De Camps a Mazón: la maldición del PP valenciano se cruza en la carrera de Feijóo a la Moncloa
Los populares levantinos acumulan dos décadas de líos internos y polémicas sobre su gestión que alimentan un mito de fatalismo pese a su fortaleza electoral y los años en el poder
Mazón y Feijóo, en un acto con militantes en junio. (Europa Press/Roberto Plaza)
"No puedo ser el más mínimo obstáculo para que la voz clara y nítida de Mariano Rajoy y del PP llegue a los 46 millones de españoles". Francisco Camps salió aquella mañana del 21 de julio de 2011 con la voz temblorosa pero firme. Habló de "sacrificio personal, político y familiar", se proclamó inocente y justificó su marcha por un motivo superior: no ser "el más mínimo obstáculo" para que Rajoy alcanzara la Moncloa. Su dimisión fue el penúltimo acto de una tragedia que venía larvada desde hacía dos años, desencadenada por la pieza de los trajes y las ramificaciones valencianas del caso Gürtel destapado en 2009 por Baltazar Garzón, entonces magistrado en la Audiencia Nacional.
La imagen era inédita: un líder autonómico aceptaba caer presionado por su partido. Federico Trillo ejerció de mensajero. Camps, que terminó absuelto de las imputaciones (no así parte de su entorno político), acababa de ganar las elecciones de mayo de aquel año por mayoría absoluta. Pero Rajoy afrontaba en apenas unos meses las generales de noviembre, con José Luis Rodríguez Zapatero hundido en las encuestas tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, la crisis económica y los recortes de gasto público forzados por Bruselas. No había brotes verdes en el horizonte. Tampoco para el PSOE.
Catorce años después, el pasado lunes 3 de noviembre de 2025, Carlos Mazón también anunció su renuncia como presidente de la Generalitat. Pero ahora la herida no era política, ni estética, ni judicial. La herida tenía nombre, fecha y duelo: 229 muertos ahogados en la barrancada del 29 de octubre de 2024 y una sociedad entera preguntándose por qué la alerta no llegó a tiempo y su presidente no estaba en su sitio. Si Camps cayó por el olor a corrupción en los pasillos del poder, Mazón lo hizo bajo el clamor de miles de ciudadanos que llevaban meses saliendo a la calle, pidiendo responsabilidades políticas ante una tragedia que ha dejado profundas cicatrices.
Una sensación de fatalidad ha impregnado el espíritu de los cuadros con más trienios
Dos dimisiones, dos épocas, dos contextos y una sensación de fatalidad que ha impregnado el espíritu de los cuadros que acumulan más trienios y tienen memoria. En la primera, la prioridad fue no incomodar el ascenso de Rajoy. En la segunda, la carrera de Alberto Núñez Feijóo hacia la Moncloa quedaba súbitamente contaminada por el destino de una Comunidad Valenciana que vuelve a irradiar turbulencias hacia los intereses de los conservadores en Madrid.
A día de hoy, el PP ni siquiera ha resuelto el nombre del sustituto interino de Mazón. Todos los ojos están puestos en el portavoz parlamentario y secretario general regional, Juanfran Pérez Llorca, cercano a Mazón. Pero no tendría por qué ser él. El pasado viernes, Pérez Llorca habló con Feijóo. La consecuencia de esa conversación, por las condiciones que cada uno puso encima de la mesa, se conocerá esta semana entrante. Y para 2027, si Vox no fuerza antes las elecciones con un bloqueo, la alcaldesa de Valencia se perfila cada vez más como favorita de líder conservador gallego, no sin pocas resistencias internas en el núcleo duro mazonista, que teme perder el estatus alcanzado.
La historia del PP valenciano es una cuerda que, al tensarse, se empeña en hacer vibrar toda la estructura del partido a nivel nacional. Un granero muy importante de votos está en juego. La cuarta autonomía del país. No es solo el poder autonómico, 30.000 millones de presupuesto y tres capitales de provincia, incluida la tercera metrópolis del país, además de numerosas ciudades medias. Son 33 escaños en el Congreso de los Diputados. Y la cuerda se tensa y se destensa desde hace más de dos décadas hasta la tragedia del pasado 29 de octubre, que ha forzado una nueva dimisión y una nueva crisis interna, alimentando el mito de la maldición de una organización que, sin embargo, lleva gobernando la Generalitat 22 de los últimos treinta años. Desde 1995, solo el paréntesis del Botànic del Ximo Puig, Compromís y Podemos, ha roto la hegemonía de la derecha en un territorio complejo, híbrido en lo político, lo cultural y lo lingüístico. No apto para quien ve la vida y la sociedad en blanco o negro; en rojo o azul.
Mazón se conectó a la reunión de los barones provinciales para promover a Mompó
La renuncia de Mazón parece haber descomprimido una tensión mediática y social con olas que golpeaban contra el malecón de Génova. Pero la salida del barón alicantino ha abierto otro escenario de incertidumbre, el de la sucesión, cuyo final no está resuelto y que augura cuchilladas internas que recuerdan otras épocas. El malogrado periodista valenciano Josep Torrent definía la vida orgánica del PPCV como un puzzle frágil entre Alicante, Castellón y Bosnia-Herzegovina (Valencia). Con la peculiaridad contemporánea de que las viejas rencillas se han ido acumulando a lo largo de los años y los cachorros de entonces son los que quieren mandar ahora en la manada.
De nuevo, distintas épocas, distintos protagonistas, similares aromas. Feijóo tiene el reto por delante de deshacer el mazonismo para ordenar la sucesión sin arriesgar el control institucional y con un elemento nuevo, la dependencia de Vox para alcanzar sus objetivos. En esa olla se cuecen las ambiciones de los Vicente Mompó, María José Catalá y los herederos de un Mazón que pretende seguir influyendo. Mazón no fue ajeno a la revuelta de los coroneles que pretende marcar el paso a Génova, favorable a Catalá, y situar a Mompó en 2027. El presidente en funciones se conectó telemáticamente al cónclave celebrado en Benidorm, hogar del alcalde Toni Pérez, presidente de la Diputación y del PP de Alicante, provincia que pretende seguir conservando poder, para lo que ha buscado la alianza con Mompó, presidente provincial de Valencia.
Pero Feijóo ya ha dejado claro que es Génova quien pone y quita candidatos. Lo pone en los estatutos de una organización de querencia vertical. Rebeliones las justas.
En el historial de marejadas orgánicas, la primera perturbación orgánica comenzó a forjarse en 2002, cuando Eduardo Zaplana dejó la Generalitat para incorporarse al Gobierno de José María Aznar como ministro de Trabajo. José Luis Olivas, su vicepresidente, ocupó la presidencia interina hasta las autonómicas de 2003. Recibió como premio de compensación —a cambio de ceder el paso— la jugosa presidencia de Bancaja y el Banco de Valencia. Camps fue el delfín elegido para unas elecciones que el PP ganó con la absoluta, pero sin tantas holguras como en 1999.
El ‘hereu’ vio pronto que Zaplana quería seguir mandando desde el Paseo de la Castellana y no tardaron en aflorar las tensiones. Arropado por figuras hoy en otras misiones políticas, como el eurodiputado Esteban González Pons o el senador Gerardo Camps, el otro Camps, Paco, no tardó en intentar cortar amarras. Se abrió una larga fractura interna entre zaplanistas y campsistas por el control del poder autonómico. Fue un combate no siempre silencioso y profundo: despachos, empresas públicas, presidencias institucionales, designación de diputados y consellers.
Feijóo ha respirado con la dimisión, pero tiene que gestionar una herencia envenenada
En 2004, el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero alcanzó la Moncloa tras los cuatro días de furia que siguieron al atentado yihadista del 11 de marzo. No había sido ETA. Con Mariano Rajoy como líder de la oposición y Zaplana fuera del Consejo de Ministros, el de Benidorm perdió toda capacidad de influencia. Camps, ya sin contrapeso, tomó definitivamente el control del PP valenciano y marginó a los cuadros afines al expresidente. Uno de ellos era Carlos Mazón. El barón popular ahora dimitido también se inició en la política de la mano de Zaplana, como director general del Instituto Valenciano de la Juventud. Llegó recomendado por su verdadera mentora, la diputada en el Congreso Macarena Montesinos, íntima del exejecutivo de Telefónica al nivel de invitada de los cruceros por el Mediterráneo investigados en el caso Erial.
Tal fue la marginación de Mazón en la etapa de Camps, que acabó en 2007 como concejal en Catral, la pequeña población del sur de Alicante, para poder aspirar a un puesto de diputado provincial en Alicante. En 2009, se apartó de la política activa y asumió la gerencia la Cámara de Comercio de Alicante.
De aquellos lodos y otros que se fueron acumulando con los años, vienen las distancias con Francisco Camps y sus afines. Con ese poder consolidado, Camps revalidó la mayoría absoluta en 2007. Parecía que nada se movía. "En Valencia, la fiesta no se acaba nunca", llegó a verbalizar Ricardo Costa: America’s Cup, Fórmula 1, visita del Papa… Son los años de vino y rosas, de los excesos a lomos de una burbuja inmobiliaria que ya casi rebasaba el pico del Everest.
Estalla la Gürtel
Hasta que estalló Gürtel en 2009. La trama salpicó al PP en Madrid y en Valencia. Y dos años después llegó la caída de Camps, empujado por presiones internas, cuando acababa de ganar de nuevo las elecciones. Alberto Fabra tomó el relevo en 2011 y unos meses después Rajoy arrasaba en las generales: 20 de noviembre de 2011.
Pero el daño estaba hecho: la fractura, la sospecha y el desgaste habían comenzado a corroer los cimientos de un régimen regional que se miraba en la espectacularidad de los perfiles blancos de Calatrava. En mayo de 2015, el PP perdió la Generalitat y arrancó la era del Botànic de Ximo Puig. Entonces brotaron las ramificaciones de los casos ocultos. Lo advirtió Marcos Benavent, un 26 de mayo de 2015: "Va a salir mierda a punta pala". La Operación Taula en el Ayuntamiento y la Diputación de Valencia, el caso Emarsa, la caída política de Rita Barberá, su solitaria muerte en 2016, la detención de Eduardo Zaplana en 2018 por el caso Erial, la sentencia de la Gürtel que consideró probada por parte de la cúpula de Camps la financiación ilegal de campañas autonómicas y generales… La Comunidad Valenciana, que durante años fue el escaparate del poder popular, se convirtió en un rosario judicial que pesaba como un lastre en la imagen nacional del partido.
En ese caldo de cultivo, otra sentencia, la del caso Bárcenas y la caja B del PP, sirvió de coartada argumental para la moción de censura de 2018 que llevó a la Moncloa a Pedro Sánchez, ahora acosado también por casos de corrupción que afectan a su entorno más cercano político y familiar.
Instalado en la oposición y con un liderazgo débil, Pablo Casado decidió en 2021 apartar a Isabel Bonig, que se había tragado legislatura y media de sapos al frente del PP valenciano, para poner al frente del proyecto a un Carlos Mazón que había llegado a coquetear con Ciudadanos. La relación con el murciano Teodoro García Egea fue clave en esa operación.
García Egea lo empujó y Casado lo bendijo. Aunque ambos acabarían saliendo por la puerta de servicio de la sede de Génova tras su confrontación cainita con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La llegada de Feijóo un 2 de abril desde Galicia a Madrid para liderar el proyecto popular no conllevó cambios en el partido en la Comunidad Valenciana. "Lo dejamos porque pensábamos que iba a perder", le confesó el gallego a un alto responsable socialista cercano a Ximo Puig, fuera la confidencia sincera o no.
Y Mazón pactó con Vox
Pero sea como fuere, Mazón logró reconquistar para el PP la Generalitat ocho años después de haberla perdido. Ganó las elecciones en mayo de 2023 y selló un pacto exprés con Vox del que Génova y Feijóo acabarían renegando y echando pestes. Donde los populares vieron una ampliación de poder territorial, Sánchez olió el mensaje fuerza perfecto para la remontada: el miedo a la ultraderecha y los viejos fantasmas de la España oscura. No pienses en un elefante, decía George Lakoff. El líder del PSOE puso las urnas el 23 de julio y logró movilizar a los votantes progresistas lo suficiente como para armar en el Congreso una investidura con las fuerzas nacionalistas y soberanistas. Lo que Vox llama el Frente Popular era un frente anti-Vox cuya fragilidad parlamentaria ha ido aflorando mes tras mes.
Mazón vendía "el gobierno de los mejores", pero la dana reventó todas las costuras
Pero eso no iba con Mazón. Su alianza con los ultraconservadores estaba engrasada y le otorgó estabilidad, incluso cuando Vox decidió salirse de los ejecutivos regionales del PP. El suyo era "el gobierno de los mejores", el que venía a liberar a los valencianos del "infierno fiscal" y la ineficacia administrativa. Muchos zaplanistas de primera hora regresaron a los despachos reciclados como mazonistas.
Hasta que llegó la dana y se vieron todas las costuras.
El 29 de octubre de 2024 la riada arrasó la provincia de Valencia. 229 personas murieron. La sociedad tardó horas en recibir el aviso del sistema ES-Alert. La pregunta se convirtió en una frase repetida en conversaciones, bares, redes, funerales: ¿Por qué no avisaron a tiempo?
La respuesta se convirtió en procesos judiciales. El 10 de marzo de 2025 la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, imputó a la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, y a su número dos por posible homicidio imprudente. Invitó a Mazón a declarar voluntariamente como investigado. Su larga comida con Maribel Vilaplana en El Ventorro ya es historia del autogobierno valenciano.
La calle se llenó. El 9 de noviembre de 2024, más 100.000 personas. El 26 de octubre de 2025, 50.000 más. La presión era ya moral, emocional, institucional. La imagen definitiva llegó el 29 de octubre de 2025, funeral de Estado por las víctimas. Familiares de los muertos increparon a Mazón ante las cámaras nacionales, televisado en directo para toda España. No era una polémica. Era un duelo público con el Rey Felipe VI de testigo presencial, y Feijóo sentado en una tercera fila como espectador en vivo.
Cinco días después, Mazón dimitió y Feijóo respiró.
Ahora tiene por delante resolver el reparto de la herencia envenenada que deja el político alicantino, con un partido que parecía unido pero que ha evidenciado fracturas y odios africanos internos: con Alicante y sus aliados en Valencia por un lado, Catalá por otro y Camps reclamando el cobro de su factura que considera pendiente. Y, de fondo, alcaldes y cuadros medios en muchos casos desconcertados por el espectáculo. Poca cosa para el gallego.
"No puedo ser el más mínimo obstáculo para que la voz clara y nítida de Mariano Rajoy y del PP llegue a los 46 millones de españoles". Francisco Camps salió aquella mañana del 21 de julio de 2011 con la voz temblorosa pero firme. Habló de "sacrificio personal, político y familiar", se proclamó inocente y justificó su marcha por un motivo superior: no ser "el más mínimo obstáculo" para que Rajoy alcanzara la Moncloa. Su dimisión fue el penúltimo acto de una tragedia que venía larvada desde hacía dos años, desencadenada por la pieza de los trajes y las ramificaciones valencianas del caso Gürtel destapado en 2009 por Baltazar Garzón, entonces magistrado en la Audiencia Nacional.