La Generalitat deja en manos del juez el futuro de los festivales en la Ciudad de las Artes

La Generalitat valenciana quiere que el juzgado le diga si puede celebrar los festivales musicales en la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA). La sociedad autonómica ha presentado un incidente judicial de ejecución de sentencia ante el mismo juez del Contencioso-Administrativo que dictó el falló contra el Ayuntamiento de Valencia por el exceso de contaminación acústica de los festivales que se celebran en el recinto diseñado por Santiago Calatrava y la discoteca al aire libre que alberga en el Umbracle.

El Consell que preside el popular Juanfran Pérez Llorca, muy presionado por las empresas promotoras, que han vendido ya miles de entradas para los festivales de esta primavera-verano y mantiene el cartel, solicita al órgano judicial que se pronuncie sobre la posibilidad de que puedan mantenerse "aquellas actividades musicales en las que se adopten, por parte de los promotores y la dirección de la Terraza Umbracle, las medidas adicionales necesarias que permitan controlar y garantizar que no se vulnera la ordenanza municipal de protección contra la contaminación acústica".

La Generalitat busca algún tipo de respaldo judicial a la celebración de los eventos con los requisitos de la ordenanza municipal en cuanto al volumen de salida. "Plantea una solución que permita la celebración de aquellos eventos musicales que cumplan con las medidas que eviten la contaminación acústica, respeten los niveles sonoros previstos legalmente, e impidan la vulneración de los derechos fundamentales de los vecinos", señala en una nota oficial.

La norma fija para los conciertos al aire libre 90 decibelios para los altavoces emisores y un máximo de 85 decibelios en el perímetro del recinto. Fuentes del sector estiman que se trata de requisitos muy limitados para concentraciones de hasta 20.000 personas como las que se producen en el Festival Les Arts, el Love The 90's o el Big Sound, que son los que acoge la Ciudad de las Artes.

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Aun así, la sentencia judicial no se fundamenta sobre el exceso de volumen de salida, sino por el incumplimiento en el impacto en el exterior de las viviendas, con registros peritados de hasta 85 decibelios algunas noches, cuando el límite son 45 en horas nocturnas y 55 en diurnas. Hasta 46 vecinos tienen derecho a ser indemnizados con 3.000 euros cada uno por el Ayuntamiento, según la sentencia en primera instancia, que hace responsable al consistorio de no vigilar el cumplimiento de la ordenanza de contaminación acústica pese a que los conciertos se celebran en un recinto autonómico. El ruido viene provocado por la música, pero también por la acumulación de miles de personas en un entorno urbano como son la Ciudad de las Artes y sus inmediaciones. Es altamente probable que la representación legal de los afectados se pronuncie contra la continuidad de los eventos si el juzgado pide su opinión sobre el incidente presentado por Cacsa.

Pese al fallo judicial, y con las reservas del espacio de este año ya bloqueadas por los promotores (hablan de 80.000 entradas vendidas) y cobradas por la empresa púbica, Cacsa quiere que el juez exprese una opinión ahora sobre la opción de mantener los eventos con controles reforzados, en lo que no deja de ser un cierto reconocimiento de la laxitud de otra ediciones. Está por ver que el juzgado considere que tiene competencia para pronunciarse ahora sobre eventos futuros, más allá de exigir el cumplimiento de la ley.

"Casa reforzará sus medidas ya existentes contra el ruido con la exigencia de que cada promotor deberá presentar un plan de actuación en sede judicial, de forma previa al evento, y garantizar que los medios técnicos y tecnológicos con los que llevará a efecto cada actividad y el procedimiento de control de los mismos cumplirán con las condiciones exigidas", señala la comunicación oficial de este viernes, si bien la Generalitat no ha hecho público el escrito remitido al juzgado.

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"Estas nuevas medidas vendrán a completar y reforzar las que ya se venían llevando a cabo hasta la fecha, entre las que se incluía el traslado a los promotores de un informe técnico de auditoria acústica para la implementación de este tipo de eventos, o la exigencia, con carácter previo a la celebración del evento, de una serie de documentos como son la licencia ambiental, el plan de emergencias y autoprotección, los certificados de montaje y estructuras, acreditación de la legalización de las instalaciones eléctricas, sistemas de control de aforo e informe de inspección de infraestructuras e instalaciones realizado por una OCA (Organismo de Control Autorizado)", insiste.

La iniciativa autonómica fue acogida este viernes de forma positiva por la alcaldesa de Valencia, la popular María José Catalá, pese a la contudencia en la exigencia de que se cumpla la sentencia en los primeros días de conocerse y la voluntad cerrar el capítulo de grandes festivales en la Ciudad de las Artes por las molestias vecinales.

"Lo que ha hecho Cacsa es plantear un incidente de ejecución de sentencia dirigida al juez con el objetivo de clarificar un poquito más la sentencia y conocer un poco mejor la opinión sobre si podría celebrarse algún tipo de festival musical adoptando unas medidas correctoras", afirmaba Catalá en declaraciones recogidas por Europa Press. La primera edil consideró "interesante que se resuelva pronto" para "aportar tranquilidad sobre la posibilidad de, adoptando unas medidas correctoras, hacer algún tipo de evento musical". Catalá recordó que, en cualquier caso, hay eventos que ya se han desplazado, como los Gay Games o el concierto de Jean-Michel Jarre a Marina Norte. "Antes de este incidente ya se están adoptando medidas para que los vecinos de alguna forma tengan alguna mejoría importante".