La factura de la dana ya supera los 11.250 millones y pulveriza todos los registros de catástrofes

La factura de la dana que azotó la provincia de Valencia y varios puntos de Castilla-La Mancha y Andalucía sigue pulverizando los registros históricos de catástrofes. La mortal y destructiva riada, de la que este mes de abril habrá pasado un año y medio, tuvo un enorme coste en vidas, con 230 víctimas mortales. Y el económico está cerca de cumplir las previsiones más agoreras. Las Administraciones Públicas y el Consorcio de Compensación de Seguros han desembolsado más de 11.250 millones de euros desde que se produjo la tragedia. Municipios afectados siguen ejecutando obras y tienen pendiente la reconstrucción de equipamientos.

Según los datos que ofrece el visor habilitado por el Ministerio de Política Territorial para hacer un seguimiento de las acciones de recuperación, el sistema ha gestionado 397.699 expedientes desde el inicio de la emergencia. En total, se ha comprometido o ejecutado ya gasto por importe de 9.437 millones de euros de la parte que corresponde gestionar a la Administración central, incluyendo los 4.420 millones del Consorcio de Compensación de Seguros, los 1.745 millones transferidos a fondo perdido a las cuentas bancarias de los ayuntamientos para financiar los trabajos de recuperación de infraestructuras locales y los 437 millones para reconstruir alcantarillados y sistemas de saneamiento.

A esta cifra hay que sumar el dinero ejecutado por la Generalitat en proyectos y líneas de ayudas vinculadas a la dana. En 2024, gastó 292 millones de los 700 millones que tenía autorizados y en 2025 fueron 1.521 millones de los 2.364 millones reservados para la reconstrucción en capacidad de endeudamiento. La cifra no incluye todas las obras realizadas, al igual que ocurre con las cifras que ofrece el Gobierno, que no computan el gasto realizado en obras de reparación por el Ministerio de Transportes, ADIF o Renfe, igualmente millonario.

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A este volumen de recursos se suma la batería de instrumentos financieros activados para sostener la actividad económica tras la catástrofe. En total, se han formalizado 801 millones en avales y créditos, en su mayor parte a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), junto a actuaciones directas por importe de 752,8 millones de euros. El capítulo de ayudas directas gubernamentales incluye las compensaciones por daños personales, que ascienden a 250 millones de euros, y las destinadas a empresas y autónomos suman otros 347 millones. Estas líneas han sido clave para sostener el tejido productivo en los meses posteriores a la riada, especialmente en las zonas industriales más afectadas.

El Consorcio de Compensación de Seguros, por su parte, mantiene el papel central en la cobertura de los daños. Ha desembolsado ya 4.420 millones de euros tras gestionar el 99,3% de las solicitudes registradas. En términos de volumen, destacan los más de 132.000 pagos realizados por siniestros en vehículos y otros 62.000 por daños en viviendas, lo que da una dimensión del impacto material de la catástrofe sobre familias y empresas.

En el ámbito local, los ayuntamientos continúan avanzando en la ejecución de los fondos transferidos por el Estado. Esos 1.745 millones destinados a la reconstrucción de infraestructuras municipales en 78 localidades siguen en fase de desarrollo, con consistorios que aún licitan proyectos y presentan memorias valoradas al Ministerio de Política Territorial para justificar el gasto.

Una situación similar se da en el ámbito del ciclo integral del agua. Los 437,8 millones de euros consignados para la reposición de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración afectan a 72 municipios, que siguen ejecutando actuaciones para restablecer servicios básicos dañados por la riada.

Entre las medidas sectoriales destaca el Plan Reinicia Auto, que ha concedido ya 40.710 ayudas por valor de 210 millones de euros para la reposición de vehículos siniestrados. Por su parte, la Generalitat Valenciana ha desembolsado más de 330 millones en ayudas directas a personas que perdieron el coche, con más de 86.000 expedientes tramitados.

El impacto en el empleo también ha requerido medidas específicas. La Administración central ha destinado 44 millones de euros a prestaciones por ERTE de fuerza mayor, mientras que otros 35,7 millones han financiado planes de empleo orientados a la contratación de personas desempleadas en las zonas damnificadas. Todo ello configura un despliegue de recursos sin precedentes que, año y medio después, sigue en plena fase de ejecución. Se suman además otros programas como 76,8 millones en ayudas para compensar pérdidas en rentas agrarias, un capítulo especialmente sensible en comarcas donde la agricultura quedó gravemente afectada.