El PSOE arriesga el 'cinturón del óxido' valenciano por la denuncia de acoso contra el alcalde
Los socialistas preparan una gestora en Almussafes. El PSPV habla de posibles faltas muy graves, mientras Toni González niega las acusaciones y apunta a una operación orgánica para apartarlo del poder
Son poco más de 9.000 habitantes y mucho simbolismo. Hasta el pasado 12 de diciembre, cuando trascendió la existencia de dos denuncias en el canal interno del PSOE por acoso sexual y laboral contra el alcalde Toni González, para el imaginario colectivo Almussafes era sinónimo de industria. Si hay un municipio que pueda equipararse en España en términos icónicos al 'Rust Belt' americano, el cinturón del óxido del sector del automóvil del Medio Oeste de Estados Unidos, es esta pequeña población de la comarca valenciana de la Ribera Baixa. Aquí tienen su sede desde finales de los años setenta del siglo pasado la factoría española de Ford, ahora en decadencia y con los peores datos históricos de producción, y una parte importante de su parque de proveedores, instalados en el Polígono Juan Carlos I, en el mismo término municipal.
Históricamente gobernado por la izquierda, a excepción de un bienio del Partido Popular entre 2007 y 2009, Almussafes es desde hace tres legislaturas un feudo socialista y también la segunda agrupación del PSPV-PSOE con más militantes (345) de la provincia de Valencia, solo superada por la capital autonómica. Con un presupuesto de más de 19 millones de euros, sin prácticamente deuda y con una inyección anual de unos cuatro millones de euros en ingresos procedentes del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), es una población que presume de buena gestión y sensibilidad social.
Desde el pasado 13 de diciembre, sin embargo, su alcalde, que ganó los comicios de 2023 con el 55% de los votos emitidos, ya no es militante socialista. Renunció a su afiliación y sus cargos orgánicos antes de ser suspendido provisionalmente de militancia por el partido después de que trascendiese la existencia de la denuncia de una trabajadora de la empresa municipal EMSPA, encargada de la gestión de los servicios públicos locales. González lidera desde el grupo de no adscritos un equipo de Gobierno con ocho concejales, incluido él, de los que siete siguen formando parte del PSOE.
El CADE tiene pendiente escuchar la versión del alcalde. El PSPV habla de falta "muy grave"
La dirección socialista, sin embargo, se mueve con tiento. Prepara una gestora para dirigir la organización local y duda sobre qué hacer con los concejales que siguen fieles a González, que desoyó la petición de la lideresa de la federación valenciana, la ministra de Ciencia, Diana Morant, para que dejara también el cargo institucional. El apoyo de los concejales pone en un brete a Morant. Si actúa contra ellos, los socialistas corren el riesgo de quedarse sin representación en el simbólico municipio industrial.
El comité encargado de tramitar estas denuncias, conocido internamente como CADE, tiene pendiente escuchar la versión del alcalde, algo que podría ocurrir antes de fin de año.
Poco ha trascendido del contenido de la denuncia por acoso. Ni el contenido, ni la identidad de la denunciante, que el PSPV ha advertido por carta a sus cuadros y militantes que no debe trascender para protegerla. Las Provincias publicó el pasado 15 de diciembre un mensaje supuestamente enviado por González a la denunciante en el que le dice que si fuera más "cariñosa" le iría "mejor en el trabajo". En esa información, la propia denunciante sostenía, sin desvelar su nombre, que cuenta con más mensajes del alcalde que avalan su relato y que trasladó los hechos "en septiembre" a través del buzón de denuncias del PSOE, identificándose con nombres y apellidos.
La federación valenciana reclamó la suspensión de militancia de González el pasado 12 de diciembre
El alcalde sostiene que la denuncia es "infundada", niega el acoso sexual y asegura que el origen del conflicto está en la negativa de la empresa municipal a mejorar las condiciones laborales de la denunciante, a su vez militante socialista. Según fuentes cercanas al primer edil de Almussafes, la trabajadora ha interpuesto también denuncias en la Inspección de Trabajo, sin éxito por ahora, y en la Agencia Valenciana Antifraude, que ha reclamado documentación sobre nóminas de trabajadores de la empresa municipal al ayuntamiento.
