Qué es el 'habeas corpus' y por qué no hay que usarlo para librarse de una multa por no llevar mascarilla
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Qué es el 'habeas corpus' y por qué no hay que usarlo para librarse de una multa por no llevar mascarilla

La Policía Local de Vinaròs pidió a una mujer que entregara la documentación en la que se la eximía de usar la mascarilla, pero ésta no llevaba nada que acreditara su identidad

Foto: Madrid hace obligatoria la mascarilla y registrará a clientes de terrazas
Madrid hace obligatoria la mascarilla y registrará a clientes de terrazas

Madrid acaba de convertir el uso de la mascarilla en espacios públicos en una medida obligatoria, algo que en el resto de la península ibérica ya se venía haciendo. A falta de Canarias, el resto de comunidades autónomas ya tienen el uso obligatorio del cubrebocas en todo momento, incluso al aire libre, aunque existen algunas excepciones que permiten que determinadas personas no la tengan que llevar colocada en todo momento, entre ellas algunas cuestiones médicas. No obstante, dado que no llevarla implica una sanción económica, es imprescindible llevar siempre encima el documento que acredite que la persona que no lleva la mascarilla, en efecto, puede no llevarla.

En este caso es vital que el documento incluya los datos de identificación del ciudadano en cuestión porque, de lo contrario, ¿cómo se puede justificar? Esto es precisamente lo que le pasó a una mujer en Vinaròs, a quien la Policía Local le requirió que se colocara la mascarilla y quien acabó solicitando la figura jurídica del 'habeas corpus' para 'librarse' de la sanción. Ella quiso demostrar que estaba exenta del uso de la mascarilla y le mostró al agente su documentación de identidad, así como un resguardo en el que, aparentemente, se decía que no estaba obligada a llevar el cubrebocas. "Usted está exenta, ¿pero quién le ha hecho este papel?", pregunta el policía, a lo que la mujer responde que ha sido un abogado. "A ese señor abogado le puede usted decir que yo la puedo denunciar con 100 euros (...). Lo que usted tiene que hacer es que cuando lleve un papelito como este debe llevar su número de identidad, su nombre, aquí no pone nada". La mujer insiste en que el papel está firmado por ella "detrás", aunque el agente insiste en que "no pone ningún nombre".

"¿Usted me ve a mí como persona, como ser humano? Como persona no, yo no soy una persona, soy un ser humano. Entonces, si yo llevo el documento es mío", repite una y otra vez, mientras interrumpe al agente, que trata de explicarle la situación. "En este documento no pone ni su nombre, ni su DNI, y a mí el garabato que hay detrás no me sirve para nada (...). Esta firma suya de aquí detrás no es la misma que la de su DNI", añade, antes de pedirle que la acompañe para ser identificada. Es en ese momento en el que la señora empieza a solicitar el 'habeas corpus'. "'Habeas corpus', ya, 'habeas corpus', ahora, lléveme ante el juez", dice una y otra vez. "Usted ha visto muchas películas", cierra el agente.

¿Por qué no se debe usar aquí el 'habeas corpus'?

Esta es una figura jurídica que se creó con el objetivo de evitar arrestos arbitrarios y garantizar los derechos de los detenidos. Se trata de un procedimiento mediante el cual cualquier ciudadano puede reclamar comparecer inmediatamente ante un juez para que se pronuncie sobre la legalidad de su arresto; fue una técnica introducida en el ordenamiento jurídico español en 1984, aunque ya se empleaba con anterioridad. En esta ocasión no hay razón para apelar al 'habeas corpus' porque la mujer en cuestión no estaba siendo detenida, sino que se le estaba pidiendo que acudiera a las instalaciones para ser identificada.

¿Qué ocurre si no se puede demostrar que el uso de la mascarilla no es obligatorio y, además, se niega uno a ponerse la mascarilla? En este caso, de una simple multa por valor de 100 euros por incumplimiento de la Ley General de Salud Pública, se podría estar incurriendo en un delito de desobediencia a la autoridad, previsto en el artículo 36.6 de la ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como 'Ley Mordaza', considerado sanción grave, y que implica multas de entre 601 y 30.000 euros.

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