La jueza abre una causa por el escándalo de los pisos de Alicante y pide papeles al Ayuntamiento y la Generalitat

La titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, que investiga la polémica adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) sobre una parcela municipal, ha dictado una providencia por la que acuerda las primeras diligencias de investigación. La causa se ha abierto tras recibir una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción y de la asociación Manos Limpias. El Ministerio Público trasladó al juzgado sus primeras investigaciones, en las que aprecia indicios de la comisión de delitos contra la Administración Pública, como el de negociaciones prohibidas y uso de información privilegiada.

El escándalo ha sacudido la política local y autonómica en un contexto de fuerte presión y sensibilidad social sobre los precios de la vivienda, un fenómeno del que no es ajena, ni mucho menos, la ciudad de Alicante. Rocío Gómez, concejal de Hacienda del equipo del alcalde, el popular Luis Barcala, ha dimitido tras aparecer como propietaria de uno de los pisos, según desveló el periódico Información. También se han beneficiado hijos de altos funcionarios municipales, la mujer del empleado público que visaba los expedientes en la Conselleria de Vivienda y la madre de los hijos del que era jefe de gabinete de la consellera de Industria y Turismo, Marian Cano, antiguo asesor municipal, que dimitió tras trascender su caso.

Dos adjudicatarios, vinculados familiarmente, han renunciado a sendos pisos de la promoción Les Naus, ubicada en la cotizada zona de la Playa de San Juan. La urbanización consta de 140 viviendas, con piscina y zonas comunes, y fue promovida por una cooperativa impulsada por una constructora local sobre una parcela municipal, que se adjudicó con el encargo de levantar viviendas de protección pública, de 200.000 euros de media.

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Hay además otros funcionarios implicados y grupos de hermanos o familiares con varias viviendas inscritas en un reparto que este mismo miércoles copó la sesión de control al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. La oposición de PSPV-PSOE y Compromís ha reclamado explicaciones al jefe del Consell. Los populares se defienden señalando que la promoción se inició con el sistema de requisitos del anterior Ejecutivo autonómico del Botànic.

Para Llorca, el caso ha enturbiado uno de los objetivos políticos que asumió cuando sucedió a Carlos Mazón al frente de la Generalitat, el de convertir el impulso de vivienda pública en eje básico de gestión. El nuevo presidente ya ha tenido que contestar en varias ocasiones a preguntas de los medios sobre el lío alicantino en actos de presentación de promociones del Plan Vive, sin ir más lejos, ayer en Castellón.

La jueza instructora ha acordado reclamar diversa documentación al Ayuntamiento de Alicante, al Servicio Territorial de la Conselleria de Vivienda, Juventud, Empleo e Igualdad y a la Cooperativa de Residencias Les Naus, cuya aportación al procedimiento ha solicitado la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado.

La instructora incoó el pasado 11 de febrero diligencias previas para investigar la adjudicación de esas VPP tras recibir por reparto la denuncia de Manos Limpias por presuntos delitos de prevaricación administrativa, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.