La jueza estrecha el cerco sobre la gran X de la dana: por qué llegó tan tarde el ES-Alert

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5 de diciembre de 2024. Ha pasado apenas un mes desde la trágica dana del 29 de octubre y la magistrada del juzgado número 3 de Catarroja firma el primer auto que da inicio a la causa por la gestión de la emergencia. Las primeras diligencias han pasado antes por otros juzgados, pero nadie termina de asumir la pieza. El asunto quema. Es altamente complejo y de fortísima trascendencia social. Nuria Ruiz Tobarra, una jueza de una demarcación muy afectada por la tragedia, de 52 años y formada en la Universidad de Valencia, decide coger las riendas del caso.

Está sensibilizada. El edificio que alberga su despacho está inutilizado por la inundación. Conoce de cerca a muchas personas afectadas. Independiente, aunque casada con otro magistrado cercano a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), es una profesional ajena a las componendas de los cenáculos de la aristrocracia jurídico-política de la Comunidad Valenciana. Una instructora de la periferia metropolitana de Valencia. Acaba de abrir la espita de un asunto repleto de aristas: humanas, judiciales, políticas y sociales. Está en juego dirimir las responsabilidades penales de la mayor tragedia provocada por una catástrofe natural en la historia de la Comunidad Valenciana y España. Los familiares de los 229 muertos quieren respuestas. Y la clase política, dedicada a pelear por su propia supervivencia y la guerra de relatos, no las ofrece.

Ante los déficits de responsabilidad institucional, la verdad judicial es el clavo al que se agarran los familiares de las víctimas. Solo la vía penal es la que está abierta, porque por ahora no hay casos abiertos por responsabilidad patrimonial del Estado en el Contencioso (la Asociación de Damnificados de L'Horta Sud prepara su demanda). Y la jueza está haciendo su trabajo, convencida desde las primeras diligencias, de que no se hicieron las cosas bien. Su instrucción, minuciosa, por la que han desfilado ya decenas de testigos, ha estrechado el cerco sobre un asunto que ella considera capital: por qué se mandó tan tarde el mensaje ES-Alert de aviso a la población de la provincia de Valencia. Su interpretación es que ese aviso habría salvado vidas. Habla de "muertes evitables" y de una presunta "grosera negligencia" por parte de los responsables autonómicos, competentes en la gestión el día de la tragedia.

En esa línea, ha enfocado la investigación sobre la gran incógnita de la dana del 29 de octubre. La gran X de la dana. Ahora se sabe, por varios testimonios y pruebas audiovisuales aportadas al sumario, que el envío del mensaje que llegó tarde (20:11 horas de la noche) y mal, según la interpretación de la instructora, se debatió prácticamente desde que comenzó la reunión del Cecopi, el órgano interdepartamental de gestión de la emergencia, sin que se hayan aclarado las razones del retraso en la decisión definitiva del envío a los teléfonos móviles de la población.

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La jueza cree que esa reunión ya arrancó con demasiada demora, a las 17 horas, pese a la alerta roja de Aemet de antes de las ocho de la mañana y los avisos hidrológicos del mediodía. Fueron las inundaciones de Utiel de antes de las dos de la tarde, que dejaron seis fallecidos, las que detonaron la primera reacción política de la Generalitat. Unas imágenes grabadas por una productora que trabajaba para Emergencias, y que el Ejecutivo que preside el popular Mazón ocultó en un primer momento, revelan que el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, un funcionario con años de experiencia que había trabajado también con el Consell del Botànic, ya plantea la posibilidad de avisar, recién arrancado el Cecopi, con "un mensaje a todos los móviles" de aquella zona. Algo que no se produjo en ese momento.

Suárez todavía tiene que testificar. La jueza ha preferido conocer su testimonio cuando tenga más elementos sobre la mesa. Pero a partir de esa primera referencia, las pruebas y testificales evidencian que el mensaje directo a la población se barajó durante tres horas, ampliando el radio de posibles receptores conforme van produciéndose los acontecimientos.

En otro vídeo de la misma productora se observa a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, hablar directamente del asunto después de que la Confederación Hidrográfica del Júcar decretase el nivel dos de alerta por el riesgo de desbordamiento de la presa de Forata. Eso fue a las 18:05 horas. "Vamos a proceder a una comunicación a las poblaciones o posibles poblaciones afectadas por la emergencia", dice Pradas. En algunas imágenes se la ve dubitativa y entrando y saliendo de la sala. Tampoco ocurrió en ese momento.

