Mazón busca compensar la próxima renuncia del general Gan a las puertas del aniversario de la dana

La alusión a un probable otoño caliente es un tópico informativo de cada final de agosto y arranque del curso político en septiembre. No hay cierre del verano que no augure un retorno del ruido y las tensiones institucionales, aunque este 2025 el pico estival haya estado protagonizado también por la bronca de los reproches cruzados entre gobiernos central y autonómicos, PSOE y Partido Popular a propósito de los incendios que han asolado una parte del país.

En la Comunidad Valenciana, no obstante, se ha vivido un mes de agosto relativamente tranquilo, que arrancó con la resaca de la polémica por la denuncia de Antifraude de una posible falsificación del título universitario del excomisionado del Gobierno para la dana, el socialista José María Ángel, y su posterior intento de suicidio, y bajó en intensidad tras muchos meses de altas revoluciones tanto en lo político como en lo social, con la tragedia del 29 de octubre siempre presente en la agenda.

El último tramo del año, sin embargo, augura una nueva aceleración. Primero porque encara el primer aniversario de la mortal riada, lo que conllevará nuevas movilizaciones ciudadanas y nuevos episodios en la guerra por el relato entre la Generalitat que preside el popular Carlos Mazón y la oposición de socialistas y Compromís, con el Gobierno de Pedro Sánchez en la otra orilla de la batalla. Pero, además, Mazón tiene que afrontar también una más que probable reestructuración de su Consell, provocada por la anunciada salida del vicepresidente para la Recuperación, el teniente general retirado del Ejército de Tierra Francisco José Gan Pampols. El tercer hito del otoño será la nueva negociación con Vox para aprobar los presupuestos autonómicos de 2026 y las cesiones que el barón conservador tendrá que hacer a la derecha radical.

El general Gan ha exteriorizado en diversos foros su intención de dejar el puesto en el último trimestre de este año, una vez elaborado el Plan Endavant de Recuperación y revisado el plan de respuesta autonómica a las emergencias y catástrofes, que ha tenido que poner a consulta ciudadana en pleno mes de agosto, para rebajar el nivel de exposición de las debilidades de los protocolos en vigor.

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No es un secreto en Valencia que Pampols nunca ha estado cómodo en el puesto. Crítico con el clima político casi desde el primer día, se ha topado con el muro de la burocracia para tratar de desarrollar algunas de sus ideas, como el plan de cesión de funcionarios autonómicos a los ayuntamientos afectados de la dana para ayudarles a elaborar y tramitar los proyectos de reconstrucción de equipamientos municipales. Recibió el portazo en la solución de cesiones voluntarias de empleados públicos que puso encima de la mesa el director general de Función Pública de la Generalitat, Javier Lorente. El militar retirado también ha reprochado al Gobierno, enfrentado completamente con Mazón, que no haya querido consolidar las comisiones mixtas de trabajo, con el fin de mejorar la muy cuestionable coordinación entre administraciones públicas para responder a la crisis.

La salida del exmilitar del Consell, de confirmarse este próximo trimestre, obligará a Mazón a remover a sus consellers para compensar el impacto en términos de imagen que provocará perder al que en teoría fue su fichaje estrella para tutelar la reconstrucción, un liderazgo muy relativo que, como ha quedado en evidencia estos meses, Gan Pampols ha tenido que compartir con el titular de Medio Ambiente e Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, o el de Emergencias, Juan Carlos Valderrama. El ascenso de Martínez Mus, que cuenta con la confianza del presidente de la Generalitat, es una de las opciones con las que se especula, sin descartar la salida de responsables de otras carteras y la entrada de nuevas caras en un Ejecutivo autonómico que no destaca en su conjunto por un elevado perfil político.

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Mazón arrancará formalmente el curso el próximo 12 de septiembre en una cena organizada por su partido en Benidorm en la que estará acompañado de su principal aliado en Génova, el secretario general del PP, Miguel Tellado. Ya no está sobre la mesa un posible relevo forzado en la presidencia de la Comunidad Valenciana. Los escándalos del PSOE, el tiempo y el desplazamiento del foco a otros asuntos, como ha ocurrido con los incendios y la nueva bronca competencial, han rebajado la presión sobre Mazón y han estabilizado su posición. A ello se suma una lideresa del PSPV-PSOE, Diana Morant, que no termina de encontrar el equilibrio entre su condición de ministra y jefa de la oposición.

Feijóo y el botón rojo electoral

Pero el líder de los conservadores, el gallego Alberto Núñez Feijóo, mantiene la incógnita sobre el próximo congreso regional y la posible repetición de Mazón como candidato a la Generalitat. Es una circunstancia que condiciona los movimientos del barón popular.

En el Palau ya han deslizado que no descartarían apretar el botón rojo de adelanto electoral si Pedro Sánchez convoca generales, para, al igual que otros presidentes populares como Juanma Moreno en Andalucía o Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León, aprovechar el clima de desgaste del presidente socialista y aprovechar la movilización de las generales. La alternativa es no tocar el calendario de mayo de 2027 y una más que probable campaña en clave de plebiscito sobre el propio Mazón en unas autonómicas coincidentes con las municipales. Sin embargo, todo movimiento en Valencia requiere de la autorización de Génova, porque será Feijóo quien decida el cartel electoral, no Mazón. Habrá que ver si el gallego está dispuesto a competir en las urnas con Sánchez en una cita en la que también esté en examen la gestión del barón alicantino.

En ese contexto, sigue viva y pendiente de nuevas diligencias la causa que la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz, tiene abierta por homicidio imprudente contra la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. La magistrada no se ha movido de su tesis jurídica de que la Administración autonómica no actuó con diligencia y que, pese a los errores que pudieron haber cometido otros organismos estatales, contaba con información suficiente como para haber ejercido de forma mucho más efectiva la competencia de protección civil que tenía atribuida legalmente y haber protegido a la población de una catástrofe que provocó 228 muertos.