La quiebra de la contratista valenciana del caso Koldo hace un roto millonario al ICO
Levantina Ingeniería y Construcción solicitó el concurso voluntario a finales de 2023, ya bajo la lupa de la UCO, con 15 millones en préstamos bancarios avalados por el Instituto de Crédito Oficial
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La quiebra de una de las contratistas señalada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil por el presunto pago de sobornos a cambio de favores y adjudicaciones de obra pública a la presunta trama de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García ha llevado al Instituto de Crédito Oficial (ICO) a tener que engullir parte de sus deudas con entidades financieras. Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), la constructora vinculada al empresario José Ruz, se abocó al concurso voluntario de acreedores en noviembre 2023, cuando ya estaba bajo la lupa de los investigadores de la UCO, como consecuencia de un quebranto millonario en obras impagadas en Argelia, que obligó a provisionar pérdidas de más de 20 millones de euros, y otro de menor cuantía en Panamá, con un impacto de 2,2 millones de euros.
LIC cerró 2023 con unos números rojos de más de 39 millones de euros y un patrimonio neto negativo de 18 millones, pese a presentar una cifra de negocio de más de 60 millones de euros aquel ejercicio. Los problemas en Argelia y Panamá, según recoge la memoria de la contratista de obras públicas, derivaron en la acumulación de impagos a sus acreedores financieros, la inclusión en los registros de morosos de ASNEF o RAI y en el cierre del grifo de circulante y financiación de las entidades financieras. En el otoño de aquel ejercicio, los responsables de la empresa, de la que Ruz es accionista junto con el que era administrador único, Brígido Navarro, plantearon a los acreedores un plan de reestructuración preconcursal que no llegó a ejecutarse, lo que condujo al concurso voluntario y a la intervención de la sociedad por parte del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia, que designó un administrador concursal.
"Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, sobre todo con los proveedores financieros que tenían concedidas líneas de financiación a la empresa con aval del ICO que, según nos manifestaron, no son susceptibles de aplicar quita alguna, la empresa se vio abocado a solicitar el concurso voluntario de acreedores que fue declarado en auto en fecha 14 de junio de 2024 al encontrarse en estado de insolvencia y no poder atender las obligaciones vencidas y producirse un sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones", explica la memoria. Tres meses antes, en febrero de 2024, habían comenzado a trascender las primeras informaciones que señalaban a Levantina como una de las contratistas bajo el radar de la UCO.
Los avales a los que se refiere la propia compañía se concedieron durante la etapa de José Carlos García de Quevedo el frente de la presidencia de la institución, dentro de los marcos de cobertura financiera a empresas privadas afectadas por la pandemia del covid, primero, y el impacto inflacionario de la guerra de Ucrania, después. Entre 2020 y 2023, según recoge el registro público de ayudas de Estado, LIC renovó parte de su balance y tramitó con las entidades bancarias con las que trabajaba diversos créditos financieros avalados por el ICO en un 80% (el 20% restante del riesgo lo asumían las propias entidades financieras).
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LIC entró en concurso de acreedores con un pasivo de 42,6 millones de euros, del que 25,4 millones eran deuda financiera o bancaria. A su vez, de esta cantidad, algo más de 15 millones estaba garantizada por el ICO, según reflejan los documentos de la mercantil.
Fuentes del Instituto de Crédito consultadas por El Confidencial admiten que los bancos han ejecutado avales y la quiebra de la constructora ha tenido un impacto en sus cuentas. Explican que durante el covid y la guerra de Ucrania se avalaron casi un millón de operaciones financieras de pequeñas y medianas empresas y que, con el fin de agilizar la tramitación, se dejó en manos de los bancos la aplicación de los criterios de elegibilidad en función de sus políticas de riesgos.
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Según la misma memoria, los impagos totales reconocidos antes de cerrarse el concurso superaban los diez millones de euros. Los bancos implicados en la financiación de Levantina y que se han visto también afectados son CaixaBank (que tenía otorgado crédito por 7 millones de euros), Santander (5,5 millones), Sabadell (1,6), Abanca (3,5), Ibercaja (1,4), Deutsche Bank (2) y, ya con menores cuantías, BBVA, Caixa Popular, Bankinter, EBN, Targobank, Pinchincha, Cajamar y Eurocaja.
Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lanzan indicios sobre la presunta implicación del empresario valenciano José Ruz y la mercantil en la que participa, Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), en la red de influencias y mordidas que rodea el denominado caso Koldo, que salpica de lleno a los dos exsecretarios de Organización del PSOE.
Contratos y trámites
Las pesquisas de la UCO dibujan un entramado en el que Ruz habría utilizado sus conexiones para beneficiar a su compañía en la adjudicación de contratos públicos y agilizar trámites en diversas instancias de la administración. Los investigadores sostienen que Ruz habría explotado su cercanía con Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, para influir en la adjudicación de obras públicas. Esta relación habría servido como un "canal" para que LIC se posicionara ventajosamente en licitaciones y proyectos del Ministerio de Transportes.
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Los informes señalan la participación de Ruz en el pago de posibles contraprestaciones o mordidas a figuras clave de la trama. Estos pagos, cuya naturaleza exacta está siendo investigada, serían el contrapunto de los beneficios obtenidos por LIC en contratos con la Administración.
Un ejemplo destacado es la presunta intervención para agilizar una reclamación de una obra en Elche. En este episodio, Koldo García habría facilitado a Ruz el contacto directo de Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de ADIF, para desatascar el asunto. El propio Koldo recogía también una anotación en su teléfono móvil en la que apuntaba a la posibilidad de "empujar" en un contrato de 20 millones de euros en el Puerto de Valencia, que finalmente recayó en una UTE liderada por Lantania.
Esta última empresa ha llegado a lanzar una oferta por la unidad productiva de Levantina dentro del marco del concurso de acreedores, según recoge en sus hechos posteriores al cierre del ejercicio la memoria de gestión de LIC de 2023.
La quiebra de una de las contratistas señalada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil por el presunto pago de sobornos a cambio de favores y adjudicaciones de obra pública a la presunta trama de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García ha llevado al Instituto de Crédito Oficial (ICO) a tener que engullir parte de sus deudas con entidades financieras. Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), la constructora vinculada al empresario José Ruz, se abocó al concurso voluntario de acreedores en noviembre 2023, cuando ya estaba bajo la lupa de los investigadores de la UCO, como consecuencia de un quebranto millonario en obras impagadas en Argelia, que obligó a provisionar pérdidas de más de 20 millones de euros, y otro de menor cuantía en Panamá, con un impacto de 2,2 millones de euros.