Dos de los adjudicatarios de las viviendas protegidas de Alicante renuncian a los pisos

Dos de los 140 adjudicatarios de las viviendas de protección pública (VPP) de la playa de San Juan de Alicante han renunciado a los domicilios, según ha anunciado este martes el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, del PP.

En rueda de prensa al término de la Junta de Gobierno Municipal, el alcalde ha explicado que estos dos adjudicatarios no son cargos municipales ni personas públicas -"no han aparecido en los medios, dos personas no relevantes"-, y ha afirmado que no puede revelar las explicaciones que han ofrecido para desistir de las viviendas en el residencial 'Les Naus' porque infligiría la Ley de Protección de Datos.

En todo caso, ha añadido que entiende que "a lo mejor no cumplían las condiciones que se daban cuando accedieron" a la VPP, o quizá ahora no lo atenderían o, incluso, pudieron interpretar "mal" los requisitos para solicitar uno de estos inmuebles dentro de un escándalo que ha sacudido la actividad política del ayuntamiento y que ya se ha saldado con la dimisión de la concejala de Urbanismo, la popular Rocío Gómez, y de una directora general municipal.

"Es una noticia importante porque cala el mensaje de que no quedará impune ninguna conducta irregular. Ante la duda, que renuncien y las entreguen", ha advertido en un caso donde puede haber "consecuencias muy graves" y donde "es prioritario que las viviendas lleguen a quienes tienen que llegar".

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En esta línea, el alcalde ha hecho un llamamiento público para que, al igual que ha sucedido con los dos que han renunciado, "todo el que sea consciente" de que ha sido beneficiario de una vivienda pública ilegítimamente "que lo arregle, y que lo arregle es que entreguen las viviendas", y ha insistido en que su Gobierno ha actuado y lo seguirá haciendo con "contundencia, celeridad y máxima transparencia" porque es "consciente de la alarma social generada y del escándalo".

Tras defender que actuará con "contundencia, celeridad y máxima transparencia" consciente "de la alarma social generada y del escándalo", de la apertura de diligencias del Juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad, que ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que aporte las denuncias presentadas por el propio ayuntamiento, la Generalitat, el PSPV-PSOE y Sumar, ha expresado la "máxima confianza" en el trabajo de la jueza, a la que pide "celeridad" y ofrece "la máxima colaboración".

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Ha recalcado que el alcalde es quien "más interés" tiene en que se investigue porque "Alicante no se merece esta mancha", y ha proseguido que, atendiendo la petición de la Conselleria de Vivienda, se prepara un operativo de la Policía Local para una inspección en 'Les Naus' y "comprobar que efectivamente los empadronados están habitando las viviendas".

La oposición pide llevar a Anticorrupción a los que renuncian

La portavoz socialista Ana Barceló ha exigido que el Ayuntamiento de Alicante traslade a la Fiscalía Anticorrupción qué dos propietarios han renunciado y el porqué ya que "la mayoría de las personas que conocemos que se han adjudicado esas viviendas tienen un vínculo con el PP o con este ayuntamiento" a partir de "canales de comunicación de información privilegiada" de la promoción de VPP.

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En la misma línea, Rafa Mas (Compromís) ha conminado a Barcala a ir al juzgado a declarar voluntariamente y le ha tachado de "okupa" en la Alcaldía, al que 60 entidades vecinales le piden responsabilidades por lo ocurrido, mientras que Manolo Copé (EU-Podem) cree que "algo huele a podrido".