El Puerto de Valencia desafía a Transparencia y recurre la orden de publicar un informe crítico de la Intervención

La Autoridad Portuaria de Valencia se enroca. La empresa estatal ha presentado ante la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional un recurso contra la orden del Consejo de Transparencia de entregar una auditoría de cumplimiento y operativa sobre personal elaborada por la Intervención Regional de Valencia de la Intervención General del Estado (IGAE) sobre los ejercicios de 2023 y 2024. El contenido del informe no se ha hecho público, pero su elaboración coincidió con la apertura de varios procedimientos judiciales por posibles irregularidades en los procesos de selección de directivos por parte de la entidad que preside Mar Chao.

La presidenta del puerto niega que contenga "ninguna cuestión de daño al patrimonio o perjuicio económico" y que solamente incluye "recomendaciones de gestión". Pero el secretismo sobre el documento ha generado suspicacias en el entorno portuario, que sospecha que las conclusiones de la Intervención revelan fallas importantes en el modelo de gobernanza implantado por Chao desde su llegada al cargo en septiembre de 2023.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) es un órgano independiente encargado de velar por el cumplimiento de las obligaciones de derecho de acceso a la información pública. El pasado mes de diciembre resolvió una reclamación de un particular no identificado que había solicitado al Ministerio de Hacienda una copia del informe de la IGAE. El departamento que dirige María Jesús Montero derivó la solicitud al Ministerio de Transportes, que a su vez señaló a la Autoridad Portuaria de Valencia como la responsable de entregar ese documento. La respuesta fue una negativa que terminó en el CTBG. El Confidencial también ha solicitado el informe de la IGAE a la Autoridad Portuaria. Sin éxito.

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En su resolución, Transparencia concluye que el documento de la IGAE está en el "ámbito material del derecho de acceso a la información pública". "El objeto del informe, relativo, entre otras cuestiones, a la gestión de las bajas incentivadas y del pago a directivos, evidencia el interés público de lo solicitado", señala el escrito firmado por José Luis Rodríguez Álvarez, presidente del CTBG. "No puede obviarse que idéntica información ha sido proporcionada por otras Autoridades Portuarias", añade.

Y abunda: "El informe de la IGAE analiza datos y situaciones referentes a la gestión de recursos humanos de la AP Valencia, que pueden ser, también, examinados en sede jurisdiccional, y en concreto, en el orden social". Esta afirmación entronca con la posibilidad de que el documento sirva además de prueba en las causas abiertas en materia de recursos humanos.

Lejos de atender la orden del Consejo de Transparencia, fuentes de la APV informaron de que la decisión ha sido agotar el trámite judicial y recurrir la resolución ante la Audiencia Nacional, dentro del plazo de dos meses que permite la ley.

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Los procedimientos de contratación de personal bajo pesquisa judicial no son los únicos frentes de investigaciones que tiene abiertos la APV. El Tribunal de Cuentas también indaga un posible quebranto y responsabilidad patrimonial por cobro irregular de dietas.

A Chao se la considera en el entorno portuario una gestora protegida de algunos de los conglomerados empresariales con mayores intereses en el enclave marítimo, especialmente el grupo Boluda, que tiene el contrato de remolcadores, y el gigante MSC, que opera una de las terminales y se ha adjudicado la ampliación norte. Las dos compañías comparten, además, cruces societarios, pues la división de remolques de Boluda está participada por el propio gigante italo-suizo de la familia Aponte.

Fuentes empresariales apuntan a Vicente Boluda y a Lorente como las personas que pusieron el nombre de Chao sobre la mesa cuando Carlos Mazón llegó a la presidencia de la Generalitat en 2023. Al jefe del Consell le corresponde designar al presidente o presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia y Mazón optó por relevar a Joan Calabuig, elegido por Ximo Puig, y situar a Chao.

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La dimisión de Mazón y la llegada de Juanfran Pérez Llorca al Palau de la plaza de Manises, sumado al runrún del malestar interno de parte de una parte de la comunidad portuaria con Chao, han abierto las especulaciones sobre un posible relevo, pero la actual presidenta sigue teniendo el favor de los patronos que la promocionaron y también de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Lorente ha llegado a manifestar que la actual presidenta es "la que hace trabajar a la gente", una afirmación que no cayó nada bien entre la plantilla de la APV, según fuentes sindicales. UGT ha denunciado un "clima laboral irrespirable" en la empresa estatal y una "gestión autoritaria".

Fuga de directivos

Lo cierto es que la máxima responsable de la compañía portuaria estatal no ha sido capaz de consolidar algunos puestos clave en su equipo de subordinados. El pasado mes de noviembre, presentó su dimisión como director general Enrique Belda, un alto funcionario a quien la propia Chao había fichado menos de dos años antes procedente del Ministerio del Interior, donde ejercía de subdirector general de Seguridad.

No ha sido el único en marcharse. Otros cargos que han buscado destinos alternativos o han pegado el portazo han sido el subdirector de Explotación y Organización del recinto portuario, Rubén Marín, que se fue para dirigir el Puerto de Vigo; la jefa de la Oficina Técnica y Planificación de la Autoridad Portuaria, Carmen García Vilar, en excedencia; la jefa de Económico Financiero, María Jesús Calvo; o el jefe de Multimodal, Jaime Escobar, según publicó Valencia Plaza.

Pérez Llorca no ha movido ficha todavía, aunque en los aledaños del Palau se señala que un giro en la presidencia del puerto no está entre las prioridades. La Generalitat sí tiene que tomar decisiones en marzo sobre sus representantes en el consejo. Además de Chao, se sientan en el órgano de administración el expresidente de la patronal autonómica CEV, Salvador Navarro; el vicepresidente de la Generalitat, José Díez; y la directora general de Internacionalización, Ester Olivas.

Se ha especulado estos días sobre la posibilidad de que el nuevo presidente de la CEV, Vicente Lafuente, quiera ocupar un sillón en ese consejo. Sin embargo, el puesto de las organizaciones empresariales no lo ocupa su antecesor, que está por la Generalitat, sino Boluda, al que Navarro cedió la plaza en su día para darle entrada. MSC también tiene un hombre de su confianza en el consejo de la empresa estatal, de la que es concesionario, a través de la figura de Ignacio Ballester, director general de la naviera de los Aponte en Valencia. Ballester ocupa el cargo de consejo en representación de los sectores relevantes en el ámbito portuario, como vicepresidente de la Asociación Naviera Valenciana.