al frente de la secretaría general.