Alicante cruzará la lista de funcionarios y adjudicatarios de las viviendas públicas

El Ayuntamiento de Alicante cruzará los datos de los adjudicatarios de las viviendas públicas investigadas por posibles irregularidades en la adjudicación con la plantilla actual de funcionarios para conocer si hay algún empleado municipal más relacionado con el reparto de los inmuebles.

Así lo ha anunciado este martes al término de la junta de gobierno local el vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar, del PP, quien ha señalado que no se trata de una "caza de brujas" sino de aclarar si hay más funcionarios adjudicatarios "y si ha tenido relación con el procedimiento".

También ha explicado que el alcalde, el popular Luis Barcala, ha convocado para el próximo jueves un pleno extraordinario y monográfico sobre este caso que ya se ha saldado con la dimisión de la concejal de Urbanismo, Rocío Gómez, del PP, tras conocerse que era una de las adjudicatarias, y también de la directora general municipal de Organización Interna, María Pérez-Hickman, cuyos dos hijos y un sobrino han adquirido una de estas viviendas sociales.

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En el pleno del jueves, el alcalde "dará todas las explicaciones oportunas", según Villar, quien ha expresado la "indignación por los hechos conocidos por la adjudicación de las viviendas" y ha asegurado que "el equipo de gobierno (del PP) ha actuado con total contundencia" ante el primer indicio de irregularidad y que "no temblará el pulso" para depurar responsabilidades.

El PP: El Ayuntamiento no tiene competencias

Villar ha repetido en la comparecencia ante los periodistas que el Ayuntamiento de Alicante no tiene competencias ni conocimiento de la adjudicación de la vivienda pública epicentro del escándalo, ya que su papel se limita "a vender el suelo a un precio tasado". Es la cooperativa la que, ha argumentado el vicealcalde, elige a los cooperativistas "y no hay norma que establezca un control municipal", de manera que "el ayuntamiento no adjudica ninguna vivienda", ha recalcado, y "se limita exclusivamente a licitar la venta de suelo y a otorgar la licencia de obra".

Tras informar de que Rocío Gómez ha formalizado la renuncia a concejal de Urbanismo este lunes y que le sustituirá Luis Morata, ha señalado que el proceso de adjudicación ha seguido una normativa del año 2009, "que no fue modificada por los gobiernos, incluidos los del Botànic". Como avanzó el alcalde el pasado viernes, el ayuntamiento ha presentado este martes una denuncia en la fiscalía para que este órgano judicial "compruebe la actuación de los posibles implicados y ratifique si la finalidad de la venta de ese suelo público ha llevado a que las personas adjudicatarias cumplen con los fines" inicialmente previstos.

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Sobre la posible vinculación del funcionario de la Conselleria de Vivienda implicado en la adjudicación y una funcionaria municipal, ha dicho que se está a la espera de verificar este hecho para "iniciar a la mayor brevedad un expediente sancionador que lleve la suspensión de empleo y suelo, de forma cautelar".

"Levantar las alfombras'" del "pelotazo", según la oposición

Desde el PSPV-PSOE, la portavoz, Ana Barceló, ha calificado de "fraude" y "pelotazo" lo ocurrido y ha advertido de que se atenta "de lleno contra la vivienda de protección y la confianza que tiene el ciudadano en la administración".

Por Compromís, Rafa Mas ha instado al alcalde del PP a que envíe a la policía local o a la Nacional a las viviendas para aclarar "si allí está viviendo la gente que ha sido adjudicataria" o si están siendo alquiladas por entre 1.000 y 1.300 euros al mes o, incluso, vendidas en parte con dinero "en B" como, ha dicho, se refleja en anuncios en portales especializados en venta de inmuebles.

La portavoz de Vox, Carmen Robledillo, cuyo grupo apoya puntualmente a un PP que gobierna en minoría, ha sido también muy crítica al afirmar que son "viviendas de lujo que ya tenían nombres y apellidos de una concejal y de funcionarios de la concejalía de Urbanismo".