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Forata, que desaguaba mil metros cúbicos por segundo para evitar el colapso, no se rompió ni desbordó por coronación, pero las inundaciones del Magro/Júcar aguas abajo provocaron once muertes en la comarca de la Ribera (en Algemesí, Montserat, Turís, L'Alcudia y Guadassuar). Los tres fallecidos de Algemesí murieron dentro de sus casas, en plantas bajas. Eran José Luis (64 años), Pepe Magraner (80 años) y Silverio Navarro (72 años).

Al menos otros tres testimonios en sede judicial coinciden en señalar el debate sobre el ES-Alert. El coordinador de telecomunicaciones declaró haber visto mensajes a las 18:09 en los que ya se hablaba de mandar un SMS/ES-Alert; otros testigos relatan llamadas y validaciones técnicas entre las 18:30 y las 20:05. La jueza interpreta esos elementos como prueba de que la opción técnica —y la propia redacción del texto del aviso— estuvo en la sala y en las manos de la consellera, o de los que actuaban bajo su mando, antes del envío efectivo del mensaje a las 20:11 horas.

El último de estos testimonios lo protagonizó este martes la jefa de servicio de Emergencias, Inmaculada Piles, la siguiente por debajo de Suárez en el escalafón del departamento. Según Piles, que se conectaba de forma intermitente al Cecopi desde la sala del 112, remitió a las 18:35 un mensaje a su superior invitándole a mandar el ES-Alert después de que la responsable de Protección Civil de Delegación del Gobierno le comentase en una comunicación privada entre ellas: "Inma, en esto es necesario el ES-Alert". La respuesta de Suárez, según Piles, fue que ya lo estaban "gestionando". Todavía habrían de pasar 96 minutos, más de una hora y media, hasta que el aviso llegó a los teléfonos. Es un tramo horario clave, cuando se producen el grueso de los fallecimientos.

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La mayor parte de las muertes tienen lugar en L'Horta Sud, como consecuencia del aluvión de agua y barro del barranco del Poyo y sus afluentes más abajo, Horteta, Gallego y la Saleta. El Cecopi no llegó a debatir abiertamente sobre la crecida del Poyo, aunque la jueza considera que Emergencias contaba con elementos suficientes de información para vigilar su evolución y que, además, tenía la obligación de hacerlo. A las 18:43 llegó el último correo electrónico de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), advirtiendo de la "crecida", detectada por el único sensor del sistema de información hidrológica (SAIH) que el organismo responsable de la cuenca tenía más arriba, en Riba-roja, y que la riada se llevó por delante. La ubicación alta de ese sensor impidió detectar el torrente de los barrancos inferiores que golpearon los pueblos de L'Horta Sud antes incluso de que el SAIH registrase la subida.

El presidente de la CHJ, Miguel Polo, ha admitido que no advirtió verbalmente en la reunión del Cecopi sobre ese último correo, pero en su testifical asegura que el jefe del (SAIH), en una de las nuevas reconexiones telemáticas sobre las siete de la tarde, sí pidió que, al observar que seguía debatiéndose sobre el ES-Alert y no se había enviado, se incluyesen la zona de L'Horta Sud y la comarca de la Ribera Baja en el mensaje. Polo ha declarado que escuchó que se estaban preparando hasta dos mensajes diferentes. Es en esos momentos del minutaje cuando se producen varias exclamaciones de sorpresa ante el bloqueo en el envío. "¡Mandad el mensaje de una puta vez!", urgió el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, según él mismo confesó.

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Si Nuria Ruiz ha puesto el foco sobre Pradas, y su número dos, Emilio Argüeso, es porque considera que, como establece la legislación, eran las personas competentes en materia de protección civil. Sobre ellos descarga, por tanto, la única posible correlación jurídica entre la gestión de la emergencia y los fallecimientos. Y eso es lo que anda buscando. El nexo causal, dentro del tipo penal del homicidio por imprudencia. Las defensas, sin embargo, han pedido sin éxito el sobreseimiento y han llegado a elevar una queja al Consejo General del Poder Judicial, todavía sin resolver, por una posible injerencia del esposo de la magistrada en el procedimiento.

La Audiencia Provincial de Valencia ha validado por ahora el grueso de la instrucción. Como instancia superior ha corregido la negativa de la magistrada a tomar declaración a la periodista Maribel Vilaplana, que comió con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, en un ágape en El Ventorro que transcurrió entre las 15 horas y las 18:45 horas, según su relato. Nuria Ruiz ha invitado a Mazón a declarar de forma voluntaria como investigado. No puede obligarle a hacerlo por su condición de aforado, razón por la que había evitado hasta ahora indagar sobre el papel que el jefe de Consell pudo jugar el día de la dana como superior jerárquico de Pradas.

¿Intervino Carlos Mazón?

Pero esto ha cambiado con la puerta que ha abierto la Audiencia de Valencia, hasta el punto de que la jueza instructora, que ya ha preguntado a algunos testigos cuál era el papel del barón popular cuando se incorporó al Cecopi, incluso ha pedido el listado de llamadas que Mazón ha enviado a la comisión de investigación de la dana en las Cortes Valencianas. La causa, a la que todavía quedan meses de instrucción, ha abierto una ventana para buscar elementos que, si aparecen, llevarían a la magistrada a elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia autonómico para investigar a Mazón.

¿Intervino el barón del PP en la toma de decisiones? ¿Tuvo algo que ver en la demora del envío del mensaje masivo a la población? Para quienes conocen los mecanismos de la jerarquía política sería extraño que Pradas no hubiera consultado con su presidente una decisión como una alerta masiva a la población. Mazón ha negado en varias entrevistas haber jugado ningún papel en la toma de decisiones. Pero sus versiones han ido variando en función de la coyuntura política y judicial. Primero, su entorno aseguraba que a las cinco de la tarde estaba en el Palau, informado y atento a los acontecimientos. Luego se supo que la comida se alargó mucho más. Hasta la última versión de la despedida, en el aparcamiento de Glorieta-Paz, a unos doscientos metros de El Ventorro, de las 18:45 horas.

¿A qué hora llegó al Palau? Presidencia asegura que lo que tardó en caminar desde ese aparcamiento hasta la calle Caballeros y la Plaza de Manises, un recorrido de poco más de diez minutos. El País y eldiario.es han publicado testimonios anónimos que sostienen que vieron llegar al presidente al edificio de su despacho muy cerca de las ocho de la tarde. Lo justo para coger el coche oficial y salir para L'Eliana. La imagen de la entrada en el Centro de Coordinación de Emergencias marca las 20:28 horas.

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El paradero de este, en apariencia, despreocupado Carlos Mazón sería irrelevante si no fuera porque Pradas lo llama o trata de ponerse en contacto con él en varias ocasiones durante la reunión del Cecopi aquella tarde. El presidente no estuvo en el sitio que debía para la que estaba cayendo. Mazón, que se había marchado a El Ventorro antes de las 15 horas, conocedor de las alertas hidrológicas del Magro y el Poyo, según imágenes difundidas por RTVE, solo ha enseñado llamadas a partir de las 17:37, cuando habla con su exconsellera durante dos minutos.

Las llamadas

A partir de esa hora, el cruce entre los listados de la exconsellera y el barón popular refleja unos intentos exitosos y otros fallidos de comunicarse. Mazón, según su propio registro, tiene 37 minutos de apagón total, entre las 18:57 y las 19:34, pese a que asegura que a esa hora ya estaba o caminaba hacia su despacho sin Maribel Vilaplana. Pradas le llama a las 19:10 y a las 19:36 horas, pero no le coge el teléfono. Son horas clave, con el ES-Alert todavía sin enviar. En ese tramo, Pradas recibe a las 19:07 horas una llamada de 30 segundos del jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca, que se encontraba fuera de Valencia por un asunto personal. Tras fracasar a las 19:36 el intento de hablar con Mazón, que cancela la llamada, la investigada se comunicó durante dos minutos con otro de los hombres de confianza del president, el secretario autonómico Cayetano García.

Finalmente, la exconsellera consigue comunicarse con su superior a las 19:43 para hablar con él 48 segundos. La última llamada antes del envío de la alerta es a las 20:10 horas. 18 minutos después, Mazón llegaba a L'Eliana.