Condenan a una exconcejal del PP de Gandía por falsificar la firma de su hermano para comprar un Mercedes

El Juzgado de lo Penal número 1 de Gandía ha condenado a la exconcejal del PP en esta localidad Carmen Román (edil entre 2019 y 2023 y que no repitió en las listas municipales de 2023) por falsificar la firma de su hermano hasta en doce ocasiones para financiar la compra de un Mercedes a nombre de la comunidad de bienes que ambos compartían, dedicada a la agencia de aduanas.

La sentencia considera probado que Román suscribió el 3 de enero de 2019 un contrato con Mercedes-Benz Financial Services España para adquirir un Mercedes Clase A en un concesionario de la localidad valenciana, haciendo figurar como prestatarios tanto a ella como a su hermano, pese a que este no intervino ni autorizó la operación.

El juzgado le impone seis meses de prisión y multa, la pena mínima prevista en el Código Penal para el delito de falsedad de documento mercantil, al apreciar dilaciones indebidas en el procedimiento, iniciado en 2019 y juzgado en 2026, según refleja el fallo fechado el pasado 3 de febrero, al que tuvo acceso El Confidencial. El fallo no es firme y es recurrible ante la Audiencia Provincial de Valencia. Este periódico se ha puesto en contacto con Román para conocer si tiene previsto recurrir ante la instancia superior, sin respuesta.

Uno de los testimonios clave en el juicio fue el del vendedor del concesionario, que confirmó que trató exclusivamente con la acusada durante toda la operación. Según declaró, la compra inicialmente parecía personal, pero cambió cuando se decidió que el vehículo se adquiriera a nombre de la comunidad de bienes, lo que obligaba a la firma de ambos comuneros.

El comercial explicó que Román le indicó que su hermano no podía acudir a firmar porque estaba "muy enfermo de cáncer" y solicitó llevarse el contrato para que él lo firmara posteriormente. El vendedor aseguró que nunca tuvo contacto con el hermano y que la operación siguió adelante cuando se devolvió la documentación firmada.

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El informe pericial del Departamento de Grafística de la Guardia Civil fue determinante también en la deliberación del fallo judicial, recurrible ante la Audiencia Provincial de Valencia. Los agentes concluyeron que debía descartarse al hermano como autor de las firmas y atribuyeron su ejecución a la acusada, que firmó tanto en su propio nombre como en el de su hermano en el contrato y los documentos asociados.

El magistrado considera que esta actuación simuló la intervención del hermano en el contrato y convirtió el documento en “inauténtico y mendaz, ya que no se corresponde con la realidad”.

El hermano de la exconcejal declaró que constituyeron la comunidad de bienes al 50%, pero negó haber autorizado la compra del coche a nombre de la sociedad o haber firmado ningún documento. Relató que descubrió la existencia del préstamo cuando intentaron liquidar la empresa y su asesora les advirtió de una deuda asociada a un Mercedes. Fue entonces cuando solicitó el contrato a la financiera y comprobó que su firma había sido falsificada, tras lo cual presentó denuncia. Afirmó que el vehículo era para uso personal de su hermana y que el préstamo afectó a su situación crediticia y a la relación familiar.

El juez descarta la comisión de un delito contra el patrimonio porque es un conflicto entre familiares de primer grado

No obstante, el juez ha descartado la existencia de un delito contra el patrimonio, al tratarse de un conflicto entre familiares de primer grado. Carmen Román ha cubierto finalmente de su bolsillo la deuda pendiente del coche.

Durante la celebración del juicio, la asesora fiscal de la comunidad de bienes declaró que la exconcejal reconoció haber firmado los documentos de financiación del vehículo a nombre de la sociedad. Añadió que la acusada llegó a ofrecer subrogarse en la deuda para liberar a su hermano, aunque no se formalizó. Otra trabajadora de la empresa señaló que la acusada quería inicialmente comprar el coche a título personal, pero que finalmente se hizo a nombre de la comunidad.

Por su parte, Román negó haber falsificado la firma de su hermano. Sostuvo que no necesitaba su autorización porque la comunidad tenía un sistema de administración solidaria y afirmó que no intentó imitar su rúbrica ni sabía cómo era.

También explicó que el vehículo era para su uso personal, que tenía capacidad económica para pagarlo y que ofreció asumir la deuda para resolver el conflicto. Su defensa solicitó la absolución, aunque el juzgado rechazó sus argumentos al considerar probado que imitó la firma de su hermano en doce documentos.

Carmen Román proviene de una familia que ha combinado la actividad política con la empresarial en la ciudad de Gandía. Su padre fue diputado provincial por Alianza Popular entre 1983 y 1987 y su tío, Juan Román, llegó a ser alcalde de la ciudad tras las primeras elecciones municipales de la democracia en 1979. Su abuelo fue el primer agente de aduanas del puerto de gandiense, una labor a la que dio continuidad el padre de la investigada hasta su jubilación.

Fue con la retirada de este cuando Carmen Román obtuvo el título de agente de aduanas que otorga la Dirección General de Aduanas. La batalla familiar y el procesamiento de la edil popular han puesto patas arriba la vida interna de un clan que lleva más de 130 años vinculado al puerto de Gandía y que juega un papel clave en el negocio de la exportación, vinculada especialmente a los productos agrícolas en este enclave portuario.