El Pacto Verde que Abascal quiere vetar para investir a Pérez Llorca asigna 460 millones a la Comunidad Valenciana

La negociación entre el Partido Popular y Vox para investir a Juanfran Pérez Llorca como nuevo presidente de la Generalitat Valenciana gira en torno a un asunto que puede tener consecuencias económicas de calado. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha condicionado su apoyo a que el candidato popular exprese un "rechazo contundente y explícito al Pacto Verde Europeo", el eje de las políticas comunitarias para la transición ecológica impulsado la pasada legislatura por el Ejecutivo de la Unión presidido por la conservadora Ursula von der Leyen. Abascal también quiere pronunciamientos y compromisos contra medidas que, en su opinión, puedan "favorecer la inmigración masiva". Vox acaba de presentar enmiendas a la nueva ley valenciana de renta de inclusión con la intención de endurecer los requisitos de acceso a los inmigrantes sin documentos.

Pero el posible acuerdo, que determinará el futuro del Gobierno valenciano tras la dimisión de Carlos Mazón, forzado por la presión política tras la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 229 muertos, alcanza a una política troncal de la Unión Europa de la que no es ajena la autonomía valenciana: casi la mitad de los fondos comunitarios asignados al territorio están ligados precisamente al Green Deal que Vox pretende vetar. Los populares tienen hasta el 19 de noviembre para formalizar el nombre de su aspirante ante la presidenta de las Cortes Valencianas, Llanos Massó (Vox). En plena cuenta atrás para la investidura, que debería celebrarse la semana del 25 de noviembre, la posición de Vox y la negociación introducen un elemento de incertidumbre sobre la ejecución de los recursos económicos de los que dispone la Generalitat para los próximos años.

Según los datos oficiales de la plataforma de ejecución de fondos de cohesión, la Comunidad Valenciana dispone para el periodo del programa operativo 2021-2027 de algo más de mil millones de euros procedentes de los programas Feder y Fondo Social Europeo, de los cuales más de 460 millones están vinculados a proyectos e iniciativas directamente alineados con el Pacto Verde Europeo. Sin embargo, a 13 de noviembre, superado ya ampliamente el ecuador del periodo, la Generalitat solo ha planificado el 34% de todos esos recursos europeos y no ha certificado todavía ni un euro, en línea con el retraso generalizado en la ejecución de los fondos europeos que sufren también otras autonomías.

El Pacto Verde incluye fondos destinados a prepararse para nuevas danas y catástrofes climáticas

La paradoja política de la posición de Vox es que una parte importante de esos fondos están orientados a mitigar los efectos del cambio climático y prevenir catástrofes naturales como la que destrozó parte de la provincia de Valencia, causó 229 muertos y ha derivado en un malestar social por la gestión de la emergencia que ha forzado a Mazón a dimitir como jefe del Consell.

Entre los proyectos financiables con recursos del Green Deal destaca el plan Vega Renhace, una iniciativa destinada a convertir la Vega Baja —la comarca más castigada por las inundaciones del Segura de 2019— en un territorio "resiliente al cambio climático" mediante obras hidráulicas, planes de prevención y restauración de ecosistemas.

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Otra línea de actuación contempla la actualización de las "defensas y obras de abrigo de los puertos" de la Generalitat "con la perspectiva del cambio climático", adaptándolas a los temporales extremos y al aumento del nivel del mar en el Mediterráneo.

Además, el programa operativo valenciano incorpora medidas para reforzar la eficiencia energética en infraestructuras públicas, como la transformación energética de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y un plan de eficiencia en los edificios judiciales o de hospitales y centros de salud, ambos orientados a reducir el consumo eléctrico y las emisiones de gases de efecto invernadero.

También se incluyen convocatorias de ayudas al autoconsumo eléctrico, a la producción de energías renovables térmicas (solar, biomasa, biogás) y al desarrollo del hidrógeno verde, pilares de la estrategia comunitaria hacia la neutralidad climática en 2050.

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El programa operativo 2021-2027 está alineado con el Plan Nacional integrado de Energía y Clima 2021-2030, la Estrategia Valenciana de Cambio Climático y Energía 2030, el Plan de ahorro y eficiencia energética, fomento de las energías renovables y el autoconsumo en los edificios, infraestructuras y equipamientos del sector público de la Generalitat y el Plan de Infraestructuras Judiciales. También se incluye el Plan Nacional de Protección Civil. Estas planificaciones advierten de los riesgos climáticos y de un aumento del 37% en las emisiones de gases de efecto invernadero en la Comunidad Valenciana respecto a 1990 —más del doble que la media española—, con el transporte y la generación eléctrica como principales focos. De ahí que fije la necesidad de captar fondos económicos comunitarios para diseñar políticas compensatorias.

De hecho, muchas de las actuaciones previstas —como la protección del litoral, la restauración de ecosistemas o las mejoras en la eficiencia energética— están directamente relacionadas con la prevención de fenómenos meteorológicos extremos como las danas que golpean periódicamente el territorio.

Los estudios de la Generalitat identifican retos específicos en materia de energía, biodiversidad, movilidad y gestión del agua. La región, donde el 20% de la superficie son hábitats naturales, sufre una grave pérdida de biodiversidad en las últimas décadas y necesita reforzar las infraestructuras ecológicas para evitar la desertificación y los incendios forestales, según la estrategia valenciana que ha servido para diseñar el programa operativo.

En el ámbito del agua, se plantea aumentar la reutilización y regeneración del recurso para reducir la presión sobre los acuíferos, especialmente en un contexto de menor disponibilidad por efecto del cambio climático, para lo que el Pacto Verde también contempla inversiones.

Impacto en la reconstrucción

La posible exclusión de la Comunidad Valenciana de las políticas asociadas al Green Deal tendría efectos no solo ambientales, sino también económicos y sociales, al poner en riesgo centenares de millones en inversiones públicas y privadas vinculadas a la descarbonización, la modernización industrial o la resiliencia climática. La mayor parte de los programas requieren de coinversión por parte de los agentes beneficiarios.

En el terreno económico, un eventual veto al Pacto Verde supondría frenar convocatorias de ayudas millonarias para empresas y particulares, tanto en eficiencia energética y energías renovables como en autoconsumo, transformación industrial o movilidad sostenible. Programas que, más allá de la etiqueta climática, representan una oportunidad de inversión, innovación y empleo para la economía valenciana y que podrían verse comprometidos por exigencias políticas ajenas a la gestión de los fondos.