Por qué Carlos Mazón tiene que apuntarse a la quita de la deuda aunque tenga trampa

La Generalitat Valenciana desembolsará en 2025 más de 1.192 millones de euros en intereses de la deuda. El capítulo de gastos financieros de la Administración autonómica se ha convertido en la cuarta conselleria en términos de gasto. La bola de deuda acumulada genera compromisos con los acreedores (el Estado, el principal de ellos) que consumen más recursos públicos que el dinero que se destina a Medio Ambiente e Infraestructuras (1.144 millones), Justicia y modernización de la Función Pública (602), Agricultura (457) o Innovación e Industria (733). Los valencianos pagarán de sus impuestos casi tres veces más en intereses que todo el dinero que se destina a Emergencias e Interior (440) en una autonomía que ha naturalizado las crisis por catástrofes ambientales, con la dana del 29 de octubre como el hito más trágico y devastador.

La deuda de la Generalitat es la más voluminosa sobre el Producto Interior Bruto regional de España. A la espera de la inminente actualización por parte del Banco de España de las cifras del primer semestre de 2025, el pasivo superaba en marzo los 60.300 millones. Un informe publicado hace apenas unos días por la agencia privada de calificación Fitch Ratings augura que para 2029 la deuda habrá escalado hasta los 75.300 millones, con los correspondientes intereses.

Hay un factor estructural en esto: una infrafinanciación crónica que empuja al endeudamiento a quienes año tras año elaboran los presupuestos del territorio como mecanismo para sostener niveles de gasto similares a los de otras autonomías dentro de sus competencias.

No toda la deuda se explica por esa insuficiencia sistémica. Es cierto. Como ocurrió en otros territorios, el desplome de ingresos fiscales durante los años del crack inmobiliario dispararon el recurso a la financiación externa. Hubo también excesos en los años de vino y rosas. No hay que negarlo. Organismos como la AIReF han advertido, además, que determinadas rebajas fiscales aprobadas por el actual Consell van a impactar en un mayor incumplimiento de los objetivos de déficit y, por tanto, mayor necesidad de deuda. Pero hay consenso académico en que el grueso del exceso del pasivo se explica por un modelo de redistribución de la tarta fiscal que está caducado desde 2014 y ejercicio tras ejercicio pone a la Comunidad Valenciana la cola del reparto. El Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) calcula que el 80% de la mochila procede de esa anomalía del sistema.

El territorio más infrafinanciado no podrá beneficiarse del cálculo que compensa la infrafinanciación

Llama la atención la ligereza con la que el gabinete del barón popular Carlos Mazón ha expresado su negativa a acogerse a la quita de deuda aprobada para las autonomías por el Consejo de Ministros. Es verdad que la condonación, que todavía tiene que pasar el examen del Congreso de los Diputados, está repleta de trampas. Su fórmula de cálculo es un truco arbitrario que se ha sacado de la manga la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para encajar a golpe de martillo sus intereses políticos y los del Gobierno con una medida que en casos como el de la Comunidad Valenciana era necesaria, pero cuyo resultado final otorga ventaja en primer lugar a Andalucía, donde Montero será la próxima candidata del PSOE, y a Cataluña, por los compromisos con Esquerra Republicana y el cariño de Moncloa al actual presidente catalán y líder del PSC, Salvador Illa.

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Si prospera la quita tal como se ha concebido, la Comunidad Valenciana será la tercera autonomía con mayor alivio en términos absolutos (11.200 millones). En apariencia es una cifra elevada. Lo es. Pero debería serlo mucho más si Montero, en su fórmula en tres etapas, no hubiera topado el acceso de la Generalitat valenciana a la tercera fase del cálculo, que es, precisamente, la que compensa la infrafinanciación y ha servido para ofrecer a Andalucía la absorción de un plumazo de la mitad de su pasivo. Esa es la paradoja de la fórmula: el territorio más infrafinanciado, el valenciano, no podrá beneficiarse en el mecanismo del cálculo que compensa la infrafinanciación. Una tomadura de pelo. Montero lo justifica en que la Comunidad Valenciana ya recibe la mayor quita por habitante ajustado, argumento que suena a la canción del trilero que mueve la bolita en el paseo marítimo de Benidorm.

En esta columna se tiene la opinión de que la razón de ese requisito es caprichosa y meramente política. Si la CV hubiera accedido a la tercera fase, la quita valenciana hubiera sido tanto o más elevada que la de Andalucía o Cataluña, rompiendo así el juego de equilibrios en la fabricación de relatos del Gobierno. Mal favor le han hecho a la colega de gabinete, la ministra de Ciencia y aspirante a competir con Carlos Mazón por la Generalitat, Diana Morant, a la que podrían haber puesto en casa con una quita de más de 18.000 millones tan justa o más que la del resto de autonomías. Morant anda ahora teniendo que hacer equilibrios para explicar las bondades del modelo aprobado, obviando el nexo causal de la infrafinanciación con la deuda, como hizo el jueves en el Fórum Europa, en un salto argumental muy comentado por los que llevan tiempo siguiendo este asunto de las finanzas autonómicas tan aburrido y poco estimulante como trascendente.

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En lo que sí tiene razón la ministra y exalcaldesa de Gandía es que, si el mecanismo termina por salir adelante, no tiene ningún sentido para la Generalitat de Mazón renunciar a él. Exigir un cálculo distinto y más justo, elevar el tono político e incluso votar en contra de la medida en el Congreso de los Diputados, como han anunciado la diputada de Compromís, Àgueda Micó, o el PP, es perfectamente compatible con acogerse a la condonación una vez habilitada. Son muchos los millones de euros en gasto en intereses que pasarán de la cuenta regional a la estatal. Rechazar ese canje es algo que la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso, con una deuda del 12,6% sobre su PIB y muy inferior a la valenciana, puede permitirse. Allá ella. No es el caso de la Administración valenciana (40% sobre el PIB), a la que ese dinero le viene muy bien. No sabemos cuándo pasará el tren de la próxima quita. Podrían sucederse lustros esperando sentados en la estación.

El problema es que la negativa de Mazón no parece estar vinculada tanto al desacuerdo con la fórmula de cálculo como a la orden dada por Alberto Núñez Feijóo a sus barones de que nada de quitas. Rechazo frontal de todos. Al Gobierno, ni agua. La verticalidad y el argumento de no quebrar los discursos "nacionales" vuelven a imponerse sobre las realidades periféricas y particulares, aunque se sustenten sobre razonamientos absurdos. Mazón, pendiente del favor de Feijóo y de no molestar mucho para que el gallego le deje presentarse otra vez de candidato, parece más dispuesto a cuadrarse con su organización que a cumplir con su obligación de hacer lo que más conviene a sus administrados. Se equivocará. Hasta los representantes de la clase patronal local se lo han dicho. Cuando la condonación llegue a la playa de Contreras será él quien reciba la presión.

P.S. Mención aparte merece el trampantojo con el que el Sumar de Yolanda Díaz ha enredado al diputado de Compromís que permanece en su grupo parlamentario, Alberto Ibáñez, con unas alegaciones a la propuesta al Consejo de Ministros para elevar en 7.000 millones la condonación valenciana que fueron rechazadas por Montero y el PSOE. Ahora se van a traducir en una enmienda parlamentaria que no parece tener visos de prosperar por la negativa de los socialistas. Pero ese rechazo en la Cámara no será suficiente como para que Sumar vete la propuesta original. Así que la enmienda no es más que un lance de cara a la galería. Otro trile más. Hará bien Àgueda Micó en desmarcarse desde el grupo mixto. A estas alturas ya se trata de conservar la dignidad. Qué menos.