El secretario de organización de la federación valenciana, Vicent Mascarell, solicitó formalmente la suspensión cautelar de militancia del alcalde de Almussafes y la apertura de un expediente disciplinario el pasado 12 de diciembre.
La dirección de los socialistas valencianos justificó su petición de suspensión en un informe de la Comisión de Ética que señalaba la "posible existencia de una conducta contraria a los principios y valores socialistas e incompatibles con el Código Ético y de Conducta" y "la existencia de actuaciones de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana en relación con actuaciones presuntamente irregulares en el ayuntamiento de Almussafes".
El informe de la Comisión de Ética, del que se desprende que ha hablado con la denunciante, concluía que los "hechos atribuidos" a Toni González, "de probarse ciertos, podrían ser constitutivos de la comisión de las faltas calificadas como muy graves por el artículo 86 de los Estatutos Federales", según recoge una resolución de la ejecutiva federal del PSOE a la que tuvo acceso El Confidencial. En ella se hace referencia a que el 13 de diciembre González había comunicado su renuncia a la militancia y los cargos orgánicos.
El contexto orgánico
González sostiene que hay razones orgánicas detrás de la denuncia. Es algo que la dirección del PSPV niega con rotundidad. Pero el contexto interno está presente en el ambiente, como un elefante en una habitación de dos por dos. El alcalde cuenta con un respaldo cerrado de casi todo el grupo municipal y, también, de la agrupación local. La misma agrupación que prestó sus votos al alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, en el pulso por la secretaría provincial del PSPV de Valencia que Morant echó a su rival interno con el alcalde de Riba-roja, Robert Raga, como aspirante.
Bielsa ganó por los pelos, con denuncias de posibles irregularidades por parte del equipo de Raga a las que finalmente se dio carpetazo. Se prefirió no sangrar más la herida interna. Sea como sea, Bielsa no hubiera podido conservar el liderazgo provincial sin los votos que Toni González, antiguo apoyo orgánico del exsecretario de Organización ahora en prisión preventiva, José Luis Ábalos, puso encima de la mesa a su favor. Si hay algo que nadie duda en el PSPV, es que el alcalde de Almussafes controla bien su agrupación, donde conviven militantes que son a su vez trabajadores del Ayuntamiento y, también, afiliados de UGT en la factoría de Ford. El sindicato cercano al PSOE tiene una mayoría aplastante en el comité de empresa.
El futuro, tanto de la alcaldía como del control de la agrupación, está en el aire. Bielsa ha enviado una propuesta de gestora que incluye a la secretaria comarcal de la Ribera Baixa, Manoli Egea, una dirigente socialista que ha defendido a Toni González en sus cuentas sociales. "La víctima eres tú", ha llegado a escribir. Ferraz, que tiene la potestad para ello, baraja modificar esa composición. "Lo de Bielsa es una provocación", señalan desde los afines a Morant.
Fuentes cercanas al alcalde señalan que espera explicar su versión al CADE. Y sobre los posibles cantos de sirena de presentarse como independiente en 2027, advierte de que "esa opción no está descartada". Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent, presidente de la Diputación de Valencia hasta que estalló el caso Alqueria en 2018 y fue forzado a dimitir, se puso en contacto con González. Tienen un café pendiente, aunque por ahora Ens Uneix niega negociaciones. Rodríguez lidera ahora un partido que da apoyo al PP de Vicente Mompó en la corporación provincial y está tejiendo una red de independientes en diferentes poblaciones para dar la batalla en las municipales. El 'cinturón del óxido' valenciano está ahora en el punto de mira.
Son poco más de 9.000 habitantes y mucho simbolismo. Hasta el pasado 12 de diciembre, cuando trascendió la existencia de dos denuncias en el canal interno del PSOE por acoso sexual y laboral contra el alcalde Toni González, para el imaginario colectivo Almussafes era sinónimo de industria. Si hay un municipio que pueda equipararse en España en términos icónicos al 'Rust Belt' americano, el cinturón del óxido del sector del automóvil del Medio Oeste de Estados Unidos, es esta pequeña población de la comarca valenciana de la Ribera Baixa. Aquí tienen su sede desde finales de los años setenta del siglo pasado la factoría española de Ford, ahora en decadencia y con los peores datos históricos de producción, y una parte importante de su parque de proveedores, instalados en el Polígono Juan Carlos I, en el mismo término municipal.