Detenido Carlos Baño, presidente de la Cámara de Alicante y apoyo patronal clave de Mazón

La Policía Nacional ha detenido en la mañana de este viernes al presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, un empresario muy cercano al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y personaje clave en los apoyos patronales de la provincia al exbarón conservador. La detención ha sido adelantada por el periódico Información y confirmada por El Confidencial en fuentes conocedoras de la investigación. Agentes de la Policía Nacional han registrado la sede de la Federación de Comercio y Pymes de la provincia de Alicante (Facpyme). El Grupo de Blanqueo de Capitales de la UDEF se encarga de las pesquisas. Las diligencias son secretas. Se imputan cargos de fraude en subvenciones y falsedad documental.

Baño salió de la Comisaría Provincial a última hora de la tarde acompañado por su abogado, Ignacio Gally. Ante los periodistas que aguardaban a las puertas de las dependencias policiales se limitó a señalar que han "facilitado y colaborado con la justicia", informó Europa Press.

La Fiscalía Anticorrupción tenía abierta desde hace un año una investigación para determinar si esta organización patronal pudo beneficiarse de forma irregular de las campañas del denominado Bono Comercio, un programa financiado por la Diputación de Alicante cuando Mazón era presidente para estimular el consumo en el comercio local tras pandemoa del covid. La investigación se centra en las campañas desarrolladas entre 2022 y 2023 en una veintena de municipios de la provincia y en la posible existencia de un delito de fraude de subvenciones.

El origen de la causa está en una investigación previa de la Agencia Valenciana Antifraude. El organismo recibió varias denuncias anónimas a finales de 2024 y comenzó a recabar documentación sobre la gestión de estas ayudas públicas. Tras analizar contratos, facturas y procedimientos de adjudicación en distintos ayuntamientos, Antifraude remitió el expediente a la Fiscalía, que decidió asumir el caso para estudiar si existen indicios de delito.

El programa del Bono Comercio fue una de las principales iniciativas económicas impulsadas por la Diputación de Alicante cuando la institución estaba presidida por Carlos Mazón. El plan consistía en subvencionar parte de las compras realizadas en pequeños comercios con el objetivo de reactivar la economía local tras la pandemia y en un contexto de fuerte inflación. Los ciudadanos podían adquirir productos pagando solo la mitad del precio, mientras que el otro 50% se financiaba con fondos públicos transferidos por la Diputación a los ayuntamientos. Entre 2022 y 2024, este sistema movilizó alrededor de 58 millones de euros en ayudas públicas.

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El foco de la investigación se sitúa en la gestión de esas campañas en algunos municipios y, especialmente, en el papel desempeñado por Facpyme. Según la documentación analizada por Antifraude, varios ayuntamientos encargaron la organización del programa a una empresa vinculada a la patronal del comercio alicantino. Se trata de Nexo Retail Alicante, una sociedad mercantil creada en julio de 2022 por la propia Facpyme y administrada por su presidente, el empresario Carlos Baño.

Los investigadores tratan de aclarar por qué diversos consistorios recurrieron a esta empresa para gestionar el programa y si esas contrataciones se realizaron siguiendo los procedimientos administrativos correctos. En algunos casos, se analiza si el servicio se adjudicó sin concurso público o mediante fórmulas que podrían haber favorecido a la empresa vinculada a la patronal. Por ese motivo, la Fiscalía ha solicitado documentación a distintos ayuntamientos sobre los contratos firmados, las facturas emitidas y los gastos justificados dentro del programa.

Otro de los elementos que ha llamado la atención de los investigadores son los resultados económicos de la sociedad creada por Facpyme. En su primer ejercicio, con apenas cinco meses de actividad, la empresa registró una facturación cercana a los 677.000 euros y unos beneficios superiores a 512.000 euros, lo que supone una rentabilidad extraordinariamente alta para una empresa recién creada. En 2023, ya con el ejercicio completo, ingresó más de 370.000 euros y obtuvo unos beneficios cercanos a los 148.000. Estos resultados forman parte de la documentación analizada por Antifraude y ahora también por la Fiscalía.

La cuestión de fondo que intenta aclarar Anticorrupción es si una organización empresarial sin ánimo de lucro como Facpyme pudo obtener beneficios a través de una sociedad mercantil creada para gestionar subvenciones públicas.

La federación patronal ha defendido que esa empresa se constituyó para prestar servicios a las pymes asociadas y que los beneficios, en su caso, no se repartieron entre directivos sino que se destinaron a la propia actividad de la organización.

Facpypme sostiene además que su papel fue simplemente el de intermediario entre las administraciones locales y los comercios participantes en las campañas. Desde la organización aseguran que han colaborado con ayuntamientos de distintos signos políticos y que facilitarán toda la documentación requerida por la Fiscalía, insistiendo en que no ha existido lucro personal para ningún miembro de la entidad.

La investigación también tiene un evidente trasfondo político. El presidente de Facpyme y administrador de la empresa investigada, Carlos Baño, mantiene una relación personal estrecha con el actual president de la Generalitat Valenciana, lo que ha añadido presión política al caso. Mazón, de hecho, fue director general de la Cámara y tiene plaza reservada en esta institución en excedencia por cargo público.