El presidente del TSJ, el juez que archivó a Camps y la que procesó a Blasco decidirán si imputan a Mazón

El letrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha emitido este martes una diligencia de ordenación por la que se registra la exposición razonada elevada por la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, en la que pide que se investigue al el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por un posible delito de omisión "negligente" con resultado de homicidio por imprudencia en la gestión de la dana que provocó 230 muertos el 29 de octubre de 2024.

La diligencia de ordenación establece, "atendidos los antecedentes que constan en la Sala", la designación del tribunal encargado de resolver sobre la admisión o inadmisión de la exposición razonada. Son el presidente de la Sala y del TSJCV, Manuel Baeza, y los magistrados Pía Calderón y José Francisco Ceres, tres jueces de larga trayectoria en los juzgados valencianos y de prestigio reconocido en ámbitos judiciales.

Ceres y Calderón participaron en las deliberaciones sobre las primeras querellas contra Mazón, que fueron rechazadas por falta de indicios suficientes, antes de que la instructora de Catarroja comenzase a indagar sobre su rol el día de la tragedia tras abrirle la puerta la Audiencia Provincial de Valencia a realizar averiguaciones sobre una posible influencia en las decisiones de la exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa.

Por parte, Baeza tomó posesión del cargo el pasado mes de abril en presencia de propio Mazón. La existencia de fotografías juntos en aquel acto institucional ha servido ya de excusa a Compromís para señalarle públicamente e, incluso, cuestionar su imparcialidad en el procedimiento, con la frase "abogado el que tengo magistrado" difundida en redes sociales junto con la imagen con el exbarón popular.

La ponente a la hora de decidir la decisión de admitir o no la exposición razonada será Pía Calderón, otra jueza con muchos trienios a la espalda. Entre los casos mediáticos que ha tenido que lidiar está el llamado "caso Cooperación", que instruyó y finalizó en 2013 enviando el banquillo al exconseller popular Rafael Blasco por la malversación de fondos destinados a la cooperación internacional. Blasco terminó condenado a prisión en aquella causa.

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El tercero en la terna de togados es José Ceres, otro juez con larga trayectoria. Ceres tuvo en sus manos la instrucción de la parte valenciana del caso Gürtel en sus orígenes. Junto a Juan Luis de la Rúa, fue uno de los dos magistrados que decidió archivar en 2009 en un primer momento la causa de los trajes contra el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, contra el criterio del instructor José Flors. Ese archivo fue enmendado por el Tribunal Supremo y Camps terminó en el banquillo, para ser absuelto finalmente por un jurado popular.

Posteriormente, Ceres instruyó la pieza relativa a la financiación ilegal de los populares valencianos en Gürtel y procesó en 2014 a la cúpula nombrada por el propio Camps, con Ricardo Costa, Vicente Rambla (que fue absuelto) o los presuntos cabecillas de la trama Francisco Correa, Álvaro Pérez, El Bigotes, y Pablo Crespo; y una decena de empresarios entre los que están Enrique Ortiz y Vicente Cotino. En total, el juez mandó la banquillo a veinte personas por una financiación irregular de campañas que terminó probada en juicio en la Audiencia Nacional.

En la resolución que se ha conocido este martes, el Tribunal Superior de Justicia valenciano da dos días de plazo a la Fiscalía y a las demás partes personadas en el procedimiento para formular alegaciones, conforme a lo previsto en la regla número 2 del artículo 759 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ese plazo vence el próximo lunes, 9 de marzo, a las 15 horas.