La Fiscalía investiga a Catalá y la presidenta del Puerto de Valencia tras una denuncia de Compromís

La Fiscalía Provincial de Valencia ha incoado diligencias de investigación penal a raíz de una denuncia presentada por Compromís en la que se señalan posibles irregularidades en procesos de contratación pública vinculados a la extinción del Consorcio Valencia 2007. Las actuaciones, en fase muy germinal, tienen como objetivo esclarecer si los hechos descritos podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación.

La denuncia ante Anticorrupción, firmada por la portavoz municipal de Compromís, Papi Robles, que ha hecho pública este martes la apertura de diligencias junto con el concejal Ferran Puchades, pone el foco en la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en su condición también de presidenta del Consorcio Valencia 2007, así como en la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia, Mar Chao, entre otros responsables públicos y técnicos.

Según el escrito remitido por los valencianistas, que apunta también a un posible delito de tráfico de influencias, los hechos se enmarcan en el proceso de liquidación del Consorcio, participado por el Ayuntamiento, el Gobierno central y la Autoridad Portuaria. La denuncia sostiene que distintas entidades públicas —entre ellas la Autoridad Portuaria de Valencia, la Fundación Deportiva Municipal y la Fundación Visit València— habrían impulsado de forma "paralela y concertada" varios procesos selectivos para recolocar a un grupo determinado de las once personas que perdían su empleo con el cierre del gestor de la Marina de Valencia.

Además, se hace referencia a actas notariales levantadas días antes de la convocatoria de algunas plazas en las que, según el escrito, se anticipaba quiénes resultarían adjudicatarias de determinados puestos en el puerto.

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Catalá ha negado las acusaciones de irregularidad y ha restado trascendencia a las diligencias. Ha señalado que en el caso municipal solo se reintegró un auxiliar administrativo en Visit València tras superar un concurso-oposición en una plaza ya creada y que tanto Compromís como los socialistas llegaron a pedir en una moción la subrogación de todo el personal del Consorcio. Tras señalar como un "trámite" las diligencias de Anticorrupción, ha calificado de "esperpéntica" la denuncia de Compromís. Sobre las contrataciones en Puerto ha indicado que escapa a sus competencias, aunque es en este organismo donde más tiene el foco puesto la Fiscalía Anticorrupción.

En la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción no solo se señala a la alcaldesa de Valencia y a la presidenta de la Autoridad Portuaria, sino también a otras concejalas del Ayuntamiento con responsabilidades en entidades públicas municipales. En concreto, el escrito incluye a Rocío Gil, en su condición de presidenta de la Fundación Deportiva Municipal, y a Paula Llobet, como presidenta de la Fundación Visit València, por su intervención en la aprobación y desarrollo de distintos procesos selectivos que, según la denuncia, estarían vinculados a la recolocación de personal procedente del Consorcio Valencia 2007 durante su proceso de liquidación. Catalá no preside ninguna de las dos entidades municipales, aunque sí es consejera del Puerto de Valencia, entre otras personas.

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El objetivo de estos procedimientos, siempre según la denuncia, habría sido facilitar la incorporación de una parte del personal procedente del consorcio en liquidación mediante la convocatoria de plazas con perfiles "muy determinados". En concreto, se describen al menos siete procesos administrativos dirigidos a cubrir puestos en áreas del Puerto de Valencia.

Algunos de esos procesos culminaron con la adjudicación de plazas a extrabajadores del Consorcio Valencia 2007. Es el caso de dos puestos en la Autoridad Portuaria —subdirección de Infraestructuras y apoyo a la gestión económica— que fueron finalmente ocupados por candidatas vinculadas previamente a dicha entidad. De forma paralela, otras convocatorias en organismos municipales quedaron desiertas o fueron desistidas tras estos nombramientos.

La denuncia también incorpora un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre el Puerto de Valencia que apunta a deficiencias en varios procesos selectivos, entre ellos los relacionados con las personas que procedían del Consorcio. En concreto, el documento señala la posible existencia de "criterios restrictivos" que podrían vulnerar los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, así como la falta de criterios homogéneos en la valoración de candidaturas.

En base a estos hechos, la denunciante considera que podrían concurrir indicios de delitos como prevaricación administrativa y tráfico de influencias, recogidos en los artículos 405 y 428 del Código Penal.

La Fiscalía, en un decreto fechado el 11 de marzo de 2026 y firmado por la fiscal jefe María Pilar Tomás Gómez, ha acordado la apertura de diligencias de investigación penal y ha designado un fiscal instructor para el análisis de los hechos. El procedimiento se encuentra en fase preliminar, a la espera de que se practiquen las actuaciones necesarias para determinar si procede su judicialización en el caso de que el Ministerio Público considere que hay elementos suficientes como para presentar una denuncia. Catalá es aforada como diputada autonómica, por lo que cualquier denuncia contra ella deberá dirigirse al Tribunal Superior de Justicia valenciano con indicios reforzados.

Catalá: Trasparencia y legalidad

Tras hacerse públicas las diligencias, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha restado relevancia a la investigación de la Fiscalía Anticorrupción y ha defendido la actuación del Ayuntamiento en relación con la denuncia presentada por Compromís. Según ha señalado, la incoación de este tipo de procedimientos responde a un trámite "habitual" tras la recepción de una denuncia y no implica, por sí misma, la existencia de irregularidades.

Catalá ha circunscrito los hechos que afectan al consistorio a un único caso: el de un trabajador del Consorcio Valencia 2007, con categoría de auxiliar administrativo, que accedió a una plaza en la Fundación Visit València mediante un proceso de concurso-oposición. La alcaldesa ha insistido en que dicho procedimiento se desarrolló "con absoluta transparencia" y dentro de la legalidad, rechazando que exista cualquier tipo de irregularidad en este ámbito.

La primera edil ha contextualizado la situación en el proceso de liquidación del Consorcio Valencia 2007, que conllevó la extinción de los contratos de su plantilla mediante un expediente de regulación de empleo (ERE), en aplicación de un informe de la Abogacía del Estado de enero de 2024. En ese escenario, ha recordado que distintos grupos políticos, incluidos los ahora denunciantes, se interesaron por el futuro de los trabajadores afectados.

En este sentido, Catalá ha subrayado que Compromís llegó a plantear en el pleno municipal iniciativas para evitar los despidos y propuso la reasignación de estos empleados dentro de la Administración local, una opción que finalmente fue descartada por informes contrarios de la Secretaría Municipal. A su juicio, resulta “sorprendente” que quienes defendían esa recolocación sean ahora quienes denuncian los hechos.

La alcaldesa ha defendido que el Ayuntamiento se limitó a permitir que extrabajadores del Consorcio, en tanto que empleados públicos, pudieran concurrir a procesos selectivos abiertos en igualdad de condiciones, siempre respetando los principios de mérito y capacidad. En el caso concreto señalado, ha reiterado que se trataba de una plaza ya existente, creada por el anterior gobierno municipal, a la que el candidato accedió sin que conste "ninguna reclamación ni recurso" en el procedimiento.

Asimismo, ha precisado que, en la actualidad, no hay ningún extrabajador del Consorcio Valencia 2007 en la Fundación Deportiva Municipal y solo uno en la Fundación Visit València, en las condiciones ya descritas. Catalá ha asegurado que toda la documentación relativa a estos procesos será puesta a disposición de la Fiscalía para su análisis.