La jueza cuestiona el relato de Mazón sobre las llamadas de Pradas y pide los vídeos del Congreso y las Cortes

La jueza que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia ha puesto en duda parte del relato ofrecido por el presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, sobre las comunicaciones que mantuvo o no llegó a mantener pese a los intentos de ella con la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, en las horas más críticas del episodio meteorológico que provocó 229 muertos.

En un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, la magistrada sostiene que existen "aseveraciones que no se corresponden con el contenido de la instrucción", en relación con la comparecencia que Mazón realizó este lunes ante la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. La jueza subraya que no es lo mismo una llamada "perdida" que una llamada "cancelada" y recuerda que Pradas aportó acta notarial que documenta tres intentos de comunicación con el barón popular a las 16:29, 19:10 y 19:36 horas, todos ellos cancelados.

La llamada de las 19:10 horas se ha convertido en un punto clave de la instrucción, porque Pradas trató de comunicarse con él, según han asegurado desde su entorno, para informarle del envío de la alerta Es-Alert a la población de la provincia de Valencia.

Durante su intervención pública, Mazón declaró que no la atendió porque llevaba el teléfono "en la mochila". El escrito judicial, sin embargo, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra apunta a que esa explicación no encaja plenamente con la información incorporada a la causa a través del acta notarial de Pradas, en la que esa llamada aparece como "cancelada". Sin embargo, esto no necesariamente significa que Mazón la rechazase. Salomé Pradas podría también haber desistido en la llamada al no obtener respuesta y quedar reflejada como cancelada, en el caso de usar un terminal iPhone. Estos smartphones recogen como canceladas las llamadas que el emisor cuelga cuando no obtiene respuesta.

En el listado aportado por el president a las Cortes estos intentos de comunicación no figuran. Solo entregó la lista de llamadas realizadas. Si rechazó esa comunicación o no la atendió, puede aclararlo el propio Mazón.

Sobre la otra llamada frustrada de las 19:36 horas, que también figura como cancelada, Mazón explicó que no la atendió porque quizás estaba hablando con otras personas. Finalmente, se comunicó con su consejera a las 19:43. Mazón asegura que se enteró en ese momento de la existencia del debate sobre el ES-Alert, que no se mandó hasta las 20:11 horas.

No obstante, el mensaje se debatía en el Cecopi, según varios testimonios, desde poco después de las cinco de la tarde. Mazón, que se encontraba a esas horas comiendo con la comunicadora Maribel Vilaplana en El Ventorro, sí se comunicó con Pradas a las 17:37 horas (dos minutos), a las 18.16 (siete minutos), a las 18:25 (43 segundos) y las 18:30 horas (33 segundos). En su comparecencia en el Congreso, el presidente valenciano en funciones admitió que en una de esas llamadas, Pradas pudo informarle, no solo de las inundaciones de Utiel, sino también del temor a que colapsase la presa de Forata en la cuenca del Magro. Aguas abajo, en la comarca de la Ribera murieron once personas.

La jueza recuerda que el auto de la Audiencia Provincial que avaló estas diligencias que permiten indagar en las conversaciones entre Pradas y Mazón, pese a su condición de aforado, porque señalaba la necesidad de esclarecer el proceso de deliberación y toma de decisiones en la reunión del CECOPI la tarde del 29 de octubre. En ese marco, subraya que el president ostenta la máxima autoridad en emergencias y puede impartir instrucciones a los miembros del Consell.

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Víctor Romero. Valencia

La magistrada solicita ahora la incorporación a la causa de las grabaciones íntegras de las comparecencias tanto en el Congreso como en las Cortes Valencianas, aunque considera que la relevancia probatoria de la intervención autonómica es menor. Sus argumentos son dos. El primero, por un motivo formal: declarar ante una comisión parlamentaria implica la obligación penal de decir la verdad y, por tanto, la posibilidad de incurrir en falso testimonio. Y por una razón material: Mazón no ha declarado voluntariamente como investigado ante el juzgado, por lo que sus explicaciones parlamentarias adquieren valor como pieza de prueba sobre la toma de decisiones en el CECOPI y el envío de la alerta Es-Alert a las 20:11 horas.

La jueza también pone el foco en la afirmación en el Congreso de Mazón de que se enteró "de madrugada" de la existencia de fallecidos por la dana en Valencia, pese a que él mismo informó a las 0:35 horas en la televisión autonómica À Punt que había víctimas mortales.

El auto detalla además que a las 20:33 horas, cuando Mazón acababa de llegar al Centro de Coordinación de L’Eliana, ya se solicitó oficialmente por parte del subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, la movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para toda la provincia de Valencia, constando de forma expresa que existían personas fallecidas. Y a las 00:31 horas del 30 de octubre se activó el protocolo de múltiples víctimas, según anotación del Centro de Coordinación de Emergencias.

Por su parte, los socialistas valencianos han anunciado este martes la presentación de una querella ante la Fiscalía contra Mazón por un presunto "falso testimonio" en su declaración en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados. El PSPV-PSOE justifica su denuncia por "haber faltado a la verdad en su comparecencia". "Mazón no solo eludió las preguntas, como ya hizo en las Cortes Valencianas, sino que fue más allá, faltando a la verdad en muchas de las afirmaciones que hizo ante la comisión, lo que implica la presunta vulneración del artículo 502 apartado 3 del Código Penal", asegura la federación del PSOE que lidera la ministra de Ciencia, Diana Morant.