El jefe de Antifraude se aparta de la investigación del concejal de Catalá por una incompatibilidad

El director de la Agencia Valenciana Antifraude, Eduardo Beut, se ha apartado de la investigación que cuestiona la transparencia de las abstenciones del concejal popular José Marí Olano en procesos de contratación del Ayuntamiento de Valencia. El Consejo de Dirección del órgano fiscalizador autonómico aceptó, en las sesiones celebradas el 16 de octubre de 2025 y el 3 de noviembre, la abstención de su máximo responsable, según refleja el informe provisional completo sobre la actuación de Olano al que tuvo acceso El Confidencial, y decidió abrir un procedimiento de investigación de cumplimiento de la legalidad el 4 de noviembre, tras una primera fase de análisis de la denuncia recibida a través de sus canales anónimos.

El informe provisional no recoge las razones por las que Beut, que llegó a Antifraude procedente del área de inspección de la Agencia Tributaria como jefe de unidad en la regional en Valencia, se ha abstenido de participar en esta investigación. El caso ha puesto el foco sobre seis contratos municipales por valor de 255 millones de euros, varios de ellos financiados con fondos europeos Next Generation, y ha abierto una brecha de incertidumbre sobre la legalidad de los procesos administrativos del consistorio que dirige María José Catalá.

Beut comunicó al Consejo de Dirección su decisión de abstenerse en el expediente de Marí Olano, que trabaja y ha trabajado como abogado para el sector privado, antes de que arrancase la fase investigativa. Como inspector de Hacienda, el director del órgano fiscalizador autonómico ha participado en multitud de procesos de liquidación fiscal. Algunos han terminado en los tribunales.

A preguntas de este periódico, fuentes de la agencia apelaron a la confidencialidad del procedimiento y no aclararon los motivos de la abstención del director de Antifraude. Se limitaron a remitir a las causas previstas en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

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El artículo 23 de la citada norma fija las causas de incompatibilidad que obligan a la abstención. Entre ellas figuran tener interés personal en el procedimiento, bien como persona física o como administrador de una sociedad interesada, o tener litigiosidad pendiente con algunos de los implicados en el expediente. También obliga a no tener vínculos familiares, amistad íntima o enemistad manifiesta y haber intervenido como perito o testigo en el procedimiento. Por último, se cita como causa de abstención "tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar".

Este último motivo es el que llevó a Marí Olano a abstenerse en varios expedientes de contratación municipales investigados por Antifraude. Entre los seis contratos cuestionados figuran el de saneamiento (232 millones), adjudicado a Acciona y que Global Omnium ha elevado al contencioso-administrativo tras un primer portazo del Tribunal de Recursos Administrativos (TCRA), y las obras de la avenida Pérez Galdós, valoradas en casi 20 millones de euros.

En su informe, la Agencia reprocha al concejal que no haya identificado la empresa contratista para las que trabaja o ha trabajado y por las que formula declaración positiva de ausencia de conflicto de interés (DACI) en la comunicación de su abstención por incompatibilidad. Abogado del Estado en excedencia, Olano fue socio de KPMG desde marzo de 2014 hasta noviembre de 2023. Como miembro del equipo de gobierno municipal, tiene reconocida una dedicación parcial del 75% y sigue ejerciendo la abogacía y la consultoría a clientes privados. Mediante resolución de la alcaldesa Catalá, en abril de 2025 se delegó la presidencia de la Mesa de Contratación municipal en el concejal, teniendo como suplente primera la concejal Julia Climent.

Desde entonces se han producido varias abstenciones que evidencian la relación del edil con contratistas municipales. Antifraude advierte que la ausencia de transparencia del edil a la hora de poner nombre y apellidos a sus clientes es "un indicador de riesgo en conflictos de intereses" en los mecanismos de prevención de contratos financiados con fondos europeos.

"La abstención es un deber y una garantía personal y causal, de modo que debe poder conocerse en el expediente cuál es la causa concreta y a qué relación o sujeto responde, porque si no se identifica el presupuesto fáctico, no es verificable la abstención, pues una abstención carente de concreción impide el control de imparcialidad", dice el informe de Antifraude del que su director se ha apartado formalmente. "Se dificulta verificar si encaja en causas tasadas y si era abstención procedente (o, al contrario, si la abstención fue indebida y alteró la composición/funcionamiento del órgano)", añaden los investigadores.

Sobre esto último, la Agencia señala que la no sustitución de Olano en la presidencia de las comisiones de contratación de los concursos en los que se ha abstenido puede haber contaminado los procedimientos por déficits en los requisitos administrativos. El equipo de Catalá defiende que el informe de Antifraude es provisional, pendiente de alegaciones, y que el concejal está amparado por su secreto profesional y no ha cometido ninguna irregularidad